EFEverde.- La Comisión Europea (CE) ha anunciado la apertura de una investigación en profundidad sobre las ayudas públicas concedidas a la empresa minera española Iberpotash en Cataluña, para determinar si supusieron una ventaja selectiva frente a sus competidores contraria a las normas comunitarias.
La investigación se centrar en determinar si los dos millones de euros de la garantía financiera es “muy inferior” al que exigen las normas medioambientales, la directiva sobre residuos de las industrias extractivas de la UE y la legislación nacional y autonómica
Iberpotash, que en 2014 pasó a denominarse “ICL Iberia Súia & Sallent”, es propietaria y explota varias minas de potasa en Cataluña
El Ejecutivo comunitario explicó este martes que su investigación va a centrarse en dos de las ayudas que recibió la compañía -una garantía financiera y una financiación pública de 7,9 millones de euros- de las cinco que incluía una denuncia que recibió Bruselas en 2012.
La Comisión examinará en primer lugar si la garantía financiera de dos millones de euros que las autoridades públicas exigieron a Iberpotash para cubrir el coste potencial de la rehabilitación de terrenos fue demasiado baja.
Para cumplir con las obligaciones de protección medioambiental que establecen las normas de la Unión Europea (UE) y autonómicas, la minera tiene la obligación de responder ante el posible impacto de los residuos que genera.
“La investigación de la Comisión se va a centrar ahora en determinar si el importe de la garantía financiera, fijado originalmente en dos millones de euros, es muy inferior al que exigen las normas medioambientales, en particular la directiva sobre residuos de las industrias extractivas de la UE y las normas nacionales y autonómicas pertinentes”, señala la CE.
Bruselas advierte de que “de confirmarse, la empresa habría obtenido una ventaja financiera”.
Por otro lado, la CE examinará si la financiación pública de 7,9 millones de euros para cubrir los costes del recubrimiento de una escombrera de Iberpotash y para la reducción de la contaminación, deberían haber sido cubiertos por la empresa, por ser el contaminador.
La Comisión advierte de que de ser así, se habría incurrido en una infracción del principio de “quien contamina, paga”, ya que sería una autoridad pública la que estaría cubriendo los gastos de limpieza en lugar de la empresa responsable de la contaminación.
¿Ventaja frente a los competidores?
Recalca además que “ambas medidas pueden haber concedido a Iberpotash una ventaja selectiva frente a sus competidores, que tienen que asumir estos costes, por lo que supondría ayuda estatal a tenor de la normativa sobre ayudas estatales de la UE”.
Bruselas advierte, no obstante, de que la apertura de la investigación no prejuzga el resultado de la misma y recuerda que las terceras partes interesadas tiene ahora la oportunidad de presentar observaciones sobre las dos medidas evaluadas.
En relación a las otras tres medidas denunciadas en 2012, la CE concluye que “no ofrecían ventaja selectiva alguna a Iberpotash, por lo que no suponían ayuda estatal”.
Estas medidas se refieren a una tasa por el uso del colector de salmueras, la mejora de las instalaciones de tratamiento de agua potable financiada por las autoridades y la supuesta financiación de un estudio.
Iberpotash, que en 2014 pasó a denominarse “ICL Iberia Súia & Sallent”, es propietaria y explota varias minas de potasa en Cataluña. EFEverde
