Los ambientalistas también estamos en la mira de la inteligencia del Estado

El Plan de Inteligencia del Estado ha sido configurado para controlar al pueblo y poder lograr la subordinación de la soberanía en manos de EEUU e Israel. Se trata de un texto de 170 páginas llenos de generalidades, zonas grises y ambigüedades que habilitan la vigilancia masiva de la población. Se mantuvo en secreto desde el 2024, a pesar de que contiene varios artículos de carácter inconstitucional y de naturaleza marcadamente antidemocrática. Está siendo cuestionado por Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Abogados Ambientalistas, entre otras organizaciones.

Por: Noalamina.org

LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DEL GOBIERNO DE MILEI

En una publicación de julio de 2024, Ámbito.com informaba que el gobierno de Javier Milei reformaría la Agencia Federal de Inteligencia y volvería a llamarse Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Por otro lado, el nuevo esquema del área de inteligencia se implementó mediante el Decreto 614/2024 publicado en el Boletín Oficial el 15/07/2024, ordenándose la creación de cuatro áreas con diferentes funciones:

Servicio de Inteligencia Argentino (SIA): “tendrá entre sus funciones la recopilación de información estratégica alrededor del mundo, así como también la cooperación con agencias de inteligencia aliadas para la prevención y la disuasión de amenazas a nuestro país”
Agencia de Seguridad de la Nación (ASN): “se encargará de advertir de forma temprana y generar información sobre delitos federales complejos dentro del territorio nacional, así como también de vigilar amenazas coordinadas provenientes de organizaciones criminales y terroristas”
Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC): su misión será evaluar, planificar y desarrollar soluciones “para la detección y contención de ciberataques contra la infraestructura informática crítica en el país, así como también de la capacitación del capital humano del Estado para la prevención de amenazas y fallos de seguridad”.
División de asuntos internos (DAI): estará encargada de supervisar y auditar el “manejo de los recursos de las agencias que operan bajo la órbita de la SIDE”. En esa línea, informaron que tendrá como objetivo velar “por el respeto jurídico e institucional en el ejercicio de sus facultades”.

NUEVO PLAN DE INTELIGENCIA NACIONAL

El 25 de mayo próximo pasado, en una publicación de lanación.com.ar el periodista Hugo Alconada Mon revelaba la existencia de un Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) del actual gobierno nacional. El Plan de Inteligencia Nacional fija cuáles serán los lineamientos estratégicos durante los próximos años. Algunos reafirman las prioridades de gestiones anteriores, como la prevención del terrorismo y la lucha contra el crimen organizado o velar por los intereses argentinos en el Atlántico Sur y el Sector Antártico. Pero también entreabre la puerta a tareas de espionaje interno que podría recaer sobre periodistas, economistas, académicos y todo aquel que cuestione al presidente Javier Milei o al gobierno nacional.

LA NACIÓN accedió al contenido del PIN y verificó su autenticidad con dos fuentes independientes entre sí.

El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) es un documento secreto que desarrolló la cúpula de la SIDE bajo el liderazgo Sergio Neiffert. Desgrana cuáles son los intereses estratégicos del país para, a partir de allí, trazar los objetivos generales de inteligencia y, a continuación, enumerar las eventuales acciones particulares a desarrollar para cumplirlas. Y las enumera, a lo largo de un texto de 170 páginas llenos de generalidades, zonas grises y ambigüedades.

Sergio Neiffert – Secretario de Inteligencia

¿QUÉ DICE LA LEY DE INTELIGENCIA NACIONAL?

La Ley de Inteligencia Nacional determina que la SIDE está a cargo de elaborar su PIN tras completar un análisis combinado de los problemas más acuciantes y estratégicos del país vinculados a la defensa nacional y la seguridad interior, para de ese modo fijar sus prioridades y orientar los recursos durante los siguientes años.

El PIN que entró en vigencia con el Gobierno actual fija como prioridad velar por los “recursos naturales estratégicos” de la Argentina, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo –incluido el de “raigambre anarquista”-, el escenario antártico, las Malvinas y otras islas del Atlántico Sur y las “tecnologías de frontera” como 5G y 6G, por ejemplo, pero también reafirma la decisión del presidente Milei de darle prioridad absoluta al alineamiento total con Estados Unidos e Israel, países a los que se identifica y fija como norte dentro del documento.

Tras la última reasignación presupuestaria, el presupuesto total dela SIDE para este año 2025 asciende a $80.872 millones, según los datos disponibles en el Ministerio de Economía y el Boletín Oficial. De los cuales, $13.436 millones integran el rubro de “gastos reservados”.

OTROS ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

El pasado 13 de junio, la Revista Crisis publicaba un informe al que llamaba Controlar al pueblo para entregar la patria. Y aclaraba que el PIN fue aprobado en el año 2024 pero se mantiene en secreto, a pesar de que contiene varios artículos de carácter inconstitucional y de naturaleza marcadamente antidemocrática.

Y haciendo nuevamente referencia a publicaciones de Hugo Alconada Mon, la Revista Crisis agregaba dos temas relevantes. Por un lado, a finales de octubre de 2024 varios legisladores nacionales que integran la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia fueron convocados a las oficinas de la SIDE para discutir el PIN y esa reunión “terminó mal”. Y además, en enero de 2025 el Director General de Operaciones de la casa de los espías, Diego Kravetz, firmó una directiva, también secreta, en la que ordenó “identificar y monitorear” a los “grupos sociales vulnerables” y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”.

Diego Kravetz, “señor 8” de la SIDE

LA LETRA DEL PLAN DE INTELIGENCIA NACIONAL

La Revista Crisis accedió a una copia del Plan de Inteligencia Nacional 2025 y constató la gravedad que reviste, dando a conocer los artículos que resultan contrarios a los intereses nacionales y la vigencia de la democracia.

El PIN 2025 presenta las amenazas y oportunidades del denominado “Actor Nacional”, en una estructura compuesta por 10 Lineamientos Estratégicos (LE), que coinciden con otros tantos Objetivos Generales de Inteligencia (OGI), para cada uno de los cuales se despliegan diferentes Objetivos Particulares de Inteligencia (OPI). Por su parte, cada OPI se desagrega en varias Necesidades de Inteligencia (NI).

Lineamiento Estratégico 1:“Disputa de poder en el escenario de Política Exterior” y sus tres primeras Necesidades de Inteligencia que conllevan a la subordinación de la soberanía a manos de dos potencias… EEUU e Israel. De este modo, se contradice el más básico sentido común geopolítico de Argentina.

Lineamiento Estratégico 3: “Poder integral de la Nación” y se refiere a las “amenazas y oportunidades que pudieran impactar en el progreso integral de los factores de poder, la institucionalidad republicana, la libertad, la vida y el patrimonio de sus habitantes”. La primera observación tiene que ver con el término “factores de poder” de la Nación, que se repite varias veces sin que haya especificación alguna sobre a qué actores apunta.

El primer Objetivo Particular de Inteligencia (OPI), que alude al “Orden Económico y Financiero” y se propone producir conocimiento sobre “la evolución de actores, hechos, factores y procesos con potencial impacto en la situación económica y financiera argentina”.

No es muy difícil entrever que cualquier sujeto social que luche por sus derechos dentro de los marcos habituales de la conflictividad sindical o ciudadana, podrá ser considerado una amenaza y ser objeto de espionaje.

Idéntico riesgo se observa en el OPI 3 del mismo LE, dedicado a vigilar “la evolución de actores, actividades, procesos y escenarios que pudieran afectar el desarrollo de la infraestructura estratégica nacional”.

Si avanzamos hacia el OPI 5 de dicho Lineamiento Estratégico, que ordena seguir de cerca “la evolución de actores, actividades, procesos y escenarios con potencial impacto negativo sobre el orden constitucional, el funcionamiento institucional, la gobernabilidad democrática y la plena vigencia de los derechos constitucionales”, la inteligencia estatal se vuelca decididamente al accionar político, como leemos en las NI 02, 03 y 04.

Dentro del mismo LE, la OPI 6 apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podrían ser organismos de derechos humanos e incluso las instancias jurídicas internacionales.

En la misma línea, la NI 04.01.08.11 pone en el blanco a los promotores científicos que abogan por la conservación de la biodiversidad.

Lineamiento Estratégico 5: se ocupa de los “Recursos naturales estratégicos e incidencias en la Biósfera con efectos de interés nacional” y, con esa facilidad que tiene la ultraderecha para dar vuelta cualquier lógica, incluye entre las amenazas a las organizaciones ambientalistas y los pueblos originarios.

Lineamiento Estratégico 8: está dedicado al ítem “Terrorismo” y en su Objetivo Particular de Inteligencia 2 ingresa, si se tiene en cuenta el lugar de enunciación, a una zona delirante. Se trata de un gobierno autodenominado anarco-capitalista cuyo propósito explícito consiste en destruir al estado, pero cataloga como terrorista a los “actores cuyo propósito manifiesto sea promover la ausencia de autoridad estatal como modelo de sociedad organizada”. El peligro de criminalizar a una ideología de larga tradición resulta inadmisible.

Hay otros pasajes de discutible legalidad, pero los hasta aquí expuestos son suficientes para evidenciar que estamos ante un Plan de Inteligencia Nacional que abre las puertas al atropello, en consonancia con la vocación represiva de la administración Milei. Cuando el estado se escuda en el secreto para cometer actos inconstitucionales, el periodismo debe cumplir su función primera, que consiste en informar al soberano. El pueblo tiene que saber.

REPERCUSIONES DEL PLAN DE INTELIGENCIA NACIONAL

Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso: según la periodista Irina Hauser, del diario Página 12, existe un documento elaborado por la Comisión donde se explicitan “las inconsistencias y peligros” del PIN pero que permanece oculto.

El 17 de junio, se citó al titular del organismo de inteligencia estatal, Sergio Neiffert, para que ofrezca ante la Comisión las explicaciones sobre los aspectos del Plan Inteligencia Nacional (PIN) que podrían dar lugar a que se realicen tareas de espionaje sobre periodistas, economistas y otros actores sociales y académicos que planteen críticas al gobierno de Javier Milei. Neiffert responde políticamente a Santiago Caputo, acusado por la oposición de presunta persecución digital, con información sensible que sólo se podría obtener con la dotación de la inteligencia nacional. En dicho encuentro, contrario a lo que se desprende del plan de trabajo, Neiffert afirmó que no tiene previsto usar los recursos para perseguir periodistas o referentes de la oposición. Sin embargo, dejó dudas y volverán a citarlo.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicaba:“La reforma del sistema de inteligencia que el gobierno de Milei hizo con el DNU 614 elevó al máximo el secreto de las actividades de la SIDE. Ese decreto ya tenía enormes zonas grises e imprecisiones que habilitan la vigilancia masiva de la población. Ahora, el nuevo plan de inteligencia -del que conocemos trascendidos en la prensa- parece orientado a espiar a todas las personas que opinen en contra de las políticas del gobierno. Esto ubica a opositores, organizaciones y periodistas como blancos de las tareas de la SIDE, algo prohibido directamente por la Ley de Inteligencia Nacional.”“El nuevo plan faculta al sistema de inteligencia a producir información de lo que denominamos inteligencia política, algo que es ilegal en la Argentina. El artículo 4 de la Ley de Inteligencia prohíbe expresamente el espionaje basado en ideas políticas o vinculado a cuestiones sociales o religiosas. El Estado no puede producir o acopiar información sobre las tareas que realizan esas personas o grupos y, menos que menos, vigilarlas secretamente. Está prohibido hacer informes de inteligencia para monitorear la conflictividad política y social y usarlos para garantizar la gobernabilidad de la actual gestión de gobierno.”
“Por la información que se difundió en la prensa, este plan incorpora hipótesis de conflicto diversas entre las que incluye a quienes cuestionen la política económica en la opinión pública, a las personas que en el debate político hagan críticas a los planes de gobierno en general o también a quienes organicen protestas para objetar los planes oficiales. Todos estos grupos podrían ser acusados de terroristas o de atentar contra la gobernabilidad. Estas directivas generales de inteligencia están directamente vinculadas a la retórica polarizante que el gobierno mantiene a diario con cualquier tipo de oposición política, disidencia o reclamo y que ya se concretó en la detención arbitraria de manifestantes acusados de intentar un golpe de estado o en ataques directos a la prensa.”

“La ambigüedad y falta de precisión del Plan, que habilita estos blancos de inteligencia, y la habilitación legal para que organismos estatales se inmiscuyan en ámbitos privados pone en riesgo derechos humanos protegidos por la Constitución Nacional. Y esto es posible porque las normativas y la vigilancia se pueden realizar en total y absoluto secreto. Es vital que el Congreso dimensione la gravedad que tiene esto para la democracia y controle las tareas de inteligencia. Además es central trabajar en una reforma del DNU 614, que impuso un nivel tal de secreto que cada vez se vuelve más difícil saber qué están haciendo y sobre quiénes hacen hoy vigilancia ilegal.”

“Además del Plan trascendió una orden directa, secreta, firmada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, de enero de este año, que aplica el Plan. Ordena “identificar y monitorear” a “grupos sociales vulnerables”, “actores no estatales”, “actores estatales” extranjeros que ganen influencia con la polarización política. También ordena producir informes sobre ellos y analizar el impacto de sus acciones en la “estructura política e institucional de la Nación”. Conocemos apenas citas de esa orden.”

“En la historia argentina sobran antecedentes del acopio de información, vigilancia y seguimientos respecto de activistas gremiales, sociales, de organismos de derechos humanos, periodistas y políticos, en base a sus actividades, opiniones y posturas políticas. El sistema político no puede utilizar a la SIDE como una herramienta para la intervención política.”

“Los cambios que hizo el gobierno de Milei debilitan cualquier tipo de control sobre las actividades de inteligencia. Tienen un nivel de opacidad que permiten usar el dinero de los fondos reservados para financiar grupos de propaganda oficial en redes, con la que ya buscan acallar a las voces disidentes.or eso es necesaria una reforma que contrarreste el paradigma de secreto y tener órganos de control independientes. Es urgente ahora que detengan cualquier tipo de inteligencia ilegal y que el decreto 614 sea revisado por la Comisión Bicameral de Inteligencia y que también el poder judicial investigue.”

DENUNCIA:Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden operativa que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden operativa y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.
Asociación de Abogados Ambientalistas: ponen en evidencia que el texto del PIN incluye en sus tareas el espionaje hacia las asambleas socioambientales.