Berkeley Resources presentó en 2011 un proyecto para explotar la mayor de mina de uranio de Europa que afectaría a varias localizaciones salamantinas. La oposición vecinal no ha dejado de crecer, lo que hace que el proyecto no tenga claro su fututo. El proyecto se enfrenta a una severa oposición de los vecinos y otros movimientos sociales.
Fuente: Ivan Revilla
Los datos de la web de la multinacional anuncian que el “Proyecto Salamanca” permitirá extraer unas dos mil toneladas de uranio al año durante los catorce años de vida útil estimados. Eso supone casi la mitad de todo el uranio consumido en España y el 3,2% del consumo mundial.
La Junta de Castilla y León rápidamente concedió los permisos de los que era responsable. Una evaluación de impacto ambiental (EIA) favorable, elaborada por la propia Junta, se sumó a una concesión minera para actuar en 87 cuadrículas mineras (2.517 Hectáreas).
Como señala la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas en “Análisis de situación de la minería española en el año 2014 y comienzos de 2015”, el primer gran escollo con el que se encontró el “Proyecto Salamanca” fue la empresa pública ENUSA Industrias Avanzadas, que puso en duda la viabilidad económica del proyecto. Las desavenencias terminaron en una denuncia que presenta Berkeley ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, en la que se solicita una compensación de 200 millones de euros. Como solución ENUSA cede las dos reservas estatales de uranio afectadas a cambio del 2,5% del valor de venta neto.
Los obstáculos para Berkeley crecen a la hora de sentarse a negociar con los municipios afectados que, por pequeños que sean, tienen plenas competencias para vetar la actividad minera. Desde este momento el “Proyecto Salamanca” se va reduciendo hasta centrarse en la localización denominada “Retortillo-Santidad”, en los municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes.
Los vecinos de los municipios afectados han seguido con incredulidad los movimientos de Berkeley. “Yo siempre tuve la esperanza de que fuese un movimiento especulativo, pues parece que no es la primera vez que lo hace así”, dice Mariángela, de Villares de Yeltes. De hecho, tal y como reconoce la propia multinacional, este es el único proyecto minero que tienen en todo el mundo. Cuando construyen una mina, la venden.
El Proyecto Salamanca es el único proyecto minero que Berkeley tiene en todo el mundo.
El oeste de la provincia de Salamanca está formado por suaves colinas cubiertas de dehesas de encinas centenarias. Alberga municipios minúsculos con graves problemas de despoblamiento. Según los datos de 2015 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el mayor de los municipios afectados es Villavieja de Yeltes, con 861 vecinos. Retortillo tiene 227, y Villares de Yeltes apenas 131.
Lourdes, Eva y Ana son vecinas de Boada, municipio vecino de 298 habitantes, y denuncian el abandono institucional. “Como somos poca gente no le importamos a nadie. Hasta el diputado de medio ambiente, que es vecino de la comarca, hace como si esto no fuese con él. Le hemos escrito formalmente varias veces, pero no contesta. Nos tienen totalmente abandonados.”
Varios vecinos decidieron crear en 2013 la plataforma Stop Uranio con la intención de hacerse oír y paralizar el proyecto minero. Su actividad les ha llevado a denunciar varias presuntas irregularidades en el planteamiento de la explotación, en la concesión de permisos, y en el proceder de Berkeley Resources.
José Ramón Barrueco, portavoz de Stop Uranio y concejal de Villares de Yeltes, prevé un impacto negativo en el empleo local: “Por mucho que Berkeley prometa 200 puestos de trabajo, lo cierto es que la principal actividad económica de la zona es la ganadería, y con la mina al lado va a ser difícil pasar los controles sanitarios. Hay otros 65 puestos de trabajo en el balneario de Retortillo que desaparecerán al tener la mina a poco más de un kilómetro”. El concejal también advierte de los impactos negativos que presume para el medio ambiente: “Van a excavar un cráter de más de cien metros de profundidad, y varias hectáreas de extensión. Arrancarán unas 25.000 encinas centenarias y van a destruir espacios que están protegidos por la Red Natura 2000. Ya han empezado a cortar encinas y eso que aún no disponen de todas las autorizaciones necesarias.”
Se excavará un cráter de 100 metros de profundidad y varias hectáreas, que arrancará unas 25.000 encinas centenarias.
El proyecto minero explica que el óxido de uranio se extraerá a través de grandes voladoras que pueden liberar al aire grandes cantidades de partículas radioactivas. Para evitar lo que supondría un grave riesgo para la vida de la comarca, Berkeley propone el uso de agua del río Yeltes para sedimentar el polvo producido. Esta captación, que requiere la alteración del caudal natural del río, ya ha sido autorizada por la Confederación Hidrográfica del Duero, pero aún falta la concesión del permiso para verter las aguas residuales de vuelta al río.
El riesgo que suponen los residuos de la mina, tanto para la atmósfera como para el agua, ha hecho que el gobierno de Portugal se interese por la seguridad del proyecto. La mina se sitúa a escasos 30 kilómetros de la frontera y el río Yeltes vierte sus aguas al Duero, por lo que el país vecino ya ha anunciado que se acogerá a las leyes europeas para intentar bloquear el proyecto. Portugal hace ya muchos años que renunció a la energía nuclear, al no querer asumir los riesgos que conlleva, y tienen la experiencia de otras minas de uranio en su territorio que han dejado un historial de 160 muertes y multitud de enfermedades en los habitantes de los entornos mineros de Urgeirica.
EQUO y Ecologistas en Acción han interpuesto varias alegaciones centradas en una EIA que era para un proyecto con solo residuos con radiactividad natural, mientras que Berkeley presentó una modificación posterior del proyecto en la que se preveía también la gestión de residuos radiactivos. “Es un intento de crear un cementerio nuclear y eso debe ser evaluado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Esta EIA ya no es válida, pues la ley dice que es responsabilidad de la administración que deba dar el permiso de mayor importancia. En este caso sería el Ministerio”, señala Gabriel Risco, de EQUO.
Sin embargo, lo que más dolor produce entre los opositores de la mina es la fractura social que se está produciendo en el municipio de Retortillo. Victorino García, nativo del pueblo y miembro de Stop Uranio, nos cuenta que “mi tío considera que la mina es un bien para el pueblo y como yo me opongo me ha dicho que ya no somos familia. Pero es Berkeley el culpable de haber dividido a las familias y a los amigos. Van a pasar muchos años hasta que las heridas se curen”. Por otro lado, el Juzgado de primera Instancia e Instrucción de Ciudad Rodrigo ha aceptado una querella presentada por Stop Uranio contra los regidores hasta 2015 del Ayuntamiento de Retortillo. Se les investiga por supuestas irregularidades en la gestión municipal que permitieron su lucro con la venta a Berkeley de terrenos por un precio muy superior al real y con contratos laborales a cambio de la concesión de las oportunas licencias municipales. Como respuesta, el ayuntamiento de Retortillo decidió en pleno considerar personas “non gratas” a varios miembros de Stop Uranio, lo que ha ahondado la división social del municipio.
Desde EQUO se denuncia también donaciones de unos 200.000€ “de dudosa legalidad y nula moralidad” que Berkeley ha hecho al Ayuntamiento de Retortillo a cambio de agilizar la concesión de licencias municipales. Esto se suma a las noticias publicadas en 2015 por los principales medios de comunicación estatales, cuando se descubrió que Manuel Lamela (antiguo Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid) presionó al Comisario Arias Cañete para que la Comisión Europea cambiase de parecer y viese con buenos ojos el “Proyecto Salamanca”.
