David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), demandó del Estado la prohibición total de la industria minera en el país, basado en el informe especial sobre el impacto ambiental de la explotación minera en el cantón San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Unión
“Al Ejecutivo y Ministerio de Medio Ambiente, que conocen de este problema desde el 2013, les recomiendo empujar medidas paliativas, preventivas y eficaces a favor de la población”, pidió el procurador.
El funcionario señaló que la investigación demostró “una abrumadora presencia de metales pesados en el río y el medio ambiente en general” por lo que recomendó al Estado a realizar esfuerzos integrales encaminados en facilitar el acceso al agua potable a esta población.
“Queremos que la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima transparentice el destino de las regalías de esa empresa minera; y a Commerce Group que pague parte del costo de la remediación y prevención que requiere la zona de San Sebastián. Y al órgano Legislativo, que cumpla su deber de prohibir por decreto legislativo la minería metálica en El Salvador”, manifestó.
El documento compila el trabajo de campo de un equipo investigador que a través de indagaciones científicas se logró determinar el grave impacto de la minería en este territorio.
El informe ha sido redactado con base a los aspectos más sensibles de la población con la minería en lo económico, social y recursos naturales de la zona, que actualmente, se puede considerar irreversibles para su rescate.
“El caso del río San Sebastián nos demuestra el impacto que tiene para la vida y el medio ambiente de la explotación minera; aquí se ha explotado casi todo el Siglo XX (1904) y el último grupo corporativo que estuvo realizando extracciones fue Commerce Group Corporation que lo hizo entre los años 90 al 2000”, acotó.
Como “legado nefasto” calificó el Procurador Morales la incidencia de la minería en la vida de las y los pobladores, así como lugares aledaños; que heredó una economía basada en la extracción minera artesanal que golpea la salud y genera más contaminación.
“La empresa Commerce Group –les dijo a los pobladores- que les entregaría regalías económicas a la alcaldía municipal de Santa Rosa de Lima, pero en ese proceso no ha existido rendición de cuentas o transparencia en el manejo de esos fondos para favorecer a la población”, afirmó. Sobre el documento el Titular de los Derechos Humanos reiteró que se ha demostrado que la minería no tiene ninguna viabilidad y por el impacto que tiene en las condiciones socio ambientales debe ser prohibida definitivamente.
“La práctica de la minería genera muertes, destruye la naturaleza y la población de San Sebastián en este momento, no tiene el goce de su derecho humano al agua, acceso a agua de calidad y debe pagar cifras muy altas a empresas privatizadas para comprarla, por tanto restringen también su ingesta, lo que abre la posibilidad del mal renal crónico”, explicó.
Mientras, el Consultor e Investigador, Vladimir Pachecho, consideró que la mina de San Sebastián es un caso emblemático, que representa realmente lo que ocurriría si aceptan a las grandes empresas mineras en el territorio salvadoreño.
“La contaminación que se dio es de varios tipos, la principal es el drenaje ácido de minas que es común en la minería metálica; y el hecho que haya todavía personas minando de forma artesanal, es la respuesta económica que la mina dejó… mi preocupación es que, dentro de pocas generaciones… dos creo… este problema sea más grave”, aseguró.
