«Perú, país minero», bajo este lema y con dudosas argumentaciones, consecutivos gobiernos nacionales han otorgado una serie de facilidades a las grandes empresas mineras para realizar sus operaciones en todo el país. Entre ellas tenemos los contratos de estabilidad tributaria, la no exigencia del pago de regalías –que da un rodeo a la sentencia del Tribunal Constitucional que determinó que no era un impuesto más–, el otorgamiento de concesiones mineras sin considerar la consulta previa y más recientemente, la firma del Contrato de Solidaridad con el Pueblo (con su probable extensión) haciendo vista gorda al pedido de muchos sectores sobre la urgencia de un impuesto a las sobreganancias mineras.
Fuente: Pacasmayo08.blogspot
11/12/2010. Cada departamento ha sufrido las consecuencias de estas gentilezas del Estado para con la industria minera. En Arequipa podemos resaltar dos de reciente data: en el proyecto Tía María y en la ejecución de los fondos del aporte voluntario.
Ya se ve, hasta con desconcierto para muchos, cómo los pobladores de Cocachacra (Islay) han retomado sus protestas porque no quieren que la Southern Copper Corporation ponga en marcha el proyecto cuprífero Tía María. La protesta se dio a pesar de que la minera se comprometió oficialmente a desalinizar el agua para sus operaciones y a no utilizar el agua subterránea, demanda planteada por los pobladores. Se ha dado una nueva tregua después que el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, anunciara que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) va a ser evaluado por un organismo independiente de las Naciones Unidas; sin embargo, ha quedado nuevamente en el aire la solicitud de un plebiscito.
Nada de eso hubiera pasado si el gobierno, oportunamente, hubiera informado al distrito de Cocachacra sobre esta concesión, se hubiera tomado la molestia de revisar si las actividades de la zona conciertan con la actividad minera o en principio hacer una consulta. La protesta no hubiera pasado a mayores si Southern hubiera actuado sin tanta altanería y dando la alternativa de desalinizar el agua desde el comienzo y no cuando empezaron a sentir mayor oposición por su ingreso a esta zona.
Según la norma, los fondos del aporte voluntario tienen un destino concreto y deben ejecutarse según un estudio de línea de base que determine cuáles son las necesidades de la población beneficiaria del aporte. Sin embargo, en Arequipa, la empresa con mayor aporte, Sociedad Minera Cerro Verde, destinó algo de este fondo a instituciones privadas. La Asociación Cerro Verde (administradora del fondo) dio algunas explicaciones poco convincentes sobre estos gastos. Este hallazgo ha puesto al descubierto el insuficiente (por no decir inexistente) poder del Ministerio de Energía y Minas de fiscalizar la forma en que se gastan estos fondos, la falta de sintonía con los proyectos o propuestas locales presentadas a la asociación y la discrecionalidad de la que gozan las mineras para la ejecución de estos fondos.
Con este panorama nos preguntamos: ¿las actividades de responsabilidad social de las mineras concuerdan con las políticas locales de desarrollo de los distritos, provincias o regiones donde desarrollan sus actividades?, ¿existe en algún lugar donde se llevan a cabo actividades extractivas, un enfoque compartido de desarrollo entre la empresa minera y el gobierno de esa localidad?, ¿tiene idea el gobierno de los planes de desarrollo de las localidades, antes de entregar sus tierras en concesión? Quizá pensando en las posibles respuestas algunos funcionarios del gobierno podrían enmendar las normas que rigen la actividad minera en el país.
