En estas fiestas patrias es bueno tener presente que el horizonte limeño y peruano tiene mucho que ver con lo que pasa en pueblos usualmente olvidados por los plácidos capitalinos, cuyo bienestar depende, en gran parte, de lo que se produce a varios miles de metros sobre el nivel del mar.
Por Raúl Chacón Pagán
04/08/2010. Lo que sigue a continuación es la reconstrucción de una historia de infamia y corrupción, muy poco conocida aún (desde luego que no la única), que no queda más que empezar a difundir, si queremos que el ambiente y el mañana de los peruanos no sigan teniendo un sabor y olor a relaves mineros. Una historia que tiene como protagonista a un hombre “anónimo”, con un coraje y tesón como se han visto pocos. Se trata de la larga y desconocida lucha de un comunero de Llacuabamba (distrito de Parcoy, provincia de Pataz, La Libertad) y policía en retiro, Savino Mendoza Rodríguez, contra la Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) y el Estado que le brinda un trato deferente desde los tiempos del Fujimorato.
El terrible desastre, que nos recuerda al reciente de minera Caudalosa, ocurrió entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1993, cuando se desbordaron unos 155,000 m3 de dos relaveras de MARSA, causando la desaparición de ocho comuneros de Llacuabamba, cuyos restos nunca se hallaron, y la contaminación de unas 20 hectáreas de tierras comunales y el río Musho Musho, afluente del río Llacuabamba, y la laguna Piás. Uno de los indicadores de la dimensión del hecho fue que fueron arrasados unos 20,000 eucaliptus, y toda la vegetación a 200 metros de distancia, además de seis casas del barrio Las Chillcas de la comunidad. Sin embargo, el hecho fue de inmediato desvirtuado por la minera, que adujo que el desastre ocurrió debido a la intensidad de las lluvias. Pero la comunidad recuerda que cuando la empresa empezó a operar en 1982 (después de un violento ingreso con apoyo policial) no hizo una cancha de relaves adecuadamente, pues la armó con sacos de plástico llenos de relaves. Y recién entre febrero y setiembre de 1990 MARSA construyó las canchas de relaves 3A y 3B, siendo autorizado su funcionamiento en setiembre de 1990 por la Jefatura Regional de Minería de Trujillo. En 1996, el mismo Ministerio de Energía y Minas (MEM) concluyó, de la versión de la empresa, que en el diseño del depósito de relaves no se había previsto la posibilidad de fuertes lluvias. Y los inspectores nombrados por la Dirección General de Minería recomendaron que la empresa debía construir de inmediato cunetas de desagüe en la parte alta de los conos circundantes a las canchas de relaves, con la finalidad de que los caudales generados en la época de lluvias no se depositen en las canchas y las erosionen (Informe 310-96-EM-DGM/DPDM).
A poco del desastre, la empresa se apresuró a traer a Lima al comité de damnificados de la comunidad, liderada por el presidente comunal. Como resultado, a través de transacciones extrajudiciales, se dio pronto a los 51 damnificados sumas mínimas por los daños, bajo la condición de no tomar abogados, como lo atestiguó Mendoza. Además de que la empresa manifestó siempre que entregó ese dinero “sin estar obligada a ello”.
Desde entonces, el río Llacuabamba perdió toda su flora y fauna, como sus truchas y sapos, y se convirtió en un curso de agua muerto, sin que hubiera un solo responsable multado o enjuiciado por la tragedia ambiental y humana. Tampoco hubo una reparación por daños y perjuicios ocasionados a los terrenos de la comunidad (aproximadamente unas 20 hectáreas o 200,000 m2). “Es la lucha de David contra Goliat, no encontramos un resultado que satisfaga a la comunidad. Tuvimos el apoyo del abogado Carlos Chirinos, y en 1997 balearon su carro en la puerta de su casa para asustarlo”, cuenta el comunero. Chirinos, por entonces miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), obtuvo la información oficial sobre las relaveras colapsadas después de interponerle al MEM en enero de 1994 un proceso de Habeas Data en el Poder Judicial, que ganó en junio de 1996, como se reseña en http://www.google.com.pe/(…) (Pp. 81 y 82).
Al seguir el río sin vida y no conseguirse una inspección ocular que contemple su participación, la comunidad de Llacuabamba presentó una denuncia por contaminación ambiental al Congreso de la República en abril del 2004. Pero recién en enero del 2006 el MEM sancionó a MARSA con 10 UIT (Unidades Impositivas Tributarias), unos S/. 35,000, en base a los resultados del informe del Examen Especial de diciembre del 2004, realizado en la cuenca del río Musho Musho y río Llacuabamba. Pero la empresa apeló y no pagó la multa. “Si pagan, ellos aceptan que contaminaron”, comenta Mendoza. En julio del 2006, en una de sus gestiones ante el MEM, el comunero se dio con la amarga sorpresa de que en el ente no había antecedentes de contaminación ambiental de MARSA por lo de 1993. Cabría mencionar que el director general de Minería del año del desastre, Miguel Carrizales, es funcionario de MARSA desde al menos 1998 y fue declarado persona no grata por la comunidad de Llacuabamba en el 2006 por las sospechas acerca de su persona. Ante dicho vacío, Mendoza tuvo que solicitarle al abogado Chirinos la documentación sobre el deslizamiento de la cancha de relaves y la intervención estatal consecuente, alcanzándola al MEM, que la derivó al OSINERGMIN, el cual asumió el año 2007 la función de fiscalización ambiental en minería. Con esta información, el segundo ente elevó la multa a 50 UIT en marzo del 2008 (Resolución General Nº 629-2008-1-OS/GFM), pero la minera volvió a apelar casi de inmediato, lo cual hasta el momento no resuelve el consejo directivo de OSINERGMIN, que recibió la apelación en julio del 2008.
De otro lado, en agosto del 2007 Mendoza fue a OSINERGMIN a denunciar la contaminación ambiental y solicitar una inspección a la minera, pero atender su pedido le tomó al ente más de un año. Y al realizarse la inspección en setiembre del 2008, no se le tomó en cuenta. Cuando Mendoza le reclamó por este hecho a uno de los asesores del presidente de OSINERGMIN, este lo acusó de ser problemático y le dijo que tenía controlados todos “sus” relaves. Ante ello, el comunero le mostró un acta firmada por el superintendente de MARSA, en la cual se reconocía el deslizamiento de una poza de oxidación de cobre, ocurrido en junio del 2008. Este hecho, desconocido por entonces, por el OSINERGMIN, hizo que se aceptara a Mendoza como veedor de la supervisión especial complementaria a MARSA, que se realizaría en noviembre del 2008. Los resultados de aquella aún no se publican, para preocupación del comunero por el retraso de dos años.
Por último, Mendoza acudió a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), pues esta entidad da permiso a las mineras para realizar sus vertimientos cada dos años. Y se enteró de que ese procedimiento se realiza sólo a partir de los documentos que entrega MARSA, y que nunca se inspecciona, pues no se tendría recursos para eso. Ante ello, Mendoza exigió que participe un médico en la supervisión de noviembre del 2008, lo cual se le concedió, y hasta ofreció que la comunidad pagaría los viáticos para que se realice una inspección tripartita entre DIGESA, el MEM y el Ministerio de Agricultura. “No estamos contra la inversión privada; queremos que nos respeten, que respeten nuestros ríos. Brack dijo antes de ser ministro del ambiente que las empresas contaminan porque el Estado se lo permite, y ahora que envié una carta pidiendo su intervención, nada”, declara.
Mendoza es consciente que el problema no es solo ambiental, también es social, educativo. “La minera no ha hecho un solo colegio, cuando por ley en los centros mineros de más de 2,000 trabajadores se debe construir colegios, y MARSA tiene unos 4,000 trabajadores”. Recientemente, se ha enterado de que la minera está pidiendo ahora más terrenos para sus relaves y que quizá la minera debería presentar un Estudio de Impacto Ambiental para eso. Pero la comunidad no quiere darle más terrenos a la minera mientras no se arreglen los temas ambientales pendientes, lo cual podría generar la escalada del conflicto. Hoy, día nacional, pese a que un funcionario de MARSA suele calumniarlo ante los dirigentes de su comunidad, sugiriendo que recibe dinero de la empresa, Savino Mendoza sigue incansable su lucha en defensa de los derechos ambientales de su pueblo. ¡Realmente, un hombre que vale un Perú!
