Un grupo de relacionistas comunitarios contratados por la empresa minera Chinalco Perú S.A. recibe a unos 20 pobladores de la localidad de Morococha, en la región Junín, en un inmueble elegido para un taller informativo en el que pondrán sobre la mesa lo que han proyectado como futuro para el pueblo: el megaproyecto Toromocho de explotación de cobre a tajo abierto que generará una producción de más de 800,000 toneladas de concentrados de mineral al año, según la compañía.
Fuente: Noticias Aliadas
01/06/2011. El taller es ameno y didáctico. Los enviados de la empresa despliegan todo su aparato de convencimiento: gráficos, estudios, fotografías, mediciones, cifras. Varios de ellos son, inclusive, de Morococha, y se expresan con el mismo lenguaje y códigos de los lugareños. Hablan de inversión, de empleo, de más canon minero, de viviendas y hasta de proteger el medio ambiente. Todo eso en medio de bocaditos y bebidas. El taller parece un éxito. ¿Cómo no decir sí a todo?
En otro lado del pueblo, en el local municipal, el reelecto alcalde de Morococha, Marcial Salomé Ponce, se reúne una vez más con los integrantes de la Comisión Multisectorial, integrado por representantes del municipio y las organizaciones civiles del lugar. También anuncia nuevamente que Chinalco se niega a dialogar con ellos y prefiere ignorar el Convenio Marco que presentó en 2007, en el cual incluía la realización de un referéndum para que el pueblo elija el nuevo lugar adonde sería trasladado antes del inicio de la explotación del mineral. El gobierno regional de Junín tampoco atiende los reclamos de la Comisión y el gobierno central ha preferido dejar la solución del problema en manos de la empresa que ya ha empezado la construcción del nuevo pueblo sin consultar a las autoridades locales ni a las organizaciones civiles. ¿Cómo no decir no a todo?
En medio de estas dos posiciones, viven más de 5 mil pobladores de Morococha.
Enfrentados
Ambos bandos conversan y dialogan con los morocochanos, pero por separado. No han podido ponerse de acuerdo y cada grupo acusa al otro de sabotear el diálogo y de no tener interés real en solucionar el conflicto. En medio del enfrentamiento, Chinalco eligió Carhuacoto o la ex Hacienda Pucará como el lugar del reasentamiento. La empresa asegura que la mayoría de la población eligió esta zona en los talleres informativos. Pero no hay entidad estatal o civil que certifique tal decisión, sólo está la palabra de los representantes de la empresa minera.
Al respecto, los integrantes de la Comisión Multisectorial aseguran que Carhuacoto está ubicado en tierras pantanosas y bofedales, donde la construcción de viviendas sería inviable. Rechazan, además, no ser tomados en cuenta en una decisión tan trascendental para el pueblo.
“Queremos un traslado con rostro humano. No somos ningún material para que se nos lleven como se nos quiere llevar. Nosotros somos humanos, tenemos historia, tenemos pasado, presente y queremos tener el mejor futuro para nuestros jóvenes (…). Por lo tanto, pedimos que ellos (Chinalco) inviertan ya en la educación y en la capacitación de nuestros ciudadanos para que tengamos la oportunidad de llegar a ser, no pobres como ahora, sino ricos como ellos también quieren ser (SIC). Esas son nuestras ambiciones”, manifiesta el vicepresidente de la Comisión Multisectorial, Víctor Raúl Anchieta.
En la otra orilla, se escuchan las voces de los integrantes de la Asociación de Viviendas de Morococha, conformada básicamente por inquilinos de la zona que sí están de acuerdo con trasladarse a Carhuacoto debido a que no tienen una casa propia. Ellos aseguran representar a la mayoría del pueblo, pero la Comisión Multisectorial los acusa de ser una organización fachada que sirve a los intereses de Chinalco.
Muchas voces
Al recorrer Morococha, se puede comprobar el grado de polarización que hay en las calles de este distrito minero. Por ejemplo, para Lolo Vega Travezaño, un trabajador de Chinalco, el terreno en cuestión sí puede ser habitable. “Realicé estudios de suelo de Carhuacoto, cuando trabajaba en Centromin Perú, y monitoreaba los glaciares de la zona. En ese entonces, clasificamos sus suelos como térmico; es decir, que es adaptable para el hábitat del ser humano. Sin embargo, los que hacemos trabajos para Chinalco no queremos salir a su favor ni en contra”, asegura.
Por su parte, Rosalía Apumayta, pobladora del lugar, refiere que Chinalco brinda posibilidades de desarrollo económico. “Nos está dando la oportunidad de que nuestros hijos tengan una mejor vida. La gente de acá no se da cuenta, no piensa. Antes acá no había esas oportunidades. La minera Chinalco nos capacita, nos da postas. No es que esté en contra de mi pueblo, pero toda la gente debe estar en unión y en una sola decisión”, opina
También es posible encontrar a pobladores que están en contra del proyecto cuprífero pues aseguran que la empresa no ofrece ninguna garantía que el nuevo pueblo no sea afectado por las operaciones de otras mineras como ya sucede en la actual Morococha.
Pese a que Chinalco está llevando a cabo un proyecto de gran trascendencia económica y social para esta localidad, las autoridades del gobierno central no han garantizado el respeto de los derechos de los habitantes de este pueblo ubicado a apenas cuatro horas en auto de la capital del país: Lima.
El grado de conflictividad en casos socio-ambientales es tan grande que hasta en localidades donde el apoyo a la minería es casi mayoritaria, por tradición y necesidad, como el caso de Morococha, la polarización sigue en aumento. No hay un gobierno central que actúe a tiempo como intermediario ni trabaje con las autoridades locales para prevenir acciones de violencia social. La ausencia estatal alimenta este diálogo de sordos.
