Lima, Perú – 20/04/07. Los conflictos mineros en el Perú, no solo se han incrementado, sino que han logrado despertar el debate e involucrar a un creciente número de actores comunitarios, nacionales e internacionales que desde diversas posiciones demandan soluciones. Desde sectores estatales y empresariales se sugiere actuar con diálogo, hasta donde es posible ganar, y mano dura contra quienes se “oponen” a las inversiones, y desde las comunidades y la sociedad civil se reclama mayor participación en las decisiones con respecto al desarrollo de las actividades mineras. Sin embargo, creemos que en muchos casos se actúa con impunidad, como en el caso de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas que demandan el retiro de la Minera Majaz (Monterrico Metals) de sus territorios comunales por carecer de consentimiento.
Por: Luis Vittor (ALAI)
Ayabaca, “lugar sagrado o adoratorio de los muertos”, y Huancabamba, “llanura de piedras grandes”, son provincias ubicadas en el área andina de la región Piura, al norte del Perú y en los límites con Ecuador, cuyos territorios forman el páramo, que constituye una fuente natural generadora de agua y “caracterizado por una diversidad biológica, de paisajes y cultura notable. Funcionan como un corredor biológico para muchas especies, animales y vegetales. Especies como el oso de anteojos (Tremarctos ornatos), el cóndor (Vultur gryphus), el puma (Felis concolor), entre otras, habitan en este ecosistema y son indicadores del buen estado del mismo”(1).
En general, la región es fuente de una gran diversidad ecológica, cultural y productiva basada en las actividades agrícolas; pero en tiempos mas recientes, la presencia de actividades mineras ha provocado una oposición social por los posibles impactos ambientales que afectarían la tradición agrícola en el que se sustenta la economía regional de Piura. La resistencia social a la minería en Tambogrande, sin dudas, advirtió la contradicción regional entre agro y minería, que hoy se ha extendido a estas provincias fronterizas.
El caso Tambogrande ha dejado lecciones para todos, empresas, comunidades e instituciones del Estado, en la que ni el marco legal nacional ni el dialogo contribuyeron a encontrar soluciones viables y aceptables, mientras que los agricultores ganaron con la movilización y la consulta. Estos acontecimientos se han trasladado del valle al páramo para repetirse desde que los comuneros y ronderos de las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) asumieran la defensa de sus territorios frente a la ilegal exploración minera del proyecto Río Blanco por parte de la Minera Majaz (Monterrico Metals).
Vulneración de derechos comunales e ilegal presencia minera
“Uno de los principales elementos que ha dado origen al conflicto alrededor del Proyecto Río Blanco es el de la legalidad de la presencia de la empresa minera en la zona”(2). En el expediente del proyecto Río Blanco consta las complacientes observaciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM) al procedimiento seguido por Minera Majaz para obtener y acreditar el consentimiento de las comunidades para el uso de sus tierras en las actividades de exploración. Como se menciona textualmente en comunicación de la Defensoría del Pueblo a la Viceministra de Minas, Rosario Beatriz Padilla Vidalón: “Se ha constatado que el Ministerio de Energía y Minas –a pesar de existir un mandato legal expreso- no cumplió con exigir a la empresa acreditar la existencia de una autorización de los propietarios del terreno superficial, ni verifico las formalidades legales que deben cumplir las autorizaciones (3)”.
Los impactos ambientales y la región
El proyecto Río Blanco se ubica dentro de la zona denominada ‘bosque de neblina’, que según los pobladores es una especie de 'esponja' porque captura, filtra y distribuye el agua, del que depende la costa desértica de Piura. Precisamente los posibles impactos del proyecto minero en el ambiente, en particular en el agua, y el desarrollo agrícola es un tema de preocupación de las poblaciones de la región Piura y las provincias de Jaén y San Ignacio en la región de Cajamarca.
Estás preocupaciones han sido recogidas por Perú Support Group (PSG) en el Informe “Minería y Desarrollo en Perú, con especial referencia al Proyecto Río Blanco en Piura” afirmándose que “buena parte del territorio de Piura está constituido por tierras desérticas o semi desérticas, y su agricultura depende mucho de la cantidad y calidad del agua proveniente de la sierra de la región, donde se ubica el proyecto Río Blanco” y que dicho proyecto constituiría el inicio de un “distrito minero” mas grande en la región.
En el documento Reporte Final (4) “Ampliación de la Evaluación Ambiental del Prospecto Río Blanco”, presentado por Minera Majaz al MEM, se reafirma como impactos al ambiente físico la alteración de suelos y la propensión a procesos de erosión por la remoción de tierras, ruidos por la perforación, posible alteración de la calidad del agua del río Blanco a causa de los efluentes líquidos contaminados provenientes del túnel de exploración Chelo y que se proponen tratarlas. Las aguas del río Blanco llegan al río Marañon y finalmente al Amazonas.
Teniendo conocimiento de los impactos de la minería y lo señalado por Minera Majaz en su Evaluación Ambiental no es difícil suponer que habrá impactos significativos en el ambiente, y en especial en la calidad del agua, durante la fase de construcción y explotación a tajo abierto por más de 20 años, aún cuando el informe de PSG señala que “el impacto efectivo y potencial de la mina sobre el ambiente no será tan grande como sostienen las organizaciones de la sociedad civil”. Este año, se espera que la empresa presente su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y estamos seguros que abrirá un debate sobre la viabilidad ambiental del proyecto minero, que en palabras del biólogo piurano, Fidel Torres, 'si finalmente se ejecuta ese proyecto, significaría que el Perú renuncia a su riqueza en dos planos: en la biodiversidad y en el control del agua' (5).
La movilización social y la criminalización
Las comunidades y rondas campesinas han manifestado de diversas maneras su desacuerdo con el proyecto minero de la Minera Majaz, desde misivas y comisiones para dialogar con los diversos actores de la institucionalidad estatal hasta movilizaciones masivas hacia el campamento de la empresa y las capitales provinciales de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio. Estos actos han tenido consecuencias fatales y continúan impunes, como la muerte de dos ronderos, acusaciones judiciales, amenazas y hostigamiento contra los principales líderes comunales, sus asesores y miembros de la Iglesia.
Las comunidades y rondas han denunciado la creciente militarización de la zona, que ha causado enfrentamientos entre la policía y comuneros. “Las fuerzas especiales de la Policía Nacional de Perú siguen acordonando las cercanías del campamento minero, afectando el derecho al libre tránsito de los comuneros dentro de sus territorios, su derecho a la propiedad, a su integridad física y a la tranquilidad y paz pública” (6), señala el texto de las misivas enviadas al Presidente, Alan García, a favor de los derechos a la alimentación y al agua de las comunidades afectadas por el proyecto minero Río Blanco. Precisamente entre los puntos de la agenda de diálogo era el referido al retiro del destacamento policial y la investigación de los hechos de violencia ocurridos en la zona.
La consulta vecinal y la posición del gobierno
Muchos líderes locales han perdido las esperanzas en que el diálogo con el gobierno contribuya a resolver el conflicto respetando sus derechos, pero siguiendo las prácticas de autogobierno han planteado una consulta comunal y/o distrital como el mecanismo de expresión democrática y legitima de su posición frente a la minería. En este sentido, las comunidades y gobiernos locales han llamado a convocar a una consulta vecinal, en los distritos de Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, sobre el proyecto minero Río Blanco. En esta consulta los pobladores expresarán democráticamente su decisión de otorgar o no consentimiento a la Minera Majaz para continuar con el proyecto.
Desde el gobierno han manifestado que, al igual que en el caso Tambogrande, la consulta no es vinculante a pesar que el Estado peruano ha suscrito el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas donde se establece que “los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados (…) antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras” (Art. 15).
Hasta el propio Alan García, quién despachara hace una semana desde Piura, ha expresado su respaldo político a la minería en la región durante una reunión con alcaldes de Huancabamba y Morropon al afirmar que “no hay que tenerle miedo a la minería, lo que hay que hacer es establecer las condiciones medioambientales y de coexistencia con la agricultura, que no afecte a la agricultura' y “cuando comienza a afectar ahí se frena, pero por principio nada afecta si es que se usa la tecnología'. Estas expresiones del Presidente han causado preocupación de algunas organizaciones de productores, como los cafetaleros, de la región.
En este escenario, el conflicto parece ingresar a una de las etapas decisivas durante lo que queda del año en el que se avisaron algunos momentos claves, por un lado la presentación y el proceso de aprobación del EIA del Proyecto Río Blanco y por otro la convocatoria a la consulta vecinal por parte de los opositores, donde la independencia del Ministerio de Energía y Minas estará en juego. Asimismo, podría influir en este proceso el impulso que quiere dar el gobierno aprista para convertir al Perú en el principal socio comercial de China, dado que el grupo chino Zijin Mining acaba de adquirir el 50.2% de las acciones de Monterrico Metals, propietaria del proyecto Río Blanco. Finalmente, ¿cuál será la resolución en este conflicto: la participación democrática o la imposición gubernamental? Por tanto, el conflicto minero de Río Blanco nos plantea un desafío para el ejercicio y respeto de los derechos colectivos.
Notas:
1) Proyecto Páramo Andino: http://www.infoandina.org/ppa/sitio.shtml?apc=B1o1-&s=A
2) Informe de Conflictos Mineros: Los Casos de Majaz, Las Bambas, Tintaya y La Oroya; Octubre, 2006; elaborado por Cooperación (www.cooperaccion.org.pe).
3) Oficio Nº 361-2006-DP/ASPMA, de fecha 20 de noviembre del 2006.
4) Preparado por Knight Piésold Consultores S.A. para Minera Majaz, 24 de mayo del 2006. Esta ampliación no fue aceptada por el MEM.
5) Citado por la VIMA, Vicaria del Medio Ambiente de Jaén (Cajamarca), en Minera Majaz amenaza campesinos y biodiversidad en el norte del Perú.
6) Campaña de cartas de 0618UPER de 2006 – América Latina, Foodfirst Information & Action Network (FIAN).
