Al momento de que pobladores desarmados defendían una cantera de uso de la comunidad, patoteros del gobierno dispararon sus armas a quema ropa lesionando a cuatro personas y asesinando a Oscar Venancio Martínez, y al regidor de salud. Hechos de abuso de poder como éste se verifican desde la llegada de la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver, y de que el presidente del municipio de San José del Progreso, Venancio Martínez Rivera, autorizara la instalación de la misma concediéndoles los permisos sin previo consenso de la asamblea. Piden la liberación de ocho detenidos y terminar el cerco policiaco y paramilitar que se ha tendido en las inmediaciones de la comunidad.
Por COORDINADORA DE LOS PUEBLOS UNIDOS DEL VALLE DE OCOTLAN
SAN JOSE DEL PROGRESO, OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA A 21 DE JUNIO DEL 2010.
Ante la embestida del gobierno estatal y federal, la política de odio y represión del gobernador de Oaxaca, como es su costumbre, otra vez bañó de sangre al pueblo de Oaxaca. Esta vez tocó a San José del progreso, Ocotlán Oaxaca. El día 18 de junio aproximadamente a las 18:30 hrs a la altura del rio ” El Lavadero” ubicado en la agencia de el Cuajilote, perteneciente al municipio de San José del Progreso, llegó el presidente municipal Oscar Venancio Martínez Rivera en compañía de la constructora SECCO para extraer material pétreo del lugar; una comisión de los habitantes de La agencia Municipal, se trasladó al lugar para hacerles la invitación a retirarse del mismo, y recordarles sobre el acuerdo de asamblea existente, el cual dice: que dicho material que se obtiene de los ríos o arroyos solo pueden ser para consumo de los habitantes de la comunidad, al llegar al lugar de los hechos fuimos agredidos a pedradas por los seguidores de Oscar Venancio Martínez, a lo cual lo único que teníamos para defendernos fueron nuestros cuerpos, tratamos de dialogar, cuando los guardaespaldas del ahora extinto quienes responden al nombre de Alberto Sánchez Muños, Ángel Porras y Luis Porras, dispararon sus armas a quema ropa en contra de nuestros compañeros, lesionando a 4 de nosotros y fueron las balas de sus mismos pistoleros las que le arrancaron la vida a Oscar Venancio Martínez, y al regidor de salud.
Antes estos hechos y al ver que el principal operador de San José había fallecido, los priistas que son un grupo minoritario de la religión protestante, se movilizaron, secuestrando y torturando al párroco Martin Octavio, quien se dirigía a la población por la entrada principal a oficiar una celebración eucarística; lo bajaron de la unidad de motor en que viajaba, trasladándolo con lujo de violencia al domicilio del señor Servando Arango, por otro lado, el gobierno estatal una hora después inició un operativo en la comunidad donde detuvieron a Jorge Sánchez Hernández, Marcelino Padilla Vásquez, José Guadalupe padilla, Lorenzo Vásquez López, Silvino Macrino Vásquez Sánchez, Ignacio Francisco Vásquez Sánchez, Silvino Vásquez López, todos ellos compañeros inocentes, culpándolos del asesinato del presidente municipal, al ver la represión por parte de gobierno decidimos trasladar a nuestros heridos para que recibieran atención medica y resguardarlos temiendo por su integridad física. La situación de los compañeros detenidos y del párroco es preocupante, ya que el estado, como es característico en las instancias de procuración de justicia, les están prefabricando los hechos y delitos, y no han permitido a nuestros detenidos y a los abogados el desahogo de pruebas, además que sin terminar de integrar la averiguación el día de hoy lunes 21 los van a consignar aprox. A las 14:00 hrs. Sin dejar que pasen sus 48 horas y el traslado al penal.
Los habitantes movilizados denunciamos que estos hechos no es la primera vez que se suscitan en la comunidad, debido a que desde la llegada de la Minera Cuzcatlán, filial de la Fortuna Silver, de capital canadiense, y de que Oscar Venancio Martínez Rivera autorizara la instalación de la misma sin previo consenso de la asamblea, de manera arbitraria concedió los permisos.
Situación que hemos venido denunciando desde el año pasado cuando se decidió tomar la mina La Trinidad el día 16 de Marzo del 2009, y que a solicitud del mencionado Venancio, mediante un oficio, girado al gobernador Ulises Ruiz Ortiz le solicitó desalojarnos, haciendo efectiva la petición el día 6 de mayo del 2009, donde se montó un operativo impresionante con más de 1800 efectivos policiacos, resultando 21 detenidos. Ante los atropellos vividos, los pobladores de San José, Maguey largo, el Cuajilote y otras agencias conformadas en la Coordinadora de los pueblos unidos del valle de Ocotlán, a mediados del mes de Septiembre del 2009, interpusimos una demanda de desaparición de poderes, aportando una serie de pruebas mediante las cuales estamos demostrando un sinnúmero de abusos cometidos por el hoy occiso a los pobladores inconformes con la operación de la Minera Cuzcatlan, la cual hasta la fecha ha sido ignorada por la Cámara de Diputados, a pesar de que ya se había acordando con la Asociación Civil “San José Defendiendo Nuestros derechos”, la conformación de un Consejo Municipal, contando con la presencia del ex subsecretario de gobierno Ing. Joaquín Rodríguez Palacios. En la mesa de trabajo realizada el día 4 de Enero del 2010, por acuerdo de asamblea mantenemos tomado el palacio municipal por lo cual hemos sido objeto de agresiones en diversas ocasiones por parte de los priistas de San José.
Así mismo, hemos tenidos mesas de trabajo con representantes del gobierno estatal y federal, en las cuales hemos presentado fotografías de las agresiones con armas de fuego de las que hemos sido objeto por parte de los priistas, tal es el caso del día 4 de mayo alrededor de las 10:00 am, en su intento desesperado de recuperar el palacio municipal, el extinto Oscar Venancio Martínez Rivera y sus guaruras, los priistas de San José y otras agencias, así como los sicarios contratados por la Minera Cuzcatlán sitiaron la comunidad, con la fuerza de nuestro movimiento y la decisión de nuestros compañeros repelimos la agresión.
Sin embargo, y como es costumbre de Ulises Ruiz Ortiz el gobiernos hizo oídos sordos a nuestras quejas y a cambio como justificación para reprimirnos, ha tratado de criminalizar nuestro descontento sembrando armas, a la vez, utilizado a los medios de comunicación haciéndolos creer que pertenecemos a el EPR, (ejército popular revolucionario) utiliza grupos de choque como los sicarios contratadas por la Minera CUZCATLAN, y una serie de señalamiento, descalificativos con la finalidad de argumentar sus acciones represivas contra el pueblo.
Ante esta grave situación, responsabilizamos:
Primero.- A la Minera CUZCATLÁN por ser la única culpable del divisionismo en la comunidad y por financiar a la Asociación Civil “San José Defendiendo Nuestros Derechos”.
Segundo.- A los priistas integrados en la “Asociación Civil San José Defendiendo Nuestros Derechos”, creada por la Minera CUZCATLÁN Y encabezados por Servando Arango y la falta de voluntad mostrada para la conformación de un Consejo Municipal
Tercero.- Al H. Congreso del Estado por hacer caso omiso a nuestras peticiones y demandas.
Cuarto.- Al Gobierno estatal por respaldar las acciones abusivas del presidente municipal y hacer oídos sordos a la problemática.
Quinto.-, Al gobierno federal por haber otorgado los permisos a la Minera Cuzcatlán a sabiendas de la inconformidad de la población y los reclamos de la misma.
A la vez, expresamos nuestra preocupación por el asesinato del Presidente Municipal cometido en forma premeditada por sus propios sicarios como un plan previamente diseñado y acostumbrado por el tirano Ulises Ruiz Ortiz, mismo que ha practicado en diversas comunidades del estado, con la finalidad de violentar el proceso electoral y por el otro lado desatar una ofensiva policíaca militar en contra de los pueblos que nos oponemos al proyecto de la multicitada minera, así como enturbiar los diferentes procesos legales a que hemos recurrido para sacar a la minera de manera definitiva.
Manifestamos hartazgo y preocupación por la actitud de los gobiernos tanto estatal y federal, pero más por el local que con sus viejas prácticas priistas está repitiendo el patrón de San Juan Copala, donde han dejado que sus seguidores tiendan un cerco y retenes secuestrando a la población, donde la fuerza pública y los encargados de impartir justicia, están actuando en forma criminal en contra de las justas demandas de sus pobladores.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y sindicatos democráticos, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a los pueblos de México y el mundo a solidarizarse de las formas más diversas con el pueblo de San José del Progreso, para que todos detengamos la ola de violencia generada por la Minera Cuzcatlán en complicidad con el Gobernador del Estado de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz y el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Exigimos la libertad inmediata de nuestros 8 compañeros detenidos.
Investigación y acción penal así como salida inmediata de la minera Cuzcatlán culpable de la violencia.
Esclarecimiento de los hechos en forma imparcial y castigo a los culpables.
Alto al cerco policiaco y paramilitar que se ha tendido en las inmediaciones de la comunidad.
Protección de todos los compañeros que nos encontramos en contra de la Minera Cuzcatlan.
“COORDINADORA DE LOS PUEBLOS UNIDOS DEL VALLE DE OCOTLAN.
