Finalmente ayer la ratificación legislativa del convenio firmado entre el Gobierno y la empresa Vale para la puesta en marcha de Potasion Río Colorado al sur de Malargüe fue suspendida y postergada para el miércoles ante las diferencias que existen entre los diputados de distintas fuerzas políticas. Consumo de gas, generación de empleo y obras en el eje del debate.
Fuente: diario Los Andes
24/06/2010. El Partido Demócrata pidió postergar para la próxima semana el tratamiento del convenio firmado entre el Gobierno provincial y la minera Vale, que necesita ser ratificado en Diputados. Aun así, la polémica por el proyecto Potasio Río Colorado en los pasillos de la Legislatura continúa, porque para la oposición “el proyecto tiene muchas objeciones”.
Las discrepancias y dudas pueden resumirse en tres planteos concretos: la cantidad “real” de fuentes de trabajo, la disposición y consumo de recursos no renovables como el gas y el impacto efectivo de dicha inversión en la provincia.
Desde el radicalismo, el diputado Alejandro Molero dijo que “no están las condiciones para que este proyecto se lleve a cabo. Tiene muchas objeciones. Hoy la Provincia y la Nación están pasando por una de las crisis energéticas más severas de la historia”, en alusión a la magnitud de recursos naturales (gas, agua, electricidad) que la propia explotación necesita.
A modo de ejemplo dijo que esta empresa va a gastar el equivalente a todo el gas consumido por los hogares e industrias de Mendoza en un año y que tomará la producción de energía del sistema Los Nihuiles, cuatro centrales hidroeléctricas más la de los Reyunos.
Pero además, explicó el legislador, se va extraer uno de los pocos minerales que son irreemplazables, a lo que se suma otra razón que no es menor: “vamos a entregar la mina más importante de Latinoamérica y la tercera del mundo. Pero lo que es peor, es que no vamos a tener ninguna participación en la extracción”, dijo Molero.
En su opinión, el 95% de las sales de potasio se utilizan para fertilización de la tierra y “no tendremos participación alguna de ello. Esto es clave en la producción de oleaginosas, por ejemplo, porque los países que producen necesitan fertilizantes para mejorar sus suelos”. Y en coincidencia con otros legisladores de la oposición, Molero consideró que “un negocio de más de U$S 40.000 millones para la empresa Vale dejará sólo U$S 40 millones de beneficio local”.
Defensa
Sin embargo, el oficialismo está haciendo un gran esfuerzo para acelerar este acuerdo. En su defensa, el diputado justicialista Carlos Bianchinelli dijo que (con esta mina) “no hay contaminación y esto ya está determinado. Son todos beneficios para la provincia. Estamos perdiendo plata en aranceles y mano de obra”.
En línea con el Ejecutivo, Bianchinelli declaró con cierta seguridad que “entendíamos que teníamos los votos” como para que se aprobara ayer mismo en Diputados el polémico convenio.
En cuanto al consumo del gas, el Justicialista declaró que “mientras más gas natural se consuma mejor será porque el gas envasado es residuo del petróleo. Lo primero que hay que darles (por Vale) es servicios, infraestructura y posibilidades para que se desarrollen”.
Además, dijo que la obra del tendido eléctrico está a cargo de la empresa. Pero “el transporte y traslado de la energía pasaría a manos de la Nación”.
En relación al “Compre Mendocino”, punto clave del convenio con Vale y que se refiere a la contratación de mano de obra local, “es una falacia” para los diputados de la oposición. Porque, según Molero, la misma empresa dijo que la única empresa categorizada es Pescarmona. El resto de las empresas mendocinas no estarían aptas para trabajar con esta minera.
Por su lado, el diputado del Confe, Alexander Maza, dijo que en este bloque necesitan “debatir sobre el Compre Mendocino y las fuentes de trabajo. La misma empresa habla de contratar 500 personas y luego 300 para la mina”.
Y para el diputado del ARI, Néstor Piedrafita, este proyecto “no tiene el acuerdo político y social para avanzar y lo único que hoy tiene es un acuerdo gubernamental. Por eso, la empresa obliga a la Provincia a la extracción pacífica del mineral durante los 40 años y Mendoza deberá garantizarlo”.
