El derrame de 40 millones de litros de sustancias peligrosas procedentes de la mina de cobre Buenavista sirve para cuestionar los criterios que las instancias oficiales y el sector privado utilizan para declarar a una industria limpia, amigable con el medio ambiente y la población. En su siempre documentada columna del pasado lunes en este diario, Carlos Fernández-Vega calificó de burla que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente entregara 10 de los 18 certificados de industria limpia al Grupo México. Si es público su historial de mala gestión ambiental y laboral; si no reúne las cualidades que internacionalmente se exige para evitar que lo negro aparezca verde. Entonces, ¿quiénes integran el comité de expertos que califica a las industrias de limpias y qué criterios utilizan para ello?
Por Iván Restrepo publicado en La Jornada
Mientras se confirma que el derrame no fue por lluvia excesiva, como dijo el Grupo México, se ocultan otros graves problemas ambientales que ocurren en Sonora, el principal estado minero, donde se obtiene cerca de 30 por ciento de la extracción nacional: desde carbón antártico y molibdeno hasta grafito, cobre y oro. Notable es su producción de ácido sulfúrico por el Grupo México y que pronto superará el medio millón de toneladas métricas al año.
Pero la minería demanda muchísima agua en esa entidad, donde escasea desde hace rato. El profesor Leopoldo Santos Ramírez nos ofreció el viernes pasado en este diario una primera aproximación al tema y a la elevada contaminación fruto de los procesos de extracción. Los especialistas de El Colegio de Sonora, donde trabaja Santos Ramírez, llevan lustros estudiando esos desajustes ambientales, sociales, económicos y sus efectos en la salud pública. Las autoridades saben de ellos, como igual deben conocer los que elabora la Comisión Nacional del Agua sobre el abatimiento de los mantos freáticos de esa entidad.
Las alertas sobre la escasez de agua en Sonora datan, por lo menos, del sexenio de Luis Echeverría. A esa época corresponden también los estudios pioneros para demostrar la grave contaminación que en ríos, arroyos y canales de los distritos de riego ocasiona el arsenal de sustancias químicas utilizadas para combatir las plagas de la agricultura. La contaminación llega con sus impactos negativos a los ecosistemas costeros, ricos en especies en las que fincan su ingreso los pescadores locales.
Hace 40 años se documentaron los daños ocasionados a la población, muy especialmente a los yaquis y a los jornaleros agrícolas golondrinos que trabajan en los campos de cultivo. Un pequeño pero revelador botón de muestra de lo anterior es un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico de Sonora, Itson, con sede en Ciudad Obregón. Demostró que los recién nacidos hijos de madres yaquis traían al nacer en su organismo residuos de diferentes químicos. Y que al amamantarlos, les pasaban otros más.
A casi tres semanas del derrame en la mina Buenaventura, se conocen más detalles de los problemas que los 40 millones de litros de sustancias peligrosas ocasionan al ser humano, las actividades económicas y la naturaleza. Se documentan las afectaciones a la ganadería y al abastecimiento de líquido para las poblaciones cercanas a los 400 kilómetros de corriente hídrica que recorre la mezcla citada. A lo que se suma su filtración a los mantos freáticos, muy difíciles de regenerar. Se buscó ocultarlos inicialmente con declaraciones optimistas de algunos funcionarios, voceros del Grupo México y sus aliados en la explotación de minerales. Pero se impuso la realidad y la noticia del desastre le sigue dando la vuelta al mundo en los medios de comunicación y las redes sociales.
Desafortunado el llamado del titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de no satanizar la minería. Igual las declaraciones de los líderes empresariales Gerardo Gutiérrez Candiani y Juan Pablo Castañón, de que sería un mensaje negativo para los inversionistas quitar la concesión al Grupo México. Cuando la única salida que tienen las instancias oficiales en Sonora y en todo el país es cumplir con la Constitución, que garantiza el derecho a la salud y a un ambiente sano.
