La empresa lleva casi veinte años explotando el Cerro de San Pedro para sacar oro y ha traído devastación ambiental y social a la zona, pero un grupo de habitantes y organizaciones se empeña en denunciarla y detenerla.
Fuente: Desinformémonos
La resistencia contra la canadiense Minera San Xavier sigue en pie en San Luis Potosí, a más de 17 años de su inicio y a pesar de los daños producidos por la empresa y su obstinación por adueñarse del territorio y las vidas de los habitantes.
Y es que a pesar de las evidentes muestras de deterioro del entorno, el Frente Amplio Opositor y las organizaciones e individuos que lo integran pelean día con día por denunciar una situación que tiende a normalizarse en la región. El 16 de marzo de 2013 se celebró la doceava edición del Festival de Cerro de San Pedro, que año con año es organizado por el Frente Amplio Opositor (FAO) para denunciar la irreparable devastación ambiental y cultural producida por la explotación a gran escala de los recursos minerales de la región.
Se trata de un cuadro de devastación socioambiental que se recrudece con el paso de los meses. A simple vista se notan los daños irreversibles que la minería a cielo abierto trajo a la región, como la demolición de los cerros que aparecen en el escudo de armas del estado, insignia de la fundación de San Luis Potosí.
Y qué decir de los patios de lixiviación -donde se coloca la roca molida y el cianuro disuelto en agua para separar el metal del resto de los materiales-, que se encuentran a pocos metros de algunas comunidades y a sólo cinco kilómetros de la capital potosina. La población contigua a las piletas de lixiviación y a los desechos producidos ya enfrenta visibles afectaciones a la salud, lo que se constata por el incremento de casos de insuficiencia renal en la zona, clásico de ambientes con altas concentraciones de cianuro.
Otro problema serio es la escasez y contaminación de agua. Minera San Xavier consume 33.6 litros del líquido por segundo, es decir, cerca de 30 millones de litros diariamente. Esta cantidad es extraída sin ninguna dificultad, pues la empresa adquirió desde mediados de los años noventa los títulos de concesión de los pozos más preciados de la zona.
Está también el profundo deterioro de la biodiversidad de la región. De estar reconocida como área de preservación de la vida silvestre -con importante presencia de especies endémicas, como el gavilán o halcón de cola roja, declaradas bajo protección especial- la única vocación de utilidad pública reconocida actualmente es el uso minero-metalúrgico para la explotación de tajo a cielo abierto y lixiviación.
Un proyecto de explotación entre cientos
Desafortunadamente, el emprendimiento minero de Cerro de San Pedro es solamente uno entre cientos en México. El gobierno federal concesionó durante los últimos diez años aproximadamente 56 millones de hectáreas para la explotación minera (casi una cuarta parte del territorio total del país) y hay 757 proyectos de empresas extranjeras, de los cuales 615 están en fase de exploración, 71 en producción, 20 en desarrollo y 51 en aplazamiento. De todos estos emprendimientos, 475 son de oro y plata, y de las 279 empresas extranjeras que operan en el país, 210 son de Canadá y poseen concesiones en 26 estados [1].
Ni en el porfiriato se había llevado a cabo tal enajenación del territorio, impulsada mayoritariamente por empresas extranjeras con el apoyo total de los gobiernos en turno. La extracción de cualquier mineral mexicano cuesta a las compañías de 5 a 111 pesos por hectárea concesionada [2], además de que reciben beneficios como subsidios y condonación de impuestos [3], mientras que la Secretaria de Economía capta por parte de estas empresas una cantidad ridícula de retribución (que está muy lejos de acercarse a los precios del mercado internacional de oro, plata, cobre y carbón). Es así que estas empresas transnacionales encontraron en nuestro país una fuente de enriquecimiento, con un marco jurídico convenientemente laxo y con la disposición de ser reformado a su conveniencia.
Estrategias para la expansión
MSX representa un claro ejemplo de los modos a través de los cuales se puede superar, mediante la corrupción e ilegalidad, cualquier obstáculo político, jurídico y social que ponga en riesgo el proceso de acumulación. Desde 1994, año en que Metallica Resources -ahora New Gold- adquirió las concesiones del yacimiento de San Pedro, hasta el inicio de operaciones en 2006, se modificaron todo tipo de regulaciones jurídicas para facilitar el inicio de las operaciones, incluso a partir de la abrogación de interpelaciones y juicios anteriormente resueltos a favor de los opositores.
Precisamente, en este 2013 se manifestó nuevamente la inmensa corrupción de MSX y la complicidad de los gobiernos, esta vez en la resolución del Tribunal Colegiado del Poder Judicial contra el amparo aceptado por el Juez Cuarto de Distrito en Guadalajara en julio de 2012 -en el que el ejidatario Gabriel Muñiz se inconformaba por el indebido cambio de uso de suelo de la zona, aprobado en el año 2000. La MSX interpuso un recurso de revisión contra tal amparo, donde plantea 25 agravios y cuestiona íntegramente la resolución; desde la “falta de personalidad en el actor”, hasta la “desproporción de situar el interés de un ciudadano por encima de un proyecto de desarrollo y beneficio para toda una región”.
Y es que las estrategias que despliegan las empresas mineras en coordinación con los gobiernos alrededor del mundo reproducen fórmulas bastante similares para lograr sus objetivos de acumulación, esquivando cualquier traba. Así, además de los artilugios legales, MSX se ha servido de diversos medios para lograr sus objetivos. Se trata de una verdadera ingeniería del conflicto que busca fragmentar a las comunidades, aprovechando las divisiones preexistentes para profundizarlas, y debilitar las resistencias. Amenazas, chantajes y sobornos son sólo algunas de las acciones que MSX ha llevado a cabo rutinariamente.
Por si esto fuera poco, recientemente la minera cercó propiedades de uso común e instaló por lo menos 13 cámaras de seguridad en el pueblo y en las entradas, además de los ya conocidos rondines permanentes que realizan automóviles particulares propiedad de la empresa. La justificación dada para estas medidas es el discurso de seguridad y cuidado de los habitantes, pero sin lugar a dudas están orientadas al control del territorio y el cercamiento de los espacios comunes, además de cercenar la posibilidad de otros usos del territorio, como las actividades turísticas y de entretenimiento. Con ello, como señala uno de los opositores, “es como si quisieran demostrar que la única vocación posible es la minera”.
Este conjunto de disposiciones tienen como objetivo asegurar las actividades extractivas y expandir la zona de influencia. El FAO denunció que MSX recientemente presentó dos nuevas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) -una federal y una estatal- para ampliar el tajo y las zonas de lixiviación. La sed de expansión y acumulación de MSX no tiene límites.
En este contexto, resulta vital la resistencia e incesante trabajo del FAO contra la indiferencia, resignación y olvido. El Festival de Cerro de San Pedro, a través de la organización de diversas actividades (mesas de discusión, presentaciones de libros, exposiciones, conciertos) es una iniciativa que sirve para comprobar el carácter destructivo y voraz de la megaminería, pero sobretodo posibilita la emergencia de nuevos lenguajes que reconocen la inconmensurabilidad del patrimonio natural, histórico y social que se ha logrado preservar gracias a la resistencia de algunos de sus habitantes y organizaciones. Se trata de un reducto que ha logrado sobrevivir y subsistir pese a la obstinación de MSX por destruirlo todo.
Pese a las adversidades, la batalla no está concluida. La experiencia del FAO se ha vuelto fundamental para apoyar otros procesos de resistencia que han emergido recientemente por los cientos de concesiones que se siguen otorgando en todo el territorio nacional. Desde el Festival de Cerro de San Pedro se escucha “Fuera la minera asesina, porque juntos resistimos en América latina”.
[1] Devastación, de la mano de concesiones mineras; Angélica Enciso, Periódico La Jornada, Lunes 8 de agosto de 2011, p. 4, http://www.jornada.unam.mx/2011/08/08/politica/044n1pol
[2] Trasnacionales pagan 5 pesos por concesión minera, revista Conralinea, No. 24, enero, 2012 Érika Ramírez,
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/24/trasnacionales-pagan-5-pesos-por-concesion-minera
[3] La minería canadiense en México: violencia hecha en Canadá Mandeep Dhillon – 07-mayo-2007
http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=535
