La Asamblea Popular por el Agua y la CTA Mendoza organizaron una radio abierta para pedir que no se modifique la ley que prohibió la megaminería en Mendoza. Preocupación por el posible desarchivo del proyecto San Jorge.
Fuente: Edición Universidad Nacional de Cuyo
La radio se encendió cerca de las 20.00 en las afueras de la Legislatura provincial y las voces que se escucharon dijeron varias veces que NO. No fue un “no” caprichoso ni azaroso, sino con muchos fundamentos. Los mismos que vienen pronunciando hace más de siete años cuando se sancionó la ley 7722, por la que se prohibió, gracias a la presión popular, la minería con sustancias contaminantes. Los mismos que impidieron, hace cuatro años, la instalación del proyecto San Jorge, por el que se extraería plata y cobre en Uspallata.
Las voces de la radio fueron de personas que integran, militan y ponen el cuerpo a la Asamblea Popular por el Agua (conformada por habitantes del Gran Mendoza) y a la CTA Mendoza (una fracción local que rompió con Pablo Micheli y que lideran en la provincia la secretaria General de ATE, Raquel Blas; el médico Guillermo Martínez Agüer,- quien es el secretario General de la central, y la dirigente del Partido Obrero Soledad Sosa, entre otras personas). La radio surgió por dos motivos: por el pedido de modificación de la ley 7722 por parte de legisladores del Partido Justicialista y por un posible desarchivo del proyecto San Jorge. Pero también pretende ser la primera de muchas que irán rotando por los diferentes departamentos –el sábado el escenario será en Luján de Cuyo–,con foco en aquellos donde la minería puede ser una realidad si no hay movilización popular.
Se abrió el micrófono y la integrante de la Asamblea Popular Por el Agua Pura, Paula Ferreira, sostuvo: “Esta radio es en defensa de la 7722 y para pedir la unidad de todas las organizaciones que venimos luchando para cuidar el agua y el ambiente en Mendoza”. La ley, que tiene diez pedidos de inconstitucionalidad presentados por empresas mineras y que espera hace unos años una definición de la Corte local, tomó protagonismo público nuevamente hace unos meses cuando los diputados provinciales José Oscar Muñoz y Raúl Guerra, y la diputada provincial Silvia Ramos, que integran la bancada del PJ-Frente para la Victoria, presentaron un proyecto para modificarla. Básicamente, para hacer la norma más flexible y permitir el uso de las sustancias que prohíbe (como el cianuro) pero a distancia de los cauces de agua. “De acordarse esa propuesta se pondría en peligro el recurso hídrico de la provincia”, dijo la mujer. Además, agregó: “También ratificamos la constitucionalidad de la ley 7722 y pedimos a la Corte que llame a audiencia pública para que todo el pueblo mendocino se exprese porque lo que está en juego es un interés de todos: el agua”.
La secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Raquel Blas, fue la segunda voz que se oyó en la radio abierta. Blas tomó el micrófono y sin rodeos, como suele expresarse, dijo: “Desde ATE venimos acompañando todo el proceso de la 7722. Hoy decimos es nos queda una parte muy importante de la lucha y no podemos bajar los brazos, tenemos que prepararnos porque hay una ofensiva muy grande desde sectores del Gobierno para reflotar la megaminería”.
Unos de los argumentos de quienes respaldan la megaminería es la generación de puestos de trabajos, un asunto que quienes organizaron la radio abierta, y quienes se oponen a la actividad extractiva, consideran falaz, con el ejemplo de la minera Vale (que cerró sus puertas en Malargüe por falta de rentabilidad) para contrarrestar ese fundamento. “Vamos a acompañar a los compañeros de Vale en este proceso”, dijo Blas. Ferreira, por su parte, pidió que el Estado tome a esos/as trabajadores/as que se quedaron sin su fuente laboral. “Y que se deje de decir que fue por la aplicación de la ley 7722 que no tienen trabajo, porque Vale no es un tipo de minería que esté incluida en esa norma”. La titular de ATE reforzó la idea: “La megaminería no va a generar puestos de trabajo: miremos a San Juan, que tiene su propia población desocupada. O miremos a Coquimbo, Chile, donde a costa de la megaminería, la gente tiene problemas profundos de salud, educación, desocupación y están sin agua”.
La noche ya se hacía presente en la peatonal mendocina y se iba sumando gente para defender o escuchar por qué la “7722 no se toca”. Entre el público se encontraba el diputado provincial Héctor Fresina (Partido Obrero) y al principio también estuvo la senadora provincial por el PTS, Noelia Barbeito (ambos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, FIT).
El no al posible retorno de San Jorge
Otro de los ejes de los que se habló en la radio abierta fue sobre la posible reapartura del proyecto de extracción de cobre y oro San Jorge, que en unos días cumplirá tres años de archivo. En 2011, en plena campaña electoral para gobernador, Francisco Pérez, acusado por distintas organizaciones sociales y por la oposición de prominero, decidió sacarse el moto con un gesto: pidió a quienes eran legisladores/as del PJ en ese momento que votaran el archivo encarado por la minera canadiense Coro Mining para hacer extracciones en Uspallata. Así, el 24 de agosto de 2011 el proyecto quedó en el olvido.
Pero ahora, con otros capitales (el proyecto fue adquirido a fines del año pasado por empresas de Rusia) el proyecto podría reactivarse. Paula, de la Asamblea del Agua, dijo al respecto: “No puede reimpulsarse el proyecto archivado, la técnica legislativa lo impide”. Además, sumó: “Sabemos que está en marcha un operativo desde el Frente para la Victoria y otros partidos políticos, junto con sindicatos como la CGT, la CTA oficialista y la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros para reabrir nuevamente el debate sobre la instalación de la megaminería en Mendoza. Ahora proponen reactivar San Jorge mediante una propuesta bi-provincial: dinamitan y saquean minerales en nuestra provincia y los procesan en San Juan, donde no existe la ley 7722. Para poder hacer eso, tendrán que presentar un nuevo proyecto y pasar todo el proceso legislativo para sancionarlo”.
La noche terminó de caer, hubo volantes que pedían “defender el agua”, “incorporar a los trabajadores desempleados de Vale” y “respaldar la vigencia de la ley antiminería”. Hubo guitarras, las remeras negras con letras blancas de la Asamblea que dice “No a la megaminería” y una promesa: no bajar los brazos.
Quiénes son los nuevos dueños de San Jorge
Solway Industries Ltd. y Aterra Investments Ltd. son los nuevos capitales de San Jorge. La segunda minera incluye más de 10 activos de exploración, desarrollo y empresas productoras. Su abanico de commodities incluye cobre, plata, fosfatos, zinc, plomo, diamantes. Entre sus unidades de negocios se cuentan: Base Resources, productor emergente de tierras raras, con el proyecto Kwale en Kenya; Rathdowney Resources, dueña del gran depósito de zinc-plomo Olza, en Polonia; Atico Mining, productor emergente de cobre que opera la mina El Roble, en Colombia; Anatolia Energy, explorador y desarrollador de un proyecto de uranio en Turquía; GB Minerals, compañía de exploración de fosfato con el Farim, en Guinea Bissau; Finders Resources, propietaria de un proyecto de cobre Wetar, en Indonesia, y de oro-plata en Ojolali, Sumatra; Silver Bear Resources, empresa de exploración junior del proyecto de plata Mangazeisky, de nivel mundial, en Rusia.
