El Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) e integrantes del grupo de resistencia La Puya presentaron un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra Erick Archila, ministro de Energía y Minas, por no realizar una consulta comunitaria y otorgar la licencia de explotación minera al proyecto Progreso VII Derivada, en 2011.
Fuente: El Periódico
De acuerdo con Rafael Maldonado, director de CALAS, se realizó un análisis sobre documentos otorgados por esta misma cartera, en los que se constata que con el permiso se violó la ley, debido a que no se efectuó la consulta previa a los pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, respecto a si estaban a favor de la operación de la minera, tal como se establece en el Convenio 169 de la Organización Mundial de Trabajo.
La Puya está integrada por pobladores de estos municipios, quienes por dos años bloquearon la carretera de acceso a esta minera, ya que se oponen a la extracción en defensa de los recursos naturales. El 31 de mayo pasado fueron desalojados del lugar por la Policía , luego de un enfrentamiento violento.
“Esperamos que con este recurso la CSJ nos otorgue el amparo provisional, y ordene suspender cualquier tipo de actividad de explotación en estos lugares”, afirmó Maldonado.
“No se ha recibido notificación oficial del amparo, tan pronto se reciba se remitirá a la oficina jurídica para su análisis y respuesta”, manifestó la entidad en un comunicado.
