Las reformas a la Constitución Política de la República, Ley de Minería y al Magisterio son políticas para consolidar el modelo de acumulación basado en los agro negocios: explotación minera, petrolera, hidroeléctricas que solo contribuye al crecimiento económico de determinados sectores de la sociedad; mientras que las consecuencias como el despojo de nuestras tierras, los desalojos, el costo elevado de la energía eléctrica, la contaminación, la privatización de la educación las vivimos nosotros y nosotras, por lo tanto en el contexto del fin del OxlajuB´aqtun, y la llegada y establecimiento de una nueva era, recurrimos a nuestros principios y procedimientos ancestrales de toma de decisión, y, en Consejo acordamos lo siguiente:
DECLARACION POLITICA DE LOS PUEBLOS MAYA DE GUATEMALA
Occidente de Guatemala 23 de octubre del 2012
Las autoridades de los Pueblos Maya del Occidente de Guatemala reunidos en Consejo manifestamos:
La apropiación de nuestras tierras y territorios, sigue siendo el método de dominación y racismo en Guatemala.
Una vez firmada la Paz, mientras la sociedad civil se ocupaba en promover los Acuerdos de Paz, y las organizaciones Revolucionarias se encargaban del proceso de desmovilización y reinserción social de sus bases; los sectores de poder durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999), legislaban y abrían al país a los tratados de libre comercio y enmarcados dentro de las políticas de ajuste estructural.
El Congreso de la República decretó y promulgó en ese entonces con clara desventaja para el país varias leyes y reglamentos orientados a vender y privatizar los bienes, empresas y recursos del Estado: Ley de minería, la telefonía -GUATEL-, la electricidad -El INDE y la EMPRESA ELÉCTRICA-, los Puertos marítimos y aéreos. Los más afectados en todo este proceso hemos sido las comunidades y pueblos indígenas y mestizo pobre, por la forma en que se han concesionado sin nuestro consentimiento y sin beneficios propios, nuestros territorios y patrimonio natural.
Actualmente el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas, desde 1997 hasta la fecha, ha autorizado 107 licencias de exploración y cinco de explotación minera de metales, sin consulta previa libre e informada. Igualmente existen licencias para hidroeléctricas y explotación del petróleo, re-negociada nuevamente a través de la empresa Perenco (francesa), con 25 años de derecho de concesión, con clara desventaja para el país. Todas estas licencias violentan sistemáticamente nuestros derechos colectivos como: Libre determinación, identidad cultural, participación en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional, propiedad colectiva de la tierra, consentimiento previo, libre e informado, derecho al agua y vivir en un ambiente sano, regulados en Convenios Internacionales de derechos de pueblos indígenas, ratificados por el gobierno de Guatemala.
Nuestra oposición, se manifiesta a través de la organización, movilización, consultas comunitarias y acciones políticas, jurídicas; frente a la acción de los consorcios multinacionales y el Estado (expresión de la oligarquía nacional) sumiso o cómplice de las mismas.
Varios líderes y lideresas de este movimiento social y de pueblos han nuevamente regado con su sangre la oposición al sistema: Raúl Castro, Sololá, en la defensa del territorio; Víctor Gálvez, catequista de la parroquia de Malacatan, en San Marcos; las muertes de Antonio Beb Ac, Oscar Reyes y Margarita Chub Che, líder comunitaria que participaba en el Consejo de Comunidades del Polochic, tras el desalojo violento de 14 comunidades en el Ingenio ChabilUtzaj – Valle del Polochic- en marzo de 2011, en el marco de la exigencia del movimiento campesino de la aprobación de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral número 4084; El asesinato del Sr. Andrés Francisco Miguel, q´anjob´al, líder de la resistencia en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, perpetrado por guardias de la empresa Hidro Santa Cruz, el pasado uno de Mayo; José Tavico, autoridad comunitaria del Consejo de Pueblo K’iche; y, las muertes de José Eusebio Puac Barreno, Santos Nicolas Hernández Menchú, Rafael Nicolas Batz Menchú, Jesús Baltazar Caxaj Puac, Arturo Félix Sapón Yax, Jesús Francisco Puac Ordoñez, Hermanos nuestros del Pueblo Maya K’iche en Totonicapán a manos del Ejército durante la masacre del 4 de Octubre de 2012.
El mecanismo de movilización social a través de marchas y plantones ha sido un medio para manifestar nuestra inconformidad y/o plantear nuestras propuestas al Estado, cuando aplica acciones inconsultas. De igual manera hemos participado en Foros Sociales en los diversos ámbitos, nacional, internacional; en congresos, reuniones preparatorias para las Audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todos estos espacios hemos informado, concientizado y organizado acciones a favor de nuestros pueblos.
Todas estas acciones las consideramos una expresión de la voluntad política para hacer que se respeten y garanticen nuestros derechos colectivos, buscando solucionar los conflictos y establecer una sociedad democrática, incluyente y participativa.
La masacre del 4 de octubre y la repercusión que produjo en nuestros pueblos nos obligan a auto convocarnos para dialogar y consensuar sobre nuestro presente y futuro; y exigir al gobierno de Guatemala, una actuación ética y políticamente responsable, y que ajuste su actuación en las normas y principios constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos.
Las reformas a la Constitución Política de la República, Ley de Minería y al Magisterio son políticas para consolidar el modelo de acumulación basado en los agro negocios: explotación minera, petrolera, hidroeléctricas que solo contribuye al crecimiento económico de determinados sectores de la sociedad; mientras que las consecuencias como el despojo de nuestras tierras, los desalojos, el costo elevado de la energía eléctrica, la contaminación, la privatización de la educación las vivimos nosotros y nosotras, por lo tanto en el contexto del fin del OxlajuB´aqtun, y la llegada y establecimiento de una nueva era, recurrimos a nuestros principios y procedimientos ancestrales de toma de decisión, y, en Consejo acordamos lo siguiente:
1. Exigimos la implementación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en toda la legislación Nacional; instando a las Naciones Unidas velar por el cumplimiento de estos compromisos internacionales que el Gobierno de Guatemala asumió voluntariamente;
2. Rechazo a las reformas constitucionales principalmente por negar nuestras nacionalidades, territorios y autoridades ancestrales;
3. Rechazo a las reformas a la Ley de Minería porque no respeta el derecho de consulta y en consecuencia exigimos a la Corte de Constitucionalidad declare inconstitucional la Ley de minería Vigente; y, anule todas las licencias mineras vigentes en nuestros territorios;
4. Rechazo a las reformas a la Carrera del Magisterio, por privilegiar la privatización de dicho servicio en lugar de cumplir con el mandato constitucional y de los Acuerdos de Paz de una educación gratuita, bilingüe intercultural;
5. Rechazo a la Ley General de Electrificación Nacional por privilegiar los intereses transnacionales sobre el bienestar de los pueblos que conformamos el Estado guatemalteco; y
6. El Oxlajuj B’aktun es nuestro tiempo, no permitiremos que sea comercializado y folklorizado por el gobierno de Guatemala.
Finalmente, reafirmamos que dentro y fuera de Guatemala, continuaremos los pasos y voces de nuestros abuelos y abuelas del Gran Consejo Maya, nuestros héroes: Atanasio Tzul, TekumUman, Kaib’ilB’alum, Kaji´ Imox, Juan Matalbatz, , Manuel Tot, Micaela Guarchaj, Mamá Maquín, ante la inoperancia de un Estado excluyente y racista.
El Consejo de Pueblos Mayas de Occidente
