El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) analiza 354 estudios de impacto ambiental, cuyas licencias estaban en suspenso luego de haberse determinado que tenían deficiencias. Del total de solicitudes que ha recibido el MEM en el último año, 17 son para explotación de metales. El rechazo a la megaminería es muy extendido en Guatemala donde más de sesenta consultas comunitarias se expresaron en contra de la actividad.
Fuente: diario Prensa Libre
11/04/2012. La acumulación de expedientes también se dio a causa de la moratoria a las licencias de exploración y explotación minera durante el 2011 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
La moratoria, calificada por sectores mineros como “ilegal”, se ha levantado, pero ahora el MARN anunció que será más estricto en los controles hacia las empresas.
Para recibir una autorización de explotación de metales, las compañías deben presentar el estudio de impacto ambiental, el cual, aseguran las autoridades, será más estricto.
Del total de solicitudes que ha recibido el MEM en el último año, 17 son para explotación de metales. Esto les permite explotar yacimientos que le fueron autorizados hasta por 25 años, período que se puede prorrogar por otro igual.
Además existen 331 solicitudes para localizar, estudiar, analizar y evaluar los yacimientos por un tiempo de tres a siete años.
Otras seis empresas esperan la aprobación de la solicitud de licencias para el reconocimiento e identificación de sitios para la futura exploración y explotación, permiso que se extiende de seis meses a un año.
Por aprobar
Según el MEM, con la moratoria anterior se acumularon 699 solicitudes para extracción de metales minerales y materiales de construcción, y ahora se les da trámite.
Pese a que habían sido suspendidas las autorizaciones, según las autoridades ministeriales, los trámites internos continuaron y se verificó la legalidad de cada proceso y certeza jurídica de las empresas. Solo quedó pendiente el trámite final: la autorización de licencias.
Óscar Rosal, del Departamento de Desarrollo Minero del Ministerio, explicó que de las 354 licencias en análisis, 120 ya están en fase final y se podrá otorgar el permiso durante este año, “porque cumplen con todos los requisitos”.
De acuerdo con Rosal, “la Ley de Minería está vigente y las licencias se tienen que otorgar cuando se superen todos los requerimientos”.
Más controles
El MARN comenzó a revisar los estudios de impacto ambiental antes de autorizar operaciones mineras o los de las que ya han sido aprobadas.
La ministra de Ambiente, Roxana Sobenes, informó que revisan los términos de referencia en los estudios de impacto ambiental, tanto de las empresas que esperan iniciar operaciones como de las que ya tienen licencia.
Sobenes aseguró que se ha elevado el nivel de fiscalización, control, seguimiento y monitoreo de las actividades mineras, con el objetivo de garantizar que no haya daños al medioambiente.
“El Ministerio —de Ambiente—, como ente rector en el tema ambiental, tiene la obligación de realizar estos controles”, enfatizó la funcionaria.
Los nuevos procesos de fiscalización que impulsan las autoridades ambientales podrían permitir emprender varias acciones correctivas en “casos que ameriten”, explicó Sobenes.
El objetivo de hacer más estrictos los controles es obtener una mejor conexión con las comunidades y la participación directa de estas en el proceso de autorización de actividades mineras, añadió la ministra.
Junto a esas acciones y controles a las empresas de exploración y explotación minera en el país, el MARN prepara una serie de manuales de “buenas prácticas” de la minería, con la misma intención de permitir mayor fiscalización de cada actividad que desarrollan, luego de haber emitido las licencias.
Sobenes aseguró que los manuales se preparan y en los próximos meses se darán a conocer, para ponerlos en marcha este año, de manera obligatoria.
En espera
Según la Ley de Minería, al MARN le corresponde revisar y notificar al MEM la aprobación de los estudios de impacto ambiental, para que este otorgue las licencias de explotación.
Sobenes aseguró que está en proceso la revisión de los estudios, y que no se ha aprobado ninguno, aunque han recibido varias solicitudes.
“Los que están en proceso se elevan los controles, estudios, y también se piden mayores compromisos ambientales”, afirmó la funcionaria.
Agregó que con los que ya se ejecutan se crean nuevos instrumentos de control y seguimiento, y se darán a conocer para que sean utilizados en los próximos meses.
“Son sistemas novedosos, porque controles como estos no existieron antes, y en ellos vamos a tener una evaluación y análisis más profundo de las actividades de las empresas mineras y su impacto al medioambiente”, apuntó la ministra.
Para sectores ambientalistas, el que los controles del MARN se intensifiquen es positivo, aunque no suficiente.
Yuri Mellini, director del Centro de Acción Legal Ambiental (Calas), opina que ningún proyecto minero en el mundo ha demostrado ser sustentable y amigable con el ecosistema.
“Nadie puede hablar de responsabilidad, porque no existe. Por naturaleza la exploración y extracción de metales es activa”, afirmó el ambientalista.
En operación
Según registros oficiales, 125 empresas cuentan con licencias de operaciones en Guatemala. De estas, 98 permisos son para exploración de metales, y 27 para explotación.
Las mineras están distribuidas principalmente en Huehuetenango, San Marcos y las Verapaces, y se concentran en la exploración y extracción de metales como oro, plata, plomo y zinc.
Según Rosal, contar con la licencia “no necesariamente significa que estén explotando y comercializando metales. Algunas empresas, aun con los permisos, no han iniciado las operaciones, por motivos particulares, y otras han desistido al comprobar que los yacimientos no son lo suficientemente grandes para continuar con la actividad”.
El funcionario considera necesario revisar todas las licencias otorgadas, para depurar las que por tiempo ya no están en operaciones o porque las licencias perdieron vigencia.
Juan Carlos Paiz, comisionado presidencial para la Competitividad, coincide con esa postura, aunque reconoce que se necesitan ciertos cambios a la Ley de Minería.
“Hay muchas solicitudes, pero se necesita que las que se otorguen se utilicen y puedan generar más ingresos”, afirmó.
