La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) propone una “moratoria por diez años”, prorrogables de forma automática, como solución al problema actual de la minería.
“Se propone la moratoria para abrir la discusión y demostrar que el presidente Antonio Saca, Hugo Barrera, ministro de Medio Ambiente y Yolanda Mayora de Gavidia, Ministra de Economía, están engañando al pueblo” dijo Angel Ibarra, coordinador ejecutivo de la UNES,
Por: Txema Santana (COLATINO) (Fecha publicación:27/07/2006)
http://www.argenpress.info
El ecologista insistió que con la legislación actual se puede seguir llevando a cabo exploraciones mientras que con la propuesta se “lograría pausar las obras y abrir la discusión sobre el beneficio que obtendría el pueblo con la explotación minera”.
Las acciones concretas que se llevarán a cabo son la “movilización y organización de las comunidades para las acciones de resistencia”, según Mauricio Sermeño, presidente de la organización.
Estas declaraciones coinciden con la marcha que se llevó a cabo este fin de semana, en la que participaron centenares de habitantes de las comunidades de Chalatenango, al norte del país, ya que éstas zonas serán las más afectadas con la explotación minera metálica.
Sermeño criticó la actitud del ministro del medio ambiente y recursos naturales que al principio expresó un rotundo no a la minería. “Parece que no han tardado en convencerle”, dijo.
Para Sermeño “el gobierno tiene un menosprecio evidente por el MARN y eso se demuestra con el tardío inicio del análisis de agua y con la situación actual de la minería”.
Por otro lado, Ibarra dejó entrever que “hay indicios de corrupción de los Estados Unidos, ya que se están solicitando fondos de la cuenta del milenio para la construcción de la carretera longitudinal del norte, la cual ayudaría al transporte de los materiales mineros”.
A su vez, el coordinador dio a conocer una denuncia hecha en medios argentinos, en la que se revela que la familia Bush ha estado comprando acciones de las empresas mineras interesadas en los proyectos salvadoreños, “lo cual pondría en entredicho la transparencia de dicho proyecto”.