La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador y Oxfam lanzaron hoy una campaña para que la empresa minera canadiense-australiana Oceana Gold retire la denuncia millonaria contra el Estado salvadoreño que interpuso en 2009 la empresa Pacific Rim, cuya acciones compró el año pasado.
Fuente: EFE
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador y Oxfam lanzaron hoy una campaña para que la empresa minera canadiense-australiana Oceana Gold retire la denuncia millonaria contra el Estado salvadoreño que interpuso en 2009 la empresa Pacific Rim, cuya acciones compró el año pasado.
La demanda de la canadiense Pacific Rim contra El Salvador fue interpuesta ante un tribunal del Centro Internacional de Arreglo en Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en Washington, por negarle el permiso para explorar la mina de oro El Dorado, en el departamento de Cabañas (norte).
Ahora Oceana Gold continúa con el caso, luego de haber comprado por “10 millones de dólares a la compañía de Pacific Rim”, cuyo nombre sigue en curso en el proceso, dijo a periodistas la asesora de campañas de Oxfam, Sofía Vergara.
Esta campaña pretende incidir para que Pacific Rim/Oceana Gold “detengan cualquier esfuerzo para el proyecto El Dorado en Cabañas, abandone el caso del CIADI y se salga de El Salvador”, expresó, por su parte, Saúl Baños, representante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica durante la presentación de la iniciativa.
Principalmente su propósito es “deshonrar moralmente a Pacific Rim y Oceana Gold para que tomen la decisión de irse del país, que sepan que no hay condiciones para que puedan invertir” y continuar con la explotación minera en El Salvador, enfatizó a Efe Baños.
Esta campaña “es un esfuerzo un poco más consolidado” que los anteriores y va “directamente a la empresa Oceana Gold que está en Australia y Canadá pidiéndole que escuche la voz de los salvadoreños” que rechazan la minería, expresó Vergara.
Vergara explicó que en El Salvador van a realizar una recolección de firmas, videos, fotografías, “cualquier forma de manifestación de la voz publica de los salvadoreños, o sea elevar la voz de los salvadoreños, diciéndole no a la mina y no a Pacific Rim”, destacó.
La campaña, cuyo lema principal será “No queremos minería: Pacific Rim/Oceana Gold abandone el caso y salga de El Salvador”, se realizará a través de las redes sociales Facebook y Twitter, así como en radio y televisión, de acuerdo a los organizadores.
Además, busca elevar el perfil del caso tanto a nivel nacional como internacional impulsando acciones en países como Australia, Canadá y Estados Unidos, destaca un boletín conjunto de las organizaciones.
También, pretende posicionar el caso ante organismos de las Naciones Unidas, el Tribunal Permanente de los Pueblos con sede en Ginebra y ante el propio CIADI, añade.
De acuerdo a la coordinadora regional del Programa de Industrias Extractivas de Oxfam, Juliana Turqui, El Salvador está en “un momento clave” debido a la demanda millonaria que tiene en su contra de al menos 301 millones de dólares.
Baños señaló que hasta este momento “el Estado salvadoreño ha tenido que erogar casi 10 millones de dólares solo en el pago de honorarios de costas procesales” en el proceso contra la empresa minera, “entonces desde todas perspectivas el caso Pacific Rim en nocivo para El Salvador”, sentenció.
Si el CIADI emite un fallo desfavorable para El Salvador, se sentaría a nivel jurídico un precedente para que otras empresas trasnacionales consideren iniciar procesos similares de demandas contra el Estado salvadoreño, explicó Baños.
De acuerdo a Oxfam, si El Salvador pierde tendría que pagar más de 300 millones de dólares, sin contar los gastos totales del litigio, lo que representa 28 veces el presupuesto que tuvo en el 2013 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
En agosto de 2012, los ministerios de Medio Ambiente y Economía salvadoreños presentaron al Parlamento un proyecto para suspender todas las solicitudes de exploración y explotación minera, que sigue pendiente de aprobación.
En El Salvador no existe una ley contra la minería, pero los permisos de exploración y explotación minera están suspendidos desde el Gobierno del expresidente Antonio Saca (2004-2009).
