La procuradora adjunta para el medioambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos salvadoreña, Yanira Cortez-Estévez, pidió hoy en Washington al nuevo Gobierno de El Salvador que resulte de las elecciones del próximo domingo que prohíba la minería para proteger el agua.
Fuente: EFE
En una entrevista con Efe, Cortez aseguró que la contaminación del agua es el principal problema del país centroamericano, por lo que reclamó a la asamblea legislativa salvadoreña que reconozca en la Constitución el derecho a disponer de agua limpia.
La encargada de medioambiente de la institución nacional de defensa de los derechos humanos de El Salvador se encuentra esta semana en Washington, donde participa en unas jornadas organizadas por la ONG Intermon Oxfam con motivo del Día Internacional de las Mujeres.
Cortez tenía previsto, además, reunirse hoy con la nutrida comunidad salvadoreña de la capital para explicarle la problemática medioambiental que se vive en el país.
“La minería metálica hace uso de una gran cantidad de agua, que es regresada con niveles de metales pesados bastante altos” que la inhabilitan para su uso, explicó Cortez, quien añadió que los ríos salvadoreños aún sufren el impacto de las minas de los años 60 y 70.
La procuradora medioambiental salvadoreña reivindicó la necesidad de “impulsar una ley que frene de una vez por todas la minería metálica”.
“Tenemos un problema ya de contaminación, que la minería profundizaría”, aseguró Cortez, por lo que, abundó, esta industria “no es una opción viable” para El Salvador, ya que se convertiría, sentenció, en un “suicidio colectivo”.
La también abogada recordó que, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), El Salvador es el país en América Latina y el Caribe que más se está acercando a lo que los expertos llaman el estrés hídrico.
“Significa que somos los que tenemos menos acceso al agua limpia”, aclaró Cortez.
Por su ubicación geográfica y su alta densidad de población, El Salvador es un país “aguadependiente”, apuntó la procuradora, lo que implica que su sistema hídrico también está expuesto a lo que suceda en sus vecinos, Honduras y Guatemala, y puede ser “fuente de conflictos futuros”, vaticinó.
“No queremos que esto se vaya a convertir en un conflicto como lo han vivido Nicaragua y Costa Rica con el río San Juan”, advirtió Cortez.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador ha acudido en dos ocasiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar sobre el problema del agua, y, en la última, en 2011, abordó las relaciones con sus países limítrofes.
“El agua ha sido reconocida por Naciones Unidas como un derecho humano fundamental, porque se entiende que el agua es esencial para la vida y que su relación es intrínseca”, indicó la procuradora de medioambiente.
“Si no se toman acciones en este momento, dentro de unos años va a ser demasiado tarde”, alertó Cortez, quien destacó que la población salvadoreña ha asumido “que este es un problema que le va a afectar en su diario vivir”.
