Indígenas de la etnia Nankintsn de Ecuador, apoyado por organizaciones civiles, denunció este 7 de julio del 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno ecuatoriano vulnera sus derechos al aprobar proyectos mineros y petroleros que provocan su desplazamiento forzoso sin haberles consultado previamente.
Fuente: El Comercio
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La denuncia fue expuesta durante el 163 período de sesiones, que concluye hoy en Lima, contra los supuestos excesos del Estado ecuatoriano en los casos Sarayaku y San Carlos-Panantza, donde se ha concedido un proyecto petrolero a la china Andes Petroleum y una mina a Explorcobres (ECSA), también de capital chino.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Mario Melo, explicó que el objetivo de la audiencia fue mostrar “cómo esas concesiones provocan un deterioro en la relación profunda de los pueblos con su territorio”.
“Este quebrantamiento de la identidad cultural impide el ejercicio de sus derechos y pone en peligro la supervivencia de las comunidades. Tiene impactos tremendamente graves”, afirmó Melo.
El ponente destacó el caso de San Carlos-Panantza, donde aseguró que hubo un desplazamiento forzoso de 200 nativos de la comunidad Nankints, en la provincia de Morona Santiago, por parte de personal armado, para construir en su lugar un campamento minero.
Un enfrentamiento posterior, ocurrido en diciembre entre indígenas y fuerzas armadas, dejó un policía muerto y siete heridos, entre ellos cinco policías y dos militares.
Según el Gobierno ecuatoriano, la superficie reclamada por los nativos no corresponde a las tierras ancestrales de las comunidades y afirma que fueron adquiridas a colonos hace algunos años.
El director del Centro de Derechos Humanos consideró que ese desalojo constituye “una emergencia humanitaria” porque impide el ejercicio de derechos fundamentales a esas personas.
Melo confió en que la CIDH pueda establecer un marco de relaciones entre las autoridades ecuatorianas y los pueblos indígenas “con respeto pleno al sistema de derechos interamericanos, especialmente en la consulta previa”.
Recordó que la consulta previa está contemplada en la Constitución de Ecuador y que el pueblo de Sarayaku ya ganó una demanda presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que ordenó al Estado a adecuar su legislación a los estándares internacionales.
“Si el Estado se acerca a los pueblos indígenas de buena fe, muchas comunidades aceptarían que se realicen los proyectos, pero el Gobierno tiene que permitirles decidir su futuro y presente”, agregó.
Sin embargo, lamentó que el Gobierno no establezca canales de diálogo ni asista a las audiencias de la CIDH desde hace cinco años, como tampoco lo hizo en la de hoy.
El fundador y asesor legal de la organización Terra Mater, Juan Auz, criticó el discurso del Gobierno, que “muchas veces identifica a los pueblos indígenas como comunidades que impiden el desarrollo del país”.
“Ellos también tienen propuestas que quieren que sean puestas en práctica. Son propuestas viables, basadas en su conocimiento ancestral del territorio”, añadió.
Por su parte, el presidente del pueblo Shuar Arutam, Vicente Tsankim, cuyos compañeros fueron afectados por el proyecto San Carlos Panantza, afirmó que su meta es dialogar con el Gobierno para que les pueda garantizar “una consulta previa, libre e informada”.
“Nosotros no somos opositores al desarrollo del país, pero no aceptamos la política de desalojar a la gente de sus territorios sin ningún tipo de garantía”, defendió.
