Las comunidades asentadas en las zonas de influencia de los proyectos mineros en la frontera suroriental con Perú preparan un encuentro binacional que tratará la actividad minera a gran escala, a partir de la aprobación en Ecuador de la reforma minera del Ejecutivo.
Imagen: infografía con algunas de las concesines mineras en el área limítrofe de Ecuador y Perú
Fuente: La Hora
La presentación del proyecto económico urgente a mediados de mayo, aprobado el jueves pasado por la Asamblea Nacional, dio fuerza en los últimos días a la realización de ese evento subregional. Todo esto, en medio de la coyuntura de que ayer la Asamblea Nacional ya remitió la Ley aprobada a Carondelet, y tendrán que esperar por el comentario del Ejecutivo.
Gloria Chicaiza, coordinadora por Acción Ecológica del colectivo ‘Por la Defensa de la Cordillera del Cóndor’, confirmó que este sector prepara una serie de dinámicas para afrontar los cambios que se podrían experimentar a partir de la aplicación de la nueva normativa.
Un escenario que se ha venido construyendo tiene que ver con la presencia de minería en ambos lados de la frontera. Específicamente, del lado peruano del área concesionada a la empresa canadiense Afrodita, en cuya zona de influencia está asentada la comunidad de Aguajún.
Contexto
Las dificultades geográficas y la escasa infraestructura en esa área de la Cordillera del Cóndor peruano han despertado algunas inquietudes, dice la activista. Entre éstas, que a futuro se pueda utilizar la infraestructura del lado ecuatoriano en una eventual explotación minera transfronteriza.
Las ventajas en cuanto a infraestructura tienen que ver con la vialidad construida para la conexión de las zonas mineras del sur ecuatoriano con Puerto Bolívar (‘Puerto del Cobre’).
Dentro de las dinámicas de trabajo está el análisis del nuevo actor y el más influyente que habría: la China, dice la activista. Es decir, conocer sus reglas y normativas. Esto, porque la mayoría de las concesiones están ligadas a capitales o intereses vinculados con ese país.
Los principales proyectos que se desarrollan en esa zona fronteriza, compartidas por Zamora Chinchipe y Morona Santiago, son Mirador (Cóndor), en fase de permiso de explotación; Panantza, en fase de exploración avanzada; San Carlos; Fruta del Norte; y Oromonte.
El desarrollo de esos proyectos ha tenido impulso con la aprobación de la reforma por la serie de incentivos planteados, como la fijación de nuevas regulaciones que flexibilizan el sistema de permisos. Uno de los efectos que se advierte desde el oficialismo es que con la reforma minera se permitirá un desarrollo de la actividad y, en consecuencia, crearán fuentes de trabajo, destacó la asambleísta de Zamora Chinchipe Zobeyda Gudiño.
El pedido a las FF.AA.
El asambleísta Cléver Jiménez (PK) conminó a las FF.AA. para que se explique si las concesiones Fruta del Norte y Mirador, adjudicadas inicialmente a la empresa canadiense Kinross-Aurelian y a la multinacional China Ecuacorriente, respectivamente, tienen informes favorables de la institución castrense al considerar que ese es requisito necesario por encontrarse en zona de seguridad nacional o bosque protector.
El legislador presentó un mapa oficial de los dos proyectos, que se encuentran en su totalidad –dijo- dentro de los 20 kilómetros de la zona de seguridad nacional, dentro de Morona y Zamora Chinchipe. Al respecto, los uniformados contestaron que están analizando una posición oficial respecto al pedido del legislador.
