En Morona Santiago una cosa es segura por estos días: hay tensión. Esto, tras el enfrentamiento que se diera el miércoles entre indígenas y miembros de la Fuerza Pública por el desarrollo de un proyecto minero en la comunidad de Nankints. Indígenas y Gobierno no ceden posturas. La Conaie pide mediación internacional ante el fallecido y los heridos.
Ver también: Enfrentamiento en campamento minero en Ecuador: Un fallecido y varios heridos. Declaran estado de excepción
Fuente: La Hora
Tanto el Gobierno como los líderes de las organizaciones que los representan se acusan mutuamente de causar los hechos de violencia por los que un policía murió, otro se encuentra en coma inducido y cinco más resultaron heridos.
Los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) se solidarizaron ayer con los familiares de las víctimas y se declararon en alerta máxima.
Jorge Herrera, presidente de la Conaie, pidió la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia. “La violencia no viene desde nuestras comunidades, la violencia viene desde el Estado ecuatoriano”, afirmó.
Para un posible diálogo con el Gobierno, puso dos condiciones: que se levante el estado de excepción, que fue impuesto para Morona Santiago el miércoles, y que se retiren los operarios de la empresa minera china y de la fuerza pública de Nankints.
Sin embargo, ayer cientos de militares y policías llegaron a Morona Santiago para reforzar los operativos de control en la zona, a raíz del enfrentamiento que se dio cuando indígenas de la nacionalidad shuar intentaron tomarse el campamento minero San Carlos Panantza.
El ministro del Interior, Diego Fuentes, enfatizó que “se hará respetar el Estado de Derecho”. “Aquí se ha cometido un delito y ese delito, que es inclusive el asesinato cobarde de nuestros policías, no va a quedar en la impunidad”, sostuvo.
Criterio
Luis Ángel Saavedra, vocero de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), teme que, en este contexto, el conflicto se acentúe, lejos de encaminarse hacia una salida.
“Si las cosas siguen en el escenario que está planteando el Gobierno, consideramos que esto va a polarizarse y que vamos a tener escenarios mucho más violentos”, expresó.
En su opinión, el Régimen “ha hecho caso omiso de las leyes, de la Constitución para imponer” este proyecto minero. Aunque Paola Pabón, secretaria de la Política, manifestó que quienes se oponen son “un grupo focalizado, violento y minúsculo, que no ha tenido la voluntad de dialogar”.
El contexto
Nankints es una comunidad perteneciente al cantón San Juan Bosco, en el suroriente del país, que ayer lucía desolado. En medio del conflicto, según Inredh, están unas 80 familias, de las cuales 21 han sido desalojadas.
Sus habitantes, en su mayoría de la nacionalidad shuar, se dedican a la agricultura y a la caza. De acuerdo con Saavedra, muchos de ellos fueron “engañados” por un extraño, quien les compró tierras y luego las vendió a la empresa minera.
Señaló que los shuaras no son un pueblo violento, pero que en los últimos años han perdido a tres de sus integrantes, Bosco Wisuma, Freddy Taish y José Tendetza, en unos confusos incidentes que no terminan de ser aclarados.
“Toda esta serie de golpes van acumulándose y en un momento determinado hay una reacción violenta, frente a ese empuje violento que ha tenido el Estado”, puntualizó.
