El abogado Edgardo Araya, uno de los tres que ganó el juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), a la transnacional canadiense Infinito Gold, dueña del proyecto minero Crucitas, fue acusado penalmente por la empresa extranjera.

San José, 22 jul (elpais.cr) -El vocero de la transnacional, William Méndez, anunció en emisoras de radio que de prosperar la demanda donarán el monto que les reconozcan en la acción civil
Edgardo Araya, junto con los abogados ambientalistas Álvaro Sagot y Bernal Gamoa, lograron en el juicio Contencioso Administrativo que se eliminara un decreto del ex presidente Oscar Arias que declaraba de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas.

 

Igualmente, lograron que dicho Tribunal anulara los permisos otorgados por autoridades costarricenses para desarrollar el proyecto minero de oro a cielo abierto en Crucitas de San Carlos, a tres kilómetros del fronterizo río San Juan.

Además, el TCA condenó a la transnacional minera y al Estado por daño ambiental e irregularidades en la concesión.
Méndez dijo que la querella se presentó cerca de las 10 de la mañana de este jueves ante los Tribunales Penales de San José por difamación de persona jurídica y por hechos que constan en el expediente sobre los cuales prefirió no detallar.

Anunció además que se presentó una acción civil resarcitoria contra Araya por 500 millones de colones y que estos recursos ante una eventual condena, serían donados a la Municipalidad para reparación de escuelas y comedores escolares en las comunidades cercanas a la mina en Cutris de San Carlos, tales como Coopevega, Moravia, Chamorro, Crucitas, Llano Verde y el Jocote.

Méndez aseguró que los abogados de la firma se encuentran analizando otras acciones legales contra personas u organizaciones.
La demanda contra el abogado Araya, es la tercera querella por difamación, presentada por la transnacional canadiense, ya que también acusó a los legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), Manrique Oviedo y Claudio Monge.

Sobre la demanda, Monge Pereira dijo a este medio que la querella de Infinito Gold es una “cruzada en contra de las personas que han denunciado anomalías” en la concesión minera otorgada a la empresa.

“No me extraña ni me toma desprevenido”, dijo Monge al reiterar su oposición a la minería de oro a cielo abierto en Costa Rica. Afirmó que el oro se va del país y que esa actividad genera riqueza para unos pocos, destruye el medio ambiente y contamina el agua.

Sobre los 600.000 dólares que reclama la empresa como resarcimiento, Monge declaró que no tiene tanto dinero, pero que estaría dispuesto a ganarlo “reforestando todo lo que ha destruido” la compañía en la zona donde se ubicaría la mina.

Este medio trató de consultar al abogado Edgardo Araya pero no fue posible que brindara su reacción a la iniciativa judicial de la transnacional canadiense.