El anuncio de la empresa canadiense Industrias Infinito de llevar al país ante un tribunal de arbitraje internacional y la solicitud de indemnización por $94 millones por la anulación del proyecto de extracción de oro en Crucitas, en Cutris de San Carlos, reavivó el malestar en sectores ambientalistas.
Fuente: Semanario Universidad
Industrias Infinito pretendía extraer oro a cielo abierto en Crucitas, de San Carlos. Sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo, la Sala Primera y la Sala Constitucional ratificaron la anulación de la concesión y de la declaratoria de interés público que tenía el proyecto. (Foto: archivo)
La empresa, mediante un comunicado emitido por la casa matriz Infinito Gold, confirmó llevar la disputa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) con sede en Washington, debido a “una serie de violaciones al Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de Costa Rica para la Promoción y Protección de Inversiones”.
Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), aseguró que el país pudo haber descartado ir al arbitraje amparándose en que el mismo Tratado de Inversiones firmado con Canadá (Ley 7870 de 1999), excluye la posibilidad de acudir a esta vía cuando, con anterioridad, exista una resolución de tribunales nacionales.
“Ningún tratado internacional de protección de inversiones podrá ser entendido como una autorización para violar nuestro ordenamiento jurídico”, explicó Álvarez.
COSA JUZGADA
Tanto el presidente de la Fecon, Mauricio Álvarez, como el abogado y especialista en arbitraje internacional, Juan José Obando, Costa Rica pudo haber desistido de aceptar ir ante el Ciadi al existir sentencias judiciales contra la empresa y la concesión en el país.
Según estimaciones preliminares, la defensa del caso prevé unos $2 millones anuales”.
Según la Ley 7870 (Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) en el artículo XII, punto 3, inciso d, un inversionista podrá someter una diferencia a un arbitraje solamente si “en los casos en que Costa Rica es parte de la diferencia, ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene este Acuerdo”.
René Castro, ministro de Ambiente, aseguró que Costa Rica se sabrá defender ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y ganará la disputa. (Foto: Katya Alvarado)
Consultado al respecto, el Ministro de Ambiente, René Castro, y vocero del gobierno en el caso, negó que en el acuerdo de inversiones esté implícita la posibilidad de no presentarse ante el Ciadi.
“No es cierto que esto lo diga el tratado de inversiones. Eso se lo vi en el muro a José María Villalta, y refleja un punto de vista aislacionista en el que él cree que el país toma decisiones que no tienen interrelaciones con otros vecinos y que puede aislarse de las consecuencias”, aseguró Castro a UNIVERSIDAD.
“Es correcta la posición del ministro en cuanto el espíritu del tratado es precisamente proteger las inversiones Costa Rica-Canadá y viceversa. Son muy comunes y el país tiene varios tratados así, pero es incorrecta en el sentido de que en este acuerdo se incluyó una protección especial que no existe en ningún otro”, afirmó por su parte, Juan José Obando.
“Mi interpretación es que ninguna decisión judicial puede ser llevada a los tribunales extranjeros (Ciadi) porque Industrias Infinito al decidir someter el asunto a los tribunales nacionales, descartó esa posibilidad”, dijo.
“Eso queda claro tal y como lo demuestran las sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo TCA 3399-201014 de diciembre 2010, la cual ellos (Industrias Infinito) impugnaron, y se le rechaza a través de sentencia 1469-F-S1-2011. Vuelve a impugnar ante la Sala Constitucional y la sala le responde con un voto número 2013-8211 de junio 2013, donde también se les rechaza”, aclaró Obando.
“NO PODRÁN OBTENER SUMAS RELEVANTES”
El ministro de Ambiente, René Castro, asegura que el país está “bien preparado” para sortear la demanda ante el Ciadi.
“Yo no tengo la menor duda que el país va a salir adelante y que la empresa no va a poder demostrar en forma plausible su caso. La empresa tiene pocas posibilidades de obtener sumas relevantes y en el caso que haya que pagar alguna compensación será mínima, pero eso lo va a determinar un árbitro”, dijo.
Castro aseguró a UNIVERSIDAD que una de las “pruebas” que Costa Rica presentará ante el Ciadi, será precisamente los argumentos de las sentencias contra la empresa.
“Costa Rica va y presenta esa cosa juzgada, esa cuantificación del daño al árbitro y lo prueba y evidencia que lo que este señor dice no es correcto, pues así lo ratificaron los tribunales de mi país”, agregó.
Sin embargo, Castro también manifestó que también “será prueba fundamental” el estudio de daño ambiental causado”.
“Esta empresa no tenía ese derecho porque así lo determinó un tribunal costarricense y además causó un daño y debería compensar al país por ese daño”.
Por su parte, el abogado Álvaro Sagot consideró “muy desacertadas” las opiniones del vocero del Poder Ejecutivo, René Castro, en relación con el estudio de impacto ambiental.
“Nosotros logramos demostrar que los permisos y la declaratoria de interés público habían sido otorgados en fraude de Ley. Trataron de hacerlos aparentar como legales pero fueron ilegales. Esa improvisación a mí me asusta, porque puede ser que se esté montando una estructura, para que en medio arbitraje puedan decir que, pensando en los intereses del país, accedieron conciliar y llegaron a un arreglo extra arbitraje por el que van pagar x cantidad de millones”, afirmó.
INSEGURIDAD JURÍDICA
La vocera de Industrias Infinito en Costa Rica, Yokebec Soto, en su respuesta a UNIVERSIDAD mediante correo electrónico, desmintió que el Tratado Bilateral de Inversiones entre Costa Rica y Canadá incluya la posibilidad de Costa Rica para no acudir al Ciadi.
“El mismo no tendría sentido si todos los conflictos se pueden resolver en el país, es decir no existiría un mecanismo de resolución alterna de conflictos”, afirma.
Soto defendió el tema de los permisos ambientales otorgados aduciendo que “el Gobierno, por medio de sus funcionarios, otorgaron todos los permisos a la empresa quien los obtuvo de buena fe desde la administración Figueres Olsen. Estos permisos fueron defendidos por la Procuraduría General de la República durante el juicio contencioso administrativo, porque tanto la empresa como el Estado y el Sinac fueron acusados por organizaciones ´ambientalistas´.
“Es decir, para el Gobierno afirmar lo contrario en un Tribunal internacional sería una muestra más de las contradicciones de nuestro sistema jurídico, es parte de la inseguridad jurídica que se vive en Costa Rica. Eso sin contar las diferencias radicales entre las sentencias de la Sala Constitucional en el 2008 y del TCA y la Sala I en el 2010”, sentenció Soto.
“Costa Rica pierde mucho, en primer lugar más de 1.000 empleos directos en una de las zonas más pobres del país, además el desembolso que el Estado deberá hacer para su defensa de $2 millones anuales y, por supuesto, sume a esto la indemnización que esperamos obtener una vez que finalice el proceso”, advirtió.
¿Quiénes son los expertos?
Nicolás Boeglin, profesor de derecho internacional público de la Universidad de Costa Rica, cuestionó el silencio del Gobierno de Costa Rica acerca de quiénes están asesorando al país en este tema. Boeglin había sido demandado por la compañía minera por declaraciones presentadas en el documental “El oro de los tontos”, pero los tribunales lo absolvieron.
“En julio del 2010 Alfio Piva (primer vicepresidente de la Republica) dice que hay que pagar $1.700 millones. Él dice que esto sale de una decisión a la que llegan 12 expertos; al día de hoy no se saben quiénes son. El miedo es que ellos sean los que estén asesorando al Gobierno ahora”.
“Ellos hablan ahora que son 12 los expertos, los que están asesorando al Ministerio de Comercio Exterior y al Ministerio de Ambiente en esto, pero no quieren decir”, agregó.
Por su parte, Felipe Arguedas, asesor del diputado Manrique Oviedo aseguró que no han recibido respuesta a un oficio enviado hace más de tres años en el que solicitaban los nombres de los asesores nombrados por Piva.
“Ahora se les volvió a solicitar los nombres nuevamente, pero todavía están dentro del plazo para responder”, agregó Arguedas.
