El Estado obtiene una retribución muy baja por la explotación de sus recursos naturales. Esta enorme desproporción es producto del conjunto de leyes permisivas aprobadas en la década del noventa.
Esas leyes, complementadas por varios decretos de los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, permiten a las compañías no liquidar en el país las divisas de sus exportaciones, deducir de Ganancias sus gastos de exploración y computar como aportes de capital propio hasta 50 por ciento de sus avalúos de reservas.
Mineras embolsan 90% de las rentas
Fuente: TELAM
Las empresas mineras dedicadas a la extracción de metales mejoraron notoriamente su esquema de negocios tras la salida de la convertibilidad y se apropiaron de 89,2 por ciento de la renta promedio generada por la actividad en los últimos seis años, contra 10,8 por ciento que quedó en manos del Estado.
El dato se desprende de un pormenorizado informe elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (Iefe), que concluye que “el Estado obtiene una retribución muy baja por la explotación de sus recursos naturales, considerando que prácticamente toda la producción se exporta y finaliza la etapa de refinación en el exterior”.
El estudio estima que las dos principales compañías auríferas del país (Minera La Alumbrera y Cerro Vanguardia, que producen 94 por ciento del oro del país) obtuvieron entre 1999 y 2004 una ganancia de 996,2 millones de dólares, con un pico de 215,1 millones en 2002, gracias al “overshooting” cambiario inmediatamente posterior a la devaluación.
En el mismo período, los dos emprendimientos tributaron a las provincias de Catamarca y Santa Cruz sólo 58,8 millones de dólares en concepto de regalías, prácticamente el único impuesto que pagan gracias a las leyes que rigen su actividad desde 1993.
Esta enorme desproporción es producto del conjunto de leyes permisivas aprobadas en la década del noventa, que con el objetivo de fomentar la actividad minera y la inversión en el país generaron excesivas facilidades para las empresas privadas”, apunta el informe de la consultora que comanda el ex titular de la Aduana, José Sbatella.
Esas leyes, complementadas por varios decretos de los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, permiten a las compañías no liquidar en el país las divisas de sus exportaciones, deducir de Ganancias sus gastos de exploración y computar como aportes de capital propio hasta 50 por ciento de sus avalúos de reservas.
La “estabilidad fiscal” que les otorga la Ley de Inversiones Mineras de 1993 las exime además del pago de retenciones, impuesto al gasoil, tasa de sellos, tasa de estadística e impuesto al cheque, al tiempo que fija un techo para las regalías provinciales del 3 por ciento del valor en boca de pozo.
