Alfredo Cornejo le atribuyó a “una mayoría silenciosa que no protesta” la licencia social que lo habilita a avanzar con la megaminería metalífera en Mendoza, en general, y en Uspallata en particular, porque es un pueblo que resiste desde hace años el proyecto minero San Jorge. Esta interpretación arbitraria no está basada en ninguna evidencia o en una lógica objetiva, sino que sólo beneficia sus planes extractivistas e ignora la historia de la defensa del agua del pueblo mendocino.
Por: Noalamina.org
Fuente: explicito online
Las declaraciones, para el diario Los Andes, del gobernador de Mendoza acerca de la actitud por parte de la sociedad mendocina sobre la actividad minera resultan al menos impertinentes. No respeta, la férrea decisión de defender el agua como base fundacional de un territorio que ha logrado desarrollarse con actividades verdaderamente productivas haciendo un uso eficiente de ese bien común que siempre fue escaso. Ignorar las manifestaciones públicas, debidas a la ausencia de licencia social, contra la minería a gran escala es indignante.
Con una mirada sesgada por sus propios intereses manifestó:
“Creo que todos debemos trabajar para construir esa licencia, sobre todo las empresas. Pero también hay que pulir el concepto: ¿Una minoría activa que se expresa en contra vale más que una mayoría pasiva que no se manifiesta?”
Otra de las conclusiones del mandatario fue considerar que la Audiencia Pública para habilitar los 27 proyectos de exploración minera en lo que se denomina MDMO II (Malargüe Distrito Minero Occidental II) forma parte de lo que considera licencia social. Sin embargo, no hace ninguna referencia a las advertencias del IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) sobre el riesgo de afectación de los glaciares existentes en la región. Sólo hizo mención que la audiencia transcurrió “sin sobresaltos”; sin embargo, hubo muchas voces disidentes a los proyectos que no se tuvieron en cuenta.
El avance de San Jorge
Cornejo se manifestó respecto al proyecto minero San Jorge (en Uspallata) y destacó la importancia del espacio de audiencia pública aunque no sea vinculante:
“La audiencia pública va a ser un punto de inflexión”.
“Son muy relevantes y permiten abrir el diálogo con todos los sectores”.
Todos sabemos que no hay posibilidad de diálogo en las audiencias públicas. Las mismas son obligatorias para la aprobación de cualquier proyecto minero de exploración o explotación, pero representan más una puesta en escena que un verdadero debate sobre la actividad. Al no ser vinculantes, por más que sea mayor el número de oradores que participen y se opongan, no modificará la decisión política de avanzar con los proyectos.
Cabe recordar que en al año 2010, una audiencia masiva con más de 700 personas rechazó de manera contundente el proyecto minero. En ese momento, Cornejo dijo apoyar a los vecinos y a su propuesta de motorizar el Área Natural protegida Uspallata-Polvaredas.
No consideraría casual que, Federico Soria que investigó y definió el alcance, los objetivos de conservación, la zonificación y el plan de gestión del Área Natural Protegida, haya sido criminalizado y judicializado por causas armadas. La concreción del proyecto echaría por tierra la posibilidad de realizar extractivismos en esa zona, como sería el caso del Proyecto San Jorge. Teniendo en cuenta la biodiversidad, la representación de ecosistemas, y la relación con las comunidades locales, el diseño debe garantizar la preservación de la naturaleza y el equilibrio ecológico, a la vez que permitir el uso sostenible de los recursos.
Por otro lado, resulta casi grotesco que Cornejo afirme que:
“La mayoría de los mendocinos somos ambientalistas. Lo ha sido este gobierno y lo han sido los anteriores. Trabajamos para cuidar el ambiente, somos más eficientes en el uso del agua que hace 10 años”.
“Hay un grupo que, escondido detrás de la bandera ambientalista, es directamente antiminero. El día que distingamos uno de otro, la discusión será más llana y franca”.
Evidentemente, el gobernador está muy lejos de respetar mirada de un pueblo que eligió la Ley Nº 7722 para cuidar el agua de todos.
