El bloque oficialista tuvo que esforzarse para explicar el cambio de postura de varios de sus integrantes. La oposición habló de un “jueves negro ambiental”. Un incómodo FpV habilitó la minería con cianuro. Horne se retiró del recinto y otros admitieron sus dudas. VIEDMA (AV).- La derogación de la ley anticianuro provocó fuertes diferencias internas en el bloque oficialista. No obstante esa incomodidad, contradicciones y hasta una ausencia en el momento de la votación, el Frente para la Victoria tuvo número ampliamente suficiente aprobar el proyecto.
En adelante Río Negro abrirá paso a las inversiones mineras, a partir de la creación de un Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera del que participarán representantes del Ejecutivo, del legislativo, de las universidades nacionales, de los pueblos originarios, del Invap e intendentes.
Silvia Horne, quien había manifestado su oposición a la propuesta puertas adentro del bloque, no estuvo en el recinto a la hora de votar.
Entre los que se quedaron, César Miguel admitió que “el tema nos llena de dudas, hay datos difíciles de aceptar y se cae en la facilidad de justificar lo injustificable”. Afirmó que la implementación de la ley será “uno de los tantos desafíos para ponernos por delante, sin encorsetarnos”. Agregó que no puede ser la “situación desastrosa” la justificación de la norma y adelantó que “si tenemos que retroceder, retrocederemos, pero vamos a aceptar el desafío”. Junto con el resto de la bancada, votó a favor.
Alejandro Marinao reconoció que cuando fue intendente de Sierra Colorada impulsó una ordenanza que prohibió esa actividad en 2004, aún antes de la ley provincial. Sin embargo, destacó que el gobernador Carlos Soria en su campaña anunció la medida y la gente aceptó y lo votó. “A todos les dijo que reactivaría la minería, pero con controles”, dijo Marinao. Ana Piccinini explicó que ella votó la prohibición cuando integraba el bloque radical, pero lo adjudicó a “otro berrinche de Saiz”.
Los demás legisladores del FpV que se expresaron reiteraron las ideas de que ahora habrá controles efectivos y que se dará participación en el Consejo a distinto actores sociales y profesionales.
Magdalena Odarda, del ARI CC, calificó como “jueves negro en materia ambiental” a la jornada de ayer y planteó su intervención en cinco premisas: “no al cianuro, no al uso del agua, no a la falsa opción del gobierno minería o hambre, no a la regresividad legal en materia ambiental y no a la violación de los derechos de los pueblos indígenas”. Fundamentó cada una de ellas.
Leonardo Ballester, de la Concertación, pidió coherencia a quienes votaron en 2005 la ley que prohibía el uso de cianuro para la minería a cielo abierto. Por su parte, Bautista Mendioroz, le recordó a Piccinini su exposición en favor del principio precautorio. “Fue impecable su intervención. Creo en la minería, es una alternativa de desarrollo” dijo, pero aclaró que “un solo proyecto insumiría toda el agua disponible en la Región Sur, según estudios anteriores a la sequía”.
