Río Negro puso en vigencia el nuevo Código de Procedimientos Mineros. La intención política del texto es que la Provincia no sólo promueva la actividad sino que cuente con información actualizada del potencial minero en todas las áreas y que además ejerza la regulación como autoridad de aplicación.
Fuente: Río Negro
Se trata de la ley Nº 4941, que con 195 artículos derogó la anterior normativa en vigencia desde el 2002. El nuevo texto incorpora lineamientos inéditos para el país en materia de minería y movimiento de áridos.
En el territorio rionegrino hay 159 productores oficializados ante los registros. Sin embargo hay una gran cantidad de operadores funcionando al margen de la legislación, fundamentalmente en la zona de mayor movimiento para los minerales de tercera generación –las canteras de áridos– que se encuentran en la zona de los valles entre Catriel y Río Colorado. Otros lugares de intensa actividad se encuentran en la Línea Sur, principalmente en Jacobacci y Los Menucos. Pero el punto caliente está en Sierra Grande, donde se ubica la mayor mina de hierro de la región.
La actividad minera no sólo se encontraba bajo una amplia dispersión normativa, sino que también estaba desalentada desde el punto de vista de las oportunidades. Se conjugaron dos cuestiones. Por un lado, por las características de la industria donde las empresas suman acreaje para engrosar sus activos pero rara vez llegan a explotarlos y, por otro, por la desregulación de la administración central.
Gustavo Ferreyra, secretario de Minería de Río Negro, relata que en la provincia en los últimos 20 años la exploración fue casi nula. “Hay un solo depositario con potencial de explotación que es Calcatreu (plata y oro) y por allí ya pasaron varias empresas sin que haya avances significativos”, indicó.
En la industria hay un dicho, que explica su esencia, en el que se señala que cada 100 prospectos mineros uno solo se convierte en una mina. Y antes de que se ponga en producción son, al menos, tres las empresas que pasan por su titularidad.
Éste es uno de los principales aspectos que incorpora la nueva normativa y que tiene que ver con la información. Hoy la Río Negro no cuenta con datos sistematizados del potencial de las áreas de cada empresa e incluso ocurre –y ocurrió– que estos yacimientos son vendidos o canjeados internacionalmente sin que la Provincia reciba información al respecto.
Ferreyra explica que ahora las empresas estarán obligadas a informar, en un acuerdo de confidencialidad que la Provincia no podrá revelar hasta el fin de la concesión, y además se otorga a Empresa Minera Rionegrina SA (Emirsa) un plazo de 180 días, una vez caído el contrato de concesión, para que exprese su voluntad de someter el área a investigaciones. Es decir que la autoridad minera conformará una detallada base de datos.
Además del relevamiento, la nueva normativa sirve como una herramienta para controlar el cumplimiento del plan de inversiones para cada área y otorga las facultades para revertir las zonas en las que se detecten graves incumplimientos. Ferreyra agregó que además se sumarán controles en materia de seguridad, transporte y ambiente, bajo pena de apercibimientos y sanciones (de 100 a 10.000 litros de gasoil premium). El funcionario explica que por primera vez existe una “tipificación de las conductas sancionables” que va desde quienes infrinjan el Código de Procedimiento hasta quienes se dediquen a la actividad sin autorización, los que lo hagan por afuera de las canteras o por incumplimiento de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
“Debido a que no ha habido en los últimos años exploración, estamos trabajando en el saneamiento del padrón de productores y proyectos mineros en la provincia”, explica Ferreyra, y señala que “a las áreas que no han tenido movimiento, a las que no se les incorporó trabajo, se les caducan las concesiones, y los que pretendan continuar deberán presentar sus planes de inversiones”. El nuevo Código de Procedimientos Mineros pretende “encaminar a la minería como una actividad con estándares de excelencia”; sin embargo quedan otros debates pendientes como el cobro de regalías, fijado en el 3% de lo producido.
