San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina – 27/07/05. El gobierno provincial otorgó un “permiso de exploración” minera sobre un campo particular lindante con el río Pichileufu, donde los estudios previos indican que podría haber oro y plata. El propietario de la estancia “La Irene”, Antonio Zgaib, se mostró extrañado por la notificación y se negó a firmarla. Parecida reacción habrían tenido otros vecinos suyos, que también deberían abrir paso a firmas habilitadas para el cateo y la prospección minera. Diversas organizaciones y comunidades que resisten la actividad minera sostienen que es necesario derogar las leyes que conforman la normativa minera nacional a las que califican de “entreguista”.
Fuente: diario Río Negro
Hasta ahora los sitios de interés relacionados con la eventual extracción de oro se concentraban alrededor de Jacobacci. Pero “La Irene” se encuentra en el departamento Pilcaniyeu, a sólo 50 kilómetros de esta ciudad.
La novedad generó el abierto rechazo de la ONG Comunidad del Limay, que reclamó la derogación de las leyes que enmarcan el actual régimen de explotación minera.
Al menos dos legisladores provinciales electos el último domingo también se interesaron en la cuestión e iniciaron un contacto con el abogado de la Comunidad del Limay, Rubén Marigo, a fin de conocer más detalles y estudiar las acciones a seguir.
A raíz del rechazo provocado por el proyecto Calcatreu, el gobernador Miguel Saiz impulsó hace un par de años el dictado de una ley que prohibió la minería con uso de cianuro y mercurio.
Aun así continuaron las autorizaciones a distintas empresas interesadas en la explotación aurífera para realizar sondeos en suelo provincial.
La Comunidad del Limay considera que el único camino para detener ese avance es “la derogación de la ley 2.819, a través de la cual la provincia adhirió a la nefasta ley nacional 24.196”, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem.
La ONG barilochense recordó que de acuerdo a esa normativa son mínimos los montos que el Estado recibe de las empresas por derechos y regalías del metal extraído, mientras que debe pagar reembolsos del 5% si el producto es exportado por puertos patagónicos.
Un planteo similar sostiene desde hace tiempo la Pastoral Social de la Iglesia Católica local, que cuestiona el desarrollo de la minería de oro con lixiviación de cianuro.
