Ecuador – 22/05/07. Múltiples demandas fueron planteadas al gobierno nacional y autoridades regionales por parte de comunidades y organizaciones ecuatorianas que ven que amenazadas la vida y el ambiente, sufren desplazamiento humanos, la apropiación de extensos territorios, de las aguas, de la biodiversidad, en desmedro de la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo ecuatoriano. De de no ser atendidas con la urgencia que ameritan, la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía iniciará el día 5 de junio a las 0 hs. un LEVANTAMIENTO NACIONAL hasta que las concesiones sean anuladas, se hagan respetar sus justos derechos y se restablezca la paz en sus comunidades.
El artículo incluye al pie la nota: Pastoral Indígena Amazónica: NO A LA MINERÍA

AL PUEBLO ECUATORIANO: 5 DE JUNIO, LEVANTAMIENTO NACIONAL!
COORDINADORA NACIONAL POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA SOBERANIA

Ecuador, 22 de mayo, 2007
Contacto: coor_nacionaldvs@yahoo.es

Considerando que en la actualidad las actividades de las transnacionales mineras y de hidroeléctricas privadas están causando conflictividad social, que amenazan la vida y el ambiente, desplazan comunidades, se apropian de extensos territorios, de las aguas, de la biodiversidad, y van en desmedro de la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo ecuatoriano. Que el territorio nacional, los ríos y cuencas hídricas han sido festinados y nos encontramos frente a una verdadera invasión de las transnacionales mineras e hidroeléctricas privadas…

Que los regímenes anteriores han entregado en bandeja de plata nuestros recursos naturales a la voracidad de las empresas transnacionales y privadas. Que el pueblo ecuatoriano ha visto en el Gobierno del ciudadano Rafael Correa la posibilidad de que realmente la Patria vuelva a ser nuestra y de que los atropellos cometidos en anteriores gobiernos sean castigados.

Que el Ministerio de Energía y Minas reconoce que el 99% de las concesiones mineras no cuentan con la consulta previa como lo establece la Constitución.

Que el Ministro de Energía y Minas ha expresado públicamente que no se justifica el derramamiento de una sola gota de sangre por más rentable que sea el proyecto minero y que la economía debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía.

Y que el Presidente Rafael Correa ha dicho que el soberano es el pueblo y que él hará lo que el soberano demande.

Las comunidades y organizaciones afectadas por los megaproyectos de las transnacionales mineras, de hidroeléctrica privadas y concesiones hídricas, en ejercicio de nuestros derechos ciudadanos exigimos al Gobierno Nacional:

La salida inmediata de las mineras e hidroeléctricas de nuestras comunidades.

Que mediante decreto ejecutivo se deje sin valor las concesiones mineras, hidroeléctricas e hídricas en aplicación del Art. 272, por haber violado los Art. 86 y 88 de la Constitución y se declare a Ecuador PAÍS LIBRE DE MINERÍA A GRAN ESCALA.

Desmilitarización y retiro de paramilitares y grupos armados de las zonas en conflicto.

Que se investigue y sancione la violación de los derechos humanos cometidos por las empresas mineras transnacionales, y en particular la Aurelian Resources, Corriente Resources Inc. y Ascendant Copper S.A. con apoyo de las fuerzas armadas o grupos paramilitares.

Poner fin a la criminalización de las luchas sociales y ambientales que se expresa en los juicios y procesos “legales” en contra de los dirigentes y las organizaciones que resisten a las empresas extractivas.

Que se sancione mediante la Ley de Defensa del Consumidor por la propaganda engañosa y mal intencionada de la Cámara de Minería del Ecuador.

Que se garantice la libertad de expresión de las comunidades afectadas por las mineras e hidroeléctricas a través de los medios de comunicación.

Que el gobierno nacional demande a las empresas mineras e hidroeléctricas por daños y perjuicios.
Que se garantice la integridad física y no se tome represalias de ningún tipo contra los participantes en el levantamiento nacional.

Éstas y otras demandas han sido presentadas en varias ocasiones al Gobierno, en la persona del Sr. Presidente de la República, del Ministro de Energía y Minas, del Subsecretario de Minas y de funcionarios de las regionales, por ello de no ser atendidas con la urgencia que ameritan, el día 5 de junio iniciaremos un LEVANTAMIENTO NACIONAL hasta que las concesiones sean nulitadas, se hagan respetar nuestros justos derechos y se restablezca la paz en nuestras comunidades. El levantamiento se iniciará el día 5 de junio a las 00hs.
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PASTORAL INDÍGENA AMAZÓNICA: *NO A LA MINERÍA*
Definir una posición ante la explotación de la minería a gran escala (a cielo abierto o subterránea), fue el objetivo que reunió a cuarenta personas el pasado 22 de mayo en el Vicariato de Méndez, al sureste de Ecuador.

Los/as participantes provenían de la Pastoral Indígena Amazónica, que agrupa a Vicariatos de las provincias de Morona Santiago, Napo, Pastaza, Orellana y Sucumbíos.

Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica, organización invitada al encuentro, expuso distintos impactos sociales y ambientales que la minería a gran escala ha tenido desde los noventa en países como Perú, Bolivia y Chile, en donde:

– la población empleada en la actividad no ha superado sus precarias
condiciones de vida, sino que más bien se ha visto envuelta en situaciones de violencia,
– las comunidades circundantes a las mineras han visto limitado su
acceso a alimentos (Guañuni, Bolivia) y a los bienes de la naturaleza, han sufrido graves consecuencias en su salud (los “niños del plomo” en el Perú) e incluso se han visto desplazadas de sus territorios (El Carmen, Chile),
– el ambiente (flora y fauna) ha sufrido daños irreversibles, como la
contaminación tóxica de aguas superficiales y subterráneas, puesto que la minería a gran escala cuenta con “tecnología de punta” para reducir sus gastos de inversión pero no para reparar los daños naturales producidos,
– los beneficios económicos, incluso en el caso de Chile, han sido
jugosos para las empresas transnacionales (en el país del cono sur se han triplicado), pero pequeños para los Estados.

Chicaiza informó que en el Ecuador hay concesionadas cerca de 4 millones 111 mil hectáreas de territorio, cifra que supera levemente la superficie designada para la minería en Perú en 1992 (4 millones de hectáreas). Para 1997 las concesiones en el país vecino alcanzaron los 24 millones de hectáreas.

Para Frank Lorinquias como miembro de la comunidad shuar en Pastaza, expresó “no a las mineras ni a las hidroeléctricas, porque van a perjudicar el futuro de nuestros hijos y nietos; a pesar de que tengamos recursos económicos ahora, para el futuro no habría esperanza: no va a haber agua, ni pesca, ni aves, ni bosques”.

Miguel Bohórquez, del Vicariato del Puyo (Pastaza), dijo que hay
perspectivas de hacer muchas cosas “por los que estamos viviendo y por los que deben venir, para que no vivan entre cuatro paredes y cemento, sino en la naturaleza como la disfrutamos”

Para Cristina Antun, del Vicariato de Méndez (Morona Santiago), mientras los países del norte restringen la llegada a los inmigrantes, los representantes de las compañías transnacionales “entran aquí porque está abierta la puerta y ellos tienen que respetarnos a nosotros”.

El Padre Juan de la Cruz Ribadeneira, miembro del Equipo de Pastoral
Indígena, se hizo eco de un manifiesto que hicieron recientes varios obispos de El Salvador y Guatemala sobre el tema minero en Centroamérica: “ya no podemos callar, ya no podemos esperar más porque va a ser demasiado tarde, tenemos que hablar de este asunto con claridad, desde la iglesia”.

El 27 de marzo pasado el Ministro de Energía y Minas de Ecuador, economista Alberto Acosta, anunció el 27 de marzo pasado la revisión de 681 concesiones mineras en producción (10,6 mil hectáreas), de un total de 4.112 concesiones mineras que se han otorgado en el país (2,8 millones de hectáreas), según cálculos ministeriales. [1]

También emprendió un proceso llamado “diálogo minero”, ante el cual varias comunidades del país – agrupadas en la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida y la Soberanía – han puesto condiciones previas para su participación, como la salida efectiva de las empresas mineras de sus territorios. Jorge Jurado, Subsecretario de Minas, ha indicado sobre la actividad minera que “al momento solo se cumplen ocho requisitos que solo son de forma, más el estudio de impacto ambiental cuando se inicia la explotación”. [2]

Jurado también ha mencionado a la Asamblea Constituyente como un espacio para tratar el tema.

Tras el análisis de los posibles impactos que tendría la explotación minera en la vida de varias comunidades ecuatorianas, así la inequidad entre las fuerzas presentes en este conflicto que se vive actualmente en el país, la conclusión unánime al finalizar la jornada fue la de apoyar de manera incondicional a las poblaciones que se resisten a esta nueva imposición del modelo extractivista, conocido por su carácter depredador de la naturaleza, muestra de lo cual son las actividades petrolera y maderera, entre otras.

*Quito, 25 de Mayo de 2007. Cristina Morales, comunicadora social.*

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[1]http://e1.f537.mail.yahoo.com/ym/Compose?YY=31027&y5beta=yes&y5beta=yes&inc=25&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&box=Inbox#_ftnref1
Diario La Hora, B1, 27 de marzo de 2007.
[2]http://e1.f537.mail.yahoo.com/ym/Compose?YY=31027&y5beta=yes&y5beta=yes&inc=25&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&box=Inbox#_ftnref2
La Hora , B8, 16 de mayo de 2007.