La puja estalló ante el atraso en la autorización que acusa la mina San Jorge en Uspallata, hecho por el cual el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, responsabiliza a la empresa por la falta de estudios hidrológicos. Críticas del municipio de Las Heras.
Fuente: diario Los Andes
19/07/20010. “San Jorge no presiona. Estamos preocupados por las demoras injustificadas del procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, dijo uno de los voceros de la Minera San Jorge, apuntando a la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Mendoza.
El organismo es el blanco de los dardos de la empresa y, en el mismo sentido, por parte de la Municipalidad de Las Heras, que conduce el presidente del Partido Justicialista, Rubén Miranda, por retraso en la evaluación ambiental.
Frente a esto que a todas luces parece una avanzada y una presión, el propio secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, lo considera “un apriete”.
“Es ridículo que la empresa se lleve el emprendimiento a San Juan, cuando se trata de recursos naturales de la Provincia”, admite Carmona.
Pero aún así se niega a hacer lecturas políticas del tema y se aferra a argumentos técnicos para justificar las demoras en el proceso de validación de la explotación minera que divide a Uspallata: “La empresa nos está debiendo un estudio hidrológico de la cuenca del Arroyo del Tigre”.
El secretario de Ambiente despliega su defensa para explicar las demoras que, supuestamente, han cansado tanto a la empresa minera como para levantar campamento y partir hacia San Juan, una tierra que los recibiría con los brazos abiertos en Calingasta, de acuerdo a una nota publicada por Los Andes el sábado 17 de julio.
La minería no goza de buena imagen popular, así es que en la provincia, durante el Gobierno de Julio Cobos, se aprobó la Ley 7722, al calor de la resistencia antiminera de varios departamentos de Mendoza, humor social que no se termina de calmar y que amilana a más de un político.
“Es un camino complejo el que marca la Ley 7722”, dice Carmona. Y sostiene que el proceso está paralizado por que la minera debe un estudio hidrológico clave para la Secretaría: Saber si el Arroyo del Tigre pertenece a una cuenca abierta o cerrada. Esto es, si el arroyo es afluente de otros ríos o no, particularmente del Río Mendoza, de dónde se provee de agua el Oasis Norte de la provincia.
“Ese estudio cuesta 400 mil pesos, que es nada para la industria minera. Se los pedimos en febrero pasado. Hace unos días nos contestan que consultemos a los departamentos que pertenecen a la cuenca del Río Mendoza, lo que implícitamente indica que el Arroyo del Tigre es una cuenca abierta”, dijo Carmona.
Desde San Jorge, Pablo Alonso exhibió el arsenal argumental de la empresa, en la declarada guerra lanzada contra Carmona y la Secretaría de Ambiente.
Además de calificar de “injustificada” la demora en el trámite de la Declaración de Impacto Ambiental, negó rotundamente que San Jorge deba algún estudio. “Si debemos algún estudio, deberíamos haber sido notificados por resolución. El Gobierno y la Secretaría hablan con resoluciones”, dijo Alonso.
De acuerdo a la visión del vocero de San Jorge, el procedimiento de la Declaración de Impacto Ambiental ya debería estar en la etapa del llamado a audiencia pública, puesto que todos los otros pasos anteriores ya están cumplidos.
“El procedimiento evaluativo está absolutamente fuera de todos los plazos legales sin que exista ningún acto administrativo que justifique o de modo alguno explique esta infundada dilación”, reza un documento de la empresa al que suscribe Alonso.
Respecto del estudio que, según Carmona, aún falta entregar, Alonso dice que efectivamente, por la resolución 506/2010 el Departamento General de Irrigación, solicitó ese informe, pero ese pedido no interfiere con el desarrollo de la Declaración de Impacto Ambiental, porque “nos reclama que lo presentemos antes de que se inicien las obras de explotación y no antes de la audiencia pública”.
Hasta acá, el conflicto no parece más que una diferencia de criterios entre un privado y el Estado, planteada en un momento sensible en cuanto a la partida de empresas hacia San Juan.
Sin embargo, adquiere envergadura política cuando desde la Municipalidad de Las Heras, su director de Desarrollo Económico, Carlos Corengia, admite que “estamos preocupados por la demora”.
Corengia habla de “metodología dilatoria”, sin que Los Andes haya consultado acerca del humor existente contra la labor de Carmona en este caso. Eso sí, el funcionario lasherino dice que la empresa ha probado que la cuenca del arroyo es cerrada reforzando los argumentos de la empresa.
Un planteo “ridículo”
Guillermo Camona dice que “es ridículo que se lleven el proyecto a San Juan”, cuando se trata de recursos naturales que se encuentran en territorio mendocino.
Al respecto, y bajando el tono de la noticia publicada por Los Andes el sábado pasado, Pablo Alonso señala que hay interés de San Juan para que la empresa invierta en esa provincia, pero eso no implica que hayan perdido el interés en el yacimiento.
“Nuestro emprendimiento necesitará grandes cantidades de cal, insumo disponible en Los Berros. Por este motivo, creemos que la región se transformará en un gran polo minero”.
El escenario está planteado y queda claro el enfrentamiento con Carmona, una guerra en la que San Jorge contaría con aliados al interior del oficialismo gobernante, aunque las principales espadas todavía se blanden en las sombras.
