La arqueología no acepta la minería

La Escuela de Arqueología, de la Universidad Nacional de Catamarca rechazó “cualesquiera donativos, aportes y toda injerencia económica -bajo cualquiera de sus modalidades- provenientes de las empresas mineras”. En particular, rechaza los fondos provenientes de las utilidades de YMAD-Alumbrera. La Declaración emitida amplía la postura, objeta la política extractiva y llama a debate sobre el rol de las universidades públicas.

 

MAYO DE 2010

La irrupción de la minería transnacional a gran escala en nuestro territorio provincial y regional ha provocado, desde sus inicios en los 90 hasta nuestros días, una innegable transformación estructural de las bases y condiciones de la vida social local; la sola radicación y entrada en explotación de uno de estos emprendimientos (Minera Alumbrera, 1995) ha implicado no sólo impactos económicos y ecológicos significativos, sino que también ha desencadenado profundos cambios culturales y políticos.

Frente a este marco y a la articulación entre las empresas que desarrollan estos emprendimientos y las Universidad Nacionales, la Escuela de Arqueología ha decidido abrir una instancia interna de debate con el objeto de escuchar todas las voces involucradas y los diferentes puntos de vista e intereses asumidos por los integrantes de esta unidad académica, a fin de analizar las diferentes posturas, evaluar las diferentes implicaciones epistemológicas, éticas y políticas implícitas en las mismas, objetivar el conflicto y dar lugar a un proceso de construcción democrática de una posición institucional respecto de esta problemática, una posición que -si no de modo unánime-, exprese sí el sentido y el espíritu mayoritario del conjunto de integrantes de nuestra comunidad académica. Esta convocatoria fue materializada el día 14 de mayo de 2010 donde, luego de un prolongado debate, se tomaron las siguientes decisiones:
– Expresar el decidido rechazo de las políticas neoliberales que hicieron posible y que siguen sustentando la radicación y expansión de mega-explotaciones mineras con el uso de sustancias tóxicas, y que permiten que nuestras riquezas naturales sean apropiadas y usufructuadas por grandes corporaciones transnacionales.
– Manifestar nuestro más enérgico repudio a las políticas de represión y criminalización ejercidas contra las legítimas manifestaciones de protesta y resistencia social frente al modelo minero, extendiendo nuestra solidaridad a las comunidades más directamente afectadas en las violaciones de sus territorios y bienes ambientales y en la vulneración de sus derechos de ciudadanía.
– Nuestra unidad académica decide rechazar y repudiar cualesquiera donativos, aportes y toda injerencia económica -bajo cualquiera de sus modalidades- provenientes de las empresas mineras. En particular, decidimos rechazar los fondos provenientes de las utilidades de YMAD-Alumbrera, bajo la excusa de la aplicación del art. 18 de la Ley Nº 14.771, entendiendo que constituye una flagrante vulneración del sentido y el espíritu originarios de dicha disposición.
– Realizar un llamado a la comunidad académica de nuestra Universidad y a la sociedad en general a entablar una férrea defensa del carácter público de nuestra Universidad. Invitamos, en especial, a emprender un profundo debate sobre las distintas modalidades y circunstancias que afectan o pueden llegar a afectar el carácter de SERVICIO PÚBLICO que cualifican y debe distinguir el rol y las funciones de nuestra Universidad.

Fundamentación y ampliación de la Declaración de la Escuela de Arqueología – UNCa
Minería Transnacional, Comunidades locales y Universidades Públicas

La irrupción de la minería transnacional a gran escala en nuestro territorio provincial y regional ha provocado, desde sus inicios en los 90 hasta nuestros días, una innegable transformación estructural de las bases y condiciones de la vida social local; la sola radicación y entrada en explotación de uno de estos emprendimientos (Minera Alumbrera, 1995) ha implicado no sólo impactos económicos y ecológicos significativos, sino que también ha desencadenado profundos cambios culturales y políticos.

A medida que las políticas oficiales han pretendido ampliar y profundizar sus operaciones como supuesto “motor de desarrollo”, los aspectos controversiales de tales impactos y transformaciones se han hecho cada vez más intensos, generándose un clima de conflictividad social creciente y generalizado que no se restringe ahora a las comunidades y áreas de incidencia directa de las principales explotaciones en curso y proyectadas, sino que abarca a un vasto conjunto de la sociedad y que involucra e interpela a los más diversos sectores y actores sociales locales, entre ellos, por supuesto, nuestra Universidad.

Dado su papel institucional en la producción y validación social del conocimiento, y su consecuente incidencia pública en tanto agente de legitimación de determinadas visiones, prácticas y políticas, la conflictividad social desencadenada a raíz de la mega-minería transnacional ha tenido y tiene en el seno de la comunidad universitaria una repercusión especialmente intensa. Por un lado, en su rol público institucional, la universidad ha sido objeto de demandas contradictorias por parte de agentes gubernamentales, empresas y comunidades. Por otro lado, como comunidad heterogénea y activa que alberga a una diversidad de profesionales, estudiantes, docentes, investigadores y funcionarios, ha entablado distintos tipos de relaciones con diferentes actores, asumiendo posiciones de hecho, explícita o implícitamente, en relación a la “cuestión minera”. De tal modo, nuestra universidad no sólo se ha constituido como un espacio de resonancia de la conflictividad minera, sino que se halla profundamente atravesada e implicada en el desarrollo de la misma, tanto en términos de prácticas hacia el interior de la comunidad universitaria, como en relación a las actividades que ésta despliega en interacción con la sociedad local.

En el caso concreto de nuestra Escuela de Arqueología, esto nos afecta de un modo muy cercano, en tanto interpela directamente nuestras prácticas profesionales. Así, distinta/os integrantes de la Escuela de Arqueología nos hemos visto involucrada/os en este escenario sumamente complejo, desde muy diversos y contrapuestos roles, ya como investigadora/es en áreas cercanas a actividades mineras, ya como agentes públicos de contralor de los impactos de las mismas, como consultora/es y/o personal contratado por las empresas mineras para tareas de distinto tipo, ya como estudiantes y docentes militantes de distintos colectivos sociales que se oponen a este tipo de actividades.

Asimismo, dentro de esta problemática, un aspecto especialmente conflictivo es el relativo al ostensivo y “naturalizado” involucramiento de la Universidad con las empresas mineras -no sólo, aunque sí más relevante con Minera Alumbrera Ltd.- a través de prácticas de donaciones de diverso tipo, el financiamiento de actividades institucionales y hasta la participación de alumna/os y del personal de la Universidad en actividades de “responsabilidad corporativa” de las mismas. Las controversias suscitadas por este tipo de prácticas no han hecho sino agudizarse en los años recientes, a raíz de la distribución de fondos provenientes de las utilidades de YMAD-Alumbrera hacia el conjunto de las universidades nacionales a través del Consejo Interuniversitario Nacional, en función de la letra de una ley del año 1958 (art. 18° de la Ley Nacional Nº 14.771), hecho que ha dado lugar a un intenso debate en diversas universidades públicas del país respecto a la pertinencia ética y política de aceptar o rechazar esos fondos y como consecuencia del cual, más de treinta unidades académicas y tres universidades nacionales (la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Luján) decidieran rechazarlos.

En virtud de estas circunstancias, la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca (EDA-UNCA) a través de su Director y del Consejo Asesor, ha decidido abrir una instancia interna de debate con el objeto de escuchar todas las voces involucradas y los diferentes puntos de vista e intereses asumidos por los integrantes de esta unidad académica, a fin de analizar las diferentes posturas, evaluar las diferentes implicaciones epistemológicas, éticas y políticas implícitas en las mismas, objetivar el conflicto y dar lugar a un proceso de construcción democrática de una posición institucional respecto de esta problemática, una posición que -si no de modo unánime-, exprese sí el sentido y el espíritu mayoritario del conjunto de integrantes de nuestra comunidad académica.

Con esa intención y objetivo, el pasado viernes 14 de Mayo se llevó a cabo la Jornada de Debate “Arqueología, Arqueólogos y Mega Minería, que contó con la participación de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes. El encuentro se estructuró en torno al debate sobre las condiciones y efectos histórico-políticos de la irrupción de la mega-minería transnacional en nuestra realidad regional, sus impactos económicos, ecológicos, políticos y culturales; las vinculaciones que las empresas mineras tienen con nuestra Universidad, y sobre las implicaciones y consecuencias que tienen los diferentes papeles que las/os arqueólogas/os desempeñan en tales procesos. Se debatió especialmente el tema de los fondos provenientes de las utilidades de YMAD-Minera Alumbrera y la postura a asumir por la EDA frente a los mismos. Como producto de tales deliberaciones, se arribó a la elaboración consensuada de la siguiente posición institucional.

Posición de la Escuela de Arqueología (UNCa) ante los impactos, implicaciones y consecuencias de la Mega-Minería Transnacional en nuestra realidad regional.

A más de 15 años de transitada la experiencia social de la radicación del primer mega-emprendimiento minero metalífero a cielo abierto, nuestra sociedad local ha experimentado una drástica transformación de su entorno natural y social. La irrupción de este tipo de explotaciones -centralmente ligadas a los avatares del mercado mundial- ha significado un abrupto proceso de reconfiguración socioterritorial, que -una vez más- bajo el revestimiento legitimador de un “proyecto modernizador” -esta vez, bajo la retórica de la globalización-, se ha impuesto ciegamente, con irresponsables niveles de desconocimiento por parte de la dirigencia política local y sin la adecuada participación de la población.
De hecho, las poblaciones de la provincia de Catamarca se vieron forzadas a “conocer” la naturaleza e impactos de este tipo de explotaciones por medio de la vivencia directa de tales consecuencias en tanto poblaciones damnificadas. Ciertamente se verifica una radical transformación en las modalidades y condiciones de vida de las comunidades más directamente afectadas por estas explotaciones, mas no en el sentido de las promesas realizadas por el discurso modernizador oficial. La falta de empleo, la pobreza estructural y la población en condiciones de inseguridad alimentaria siguen siendo problemas crónicos en nuestra realidad provincial, agravados ahora por el drástico deterioro de las condiciones ambientales de los ecosistemas locales, la falta de acceso a la tierra y al agua, el deterioro estructural de las economías locales y la destrucción de los medios de vida y estrategias de reproducción de los grupos domésticos1.
Como en otros lugares del mundo, este tipo de explotaciones ha significado el drástico deterioro de las condiciones ecológicas, económicas, culturales y políticas de la vida en las comunidades locales. Una vasta bibliografía y crecientes investigaciones en curso dan cuenta de los graves y, en muchos casos, irreparables daños que implican las explotaciones mineras a gran escala con el uso de sustancias tóxicas; lo que, de hecho, la han convertido en una de las industrias más fuertemente resistidas a nivel mundial. La destrucción y alteración a gran escala de ecosistemas y paisajes enteros, con el consiguiente impacto negativo sobre la flora y la fauna; la afectación de la cantidad y calidad de los suelos y los cuerpos y cursos de agua; el deterioro de la calidad atmosférica por la emisión de gases tóxicos y de material particulado con presencia de metales pesados; la generación de procesos de drenaje ácido de mina y el descomunal consumo hídrico y energético que este tipo de explotaciones insume, constituyen algunos de los impactos ambientales más gravosos y más ampliamente reconocidos2.

Sumado a la destrucción y despojo ecológico-territorial que implica este tipo de explotaciones, su incidencia micro y macro económica resulta abiertamente negativa: más allá de los índices de crecimiento de los valores de mercado extraídos y de las alzas en las exportaciones, estamos en presencia de “economías de enclave”, de tipo netamente extractiva y que -como ha sido estudiado en profundidad desde el estructuralismo latinoamericano y las teorías económicas de la dependencia en los años 60 y 70-, sólo producen una dinámica de integración subordinada al mercado mundial, con actividades con muy bajo impacto en la generación de empleo, sin eslabonamientos locales que permitan la difusión del “crecimiento” a otros sectores y mucho menos, que alienten el desarrollo de capacidades endógenas de la estructura productiva local3.

Como investigadoras/es, docentes y estudiantes, no nos cabe desconocer el origen de las transformaciones estructurales que dieron lugar a la repentina avanzada de la minería transnacional sobre la riqueza geológica de América Latina y de nuestro país, en particular; tampoco sus condiciones y sus consecuencias histórico-políticas. En tal sentido, no se puede pasar por alto que este fenómeno se halla profundamente ligado y forma parte de las políticas neoliberales aplicadas desde los años 70 hasta nuestros días, y a sus siniestros objetivos geopolíticos.

Impulsadas por los organismos multilaterales y las instituciones financieras internacionales (FMI, BM, BID, OMC, etc.), y suscriptas en los países de nuestra región por las dictaduras militares de los 70 y luego afianzadas con las reformas institucionales de los 90 (privatizaciones, apertura comercial y financiera indiscriminada, liberalización y desregulación de las relaciones laborales y del acceso y explotación de los recursos naturales, etc.), tales políticas impulsaron una masiva transferencia y relocalización de las denominadas “industrias sucias” en general, y extractivas, en particular, desde los países centrales hacia las diferentes regiones y economías periféricas del sistema capitalista mundial, como respuesta a la “crisis ecológica” que empieza a visibilizarse en la agenda política mundial a inicios de los años 70.En el caso concreto de la industria minera, el Banco Mundial propició una profunda reforma del régimen legal minero, basado en tres ejes principales: permitir el libre e irrestricto acceso del capital transnacional sobre la reserva de recursos geológicos de la región a través de un nuevo régimen de concesiones mineras4; un sistema especial de grandes beneficios fiscales y comerciales que se propician como “incentivos” a la inversión minera, considerada “de alto riesgo” y de “largo plazo” de amortización5; y una legislación y sistemas de controles ambientales extremadamente laxos y con estándares bastante menos exigentes que los vigentes en los países centrales6. Aplicado inicialmente en el régimen dictatorial de Pinochet en Chile (Decreto Ley Nº 600/74 del Estatuto de Inversión Extranjera; Ley Orgánica Constitucional Nº 18.097/81 sobre Concesiones Mineras) y adoptado luego, en sus contenidos principales, por el resto de los países de la región durante la década de los 90, tales reformas se implementaron en nuestro país a partir del año 1993, cuando se sanciona la Ley Nº 24.196, de Inversiones Mineras, seguida de una serie de leyes complementarias7. El objetivo manifiesto de tales reformas fue el de propiciar la “recuperación” de las tasas de rentabilidad de las empresas mineras, afectadas en sus operaciones en los países centrales por los rendimientos decrecientes de sus yacimientos, los mayores costos fiscales y presiones sociales ante los impactos ecológicos de las actividades extractivas y las crecientes limitaciones y regulaciones en materia ambiental y sanitaria en tales países8.

Las nuevas condiciones políticas e institucionales instauradas bajo la oleada neoliberal significaron la pérdida de la capacidad de regulación y control por parte de los estados nacionales frente a las grandes corporaciones transnacionales, la apropiación destructiva de los bienes ecológicos (denominados en la jerga tradicional como recursos naturales “no renovables”), y la fenomenal apropiación de las rentas y excedentes financieros que éstas realizan a través de este “modelo minero” implantado. El territorio latinoamericano se convirtió en proveedor intensivo de bienes y servicios ambientales para abastecer la desenfrenada carrera consumista del “mercado mundial”.

El “modelo minero” es un caso paradigmático de este proceso: tras las reformas neoliberales -aún vigentes, cabe aclararlo- América Latina no sólo se convirtió en el “destino privilegiado” de la inversión minera transnacional (pasando de captar el 11 % a más del 35 % de la misma en el lapso de las dos últimas décadas) sino también en el proveedor por excelencia de recursos mineros cada vez más escasos y estratégicos a nivel mundial: en la actualidad, la riqueza geológica de la región abastece el 45 % del cobre, el 40 % de la plata, y poco más del 25 % del zinc, el estaño y el oro que se consume a nivel mundial, siendo que, en promedio, el consumo de minerales de la región representa apenas el 5 % del consumo mundial (Sánchez Alvabera et al., 1998; Sánchez Alvabera y Lardé, 2006; Campodónico y Ortiz, 2002; Moussa, 1999) . Junto a esta expropiación ecológica directa -relativa a la apropiación desigual de “recursos no renovables” como los minerales- acontece una velada apropiación indirecta de bienes y servicios ambientales, ligados a los requerimientos ambientales que implica la actividad extractiva: para dimensionar este aspecto cabe señalar que una explotación a cielo abierto estándar implica la voladura de 150 mil toneladas de montaña por día, el consumo de 1000 litros de agua por segundo, alrededor de 5 MW de energía eléctrica por tonelada de mineral concentrado y entre 30 y 50 millones de litros de combustible anuales (Instituto de Estudios Económicos Mineros-GTZ, 1993; COCHILCO, 2008).

En este contexto y a la luz de los efectos observados, asumimos que la creciente resistencia social de las poblaciones a estas explotaciones constituye una legítima reacción a los daños e impactos referidos así como a las frustraciones provocadas por las vanas promesas de prosperidad económica y laboral. A lo largo de la última década puede verse, no sólo en nuestra realidad provincial sino ya en toda América Latina, la expansión y crecimiento de los conflictos sociales provocados por la instalación de mega-emprendimientos mineros. Salvo en contadas excepciones donde las poblaciones pudieron acceder al derecho a decidir por medio de consultas populares sobre la radicación o no de empresas mineras, los conflictos han dado lugar a un escenario de creciente deterioro y vulneración de los derechos de ciudadanía de las poblaciones. Gobiernos locales y nacionales desde México a nuestro país, pasando por Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, han respondido a estos conflictos con una preocupante e inaceptable distorsión de la vida democrática de nuestros pueblos, asumiendo la defensa de los intereses de las grandes corporaciones y constituyéndose en garantes de la “seguridad jurídica” de las mismas, aún a costa de la represión de las demandas de su propia ciudadanía. De manera creciente, los conflictos mineros en particular, y los conflictos socioambientales en general, han desencadenado una preocupante tendencia a la criminalización y judicialización de la protesta9.

En las expresiones más “benévolas”, los intentos por acallar las resistencias sociales a la mega-minería transnacional han significado el despliegue de sofisticadas herramientas de marketing social y fabricación de corrientes de opinión “favorables” sustentadas en los dispositivos ideológicos de la denominada “Responsabilidad Social Empresaria”10. La corrupción y el clientelismo público y privado constituyen elementos endémicos en las denominadas “nuevas localidades mineras” producto de las estrategias gubernamentales y empresariales de asistencialización de las poblaciones a través de todo tipo de dádivas. En las actuales condiciones de desfinanciación de las instituciones de salud y educación pública y del retroceso de los derechos económicos y sociales en general, las poblaciones e instituciones locales quedan sujetas a este tipo de prácticas manipulatorias, generando nuevas formas de indefensión y subalternización.

Es en este mismo marco que tiene lugar el rol que, por acción u omisión, desempeñan las universidades públicas. Muchas de las deficiencias presupuestarias, las falencias de infraestructura, de recursos para la cobertura de servicios o actividades de formación e investigación, y aún las magras condiciones salariales del personal que aquejan desde hace mucho a nuestras instituciones académicas han sido un peligroso caldo de cultivo para la avanzada de velados mecanismos de financiación privada y de consecuente funcionalización del prestigio y los “productos” de las universidades por parte de grandes intereses corporativos. Como han planteado destacados investigadores sociales contemporáneos, este tipo de fenómenos se inscribe dentro de las preocupantes tendencias hacia la reestructuración neoconservadora de las instituciones del saber, paralelas y complementarias a los cambios mencionados en las estructuras y formas de dominación geopolítica mundial, en las que la que la ciencia sufre los embates hacia la privatización y la mercantilización de sus prácticas y productos (Souza Santos, 2009; Lander, 2006).

En el caso específico de nuestra comunidad universitaria, desde distintos niveles y bajo diferentes modalidades se han venido entablando vínculos de supuesta cooperación e intercambio con las empresas mineras en particular, mediados por aportes económicos provenientes de éstas. Ya a través de la financiación de proyectos específicos, de contratos de consultoría para con docentes-investigadoras/es de nuestra Casa, de becas estudiantiles y de donativos de diversa índole que van desde materiales e insumos hasta equipamiento e infraestructura, la intervención de las empresas mineras en el aporte de recursos para el sostenimiento de las actividades universitarias se ha tornado una práctica usual y no problematizada, omitiendo las gravosas implicaciones epistémicas, éticas y políticas que las mismas conllevan11.

Ya sea a través de donativos circunstanciales, mediante las sofisticadas prácticas de “Responsabilidad Social Empresaria” o a través de fondos específicos formalmente canalizados en cumplimiento formal de la letra de la ley Nº 14.771 -cuyo espíritu y sentido originario se omite y se burla-, la creciente financiación directa y/o indirecta que las empresas mineras empiezan a desempeñar de modo naturalizado sobre la vida y las actividades de nuestra universidad, conllevan una serie de consecuencias y efectos que, desde nuestra formación científica, no podemos omitir ni desconocer.

En concreto, este tipo de prácticas implican no ya sólo una preocupante degradación de las imprescindibles condiciones de independencia universitaria respecto de grupos de interés y de poder privados, sino que, más aún, pueden llevar a tergiversar el sentido y el carácter PÚBLICO que debe tener y preservar nuestra Universidad en el conjunto e integralidad de sus ámbitos de actuación.

Los vínculos de cooperación y la injerencia financiera de las empresas (mineras y de otro tipo) en las actividades de la vida universitaria pueden conducir a confundir y hasta subordinar nuestros objetivos institucionales con los de las corporaciones privadas y pueden llevar al tejido de redes de relaciones y alianzas incompatibles con el carácter de servicio público que deben revestir las acciones de investigación, formación y extensión de nuestras unidades académicas. Pero fundamental y decisivamente, en el contexto de nuestra sociedad local, estos vínculos contribuyen a brindar un cuestionable aval social a la actuación de las empresas; significan, de hecho, asumir una postura que resulta manifiestamente funcional a la legitimación social que precisan las empresas para operar y que implica omitir y/o desconsiderar las voces de reclamos y protestas de nuestras propias poblaciones afectadas.

Es por eso que, en virtud de estas consideraciones, la comunidad académica de la Escuela de Arqueología resuelve democráticamente y por consenso:
– Expresar el decidido rechazo de las políticas neoliberales que hicieron posible y que siguen sustentando la radicación y expansión de mega-explotaciones mineras con el uso de sustancias tóxicas, y que permiten que nuestras riquezas naturales sean apropiadas y usufructuadas por grandes corporaciones transnacionales a costa de la degradación y vulneración del entorno ambiental y de derechos de nuestras comunidades, reclamando una urgente revisión e imprescindible cambio de la legislación minera vigente.
– Declarar, a la luz de las investigaciones existentes, la inviabilidad e inaceptabilidad económica, ecológica y política del modelo de minería transnacional a gran escala bajo las actuales condiciones, impuesto como supuesto ‘modelo de desarrollo’ para nuestros pueblos.
– Manifestar nuestro más enérgico repudio a las políticas de represión y criminalización ejercidas contra las legítimas manifestaciones de protesta y resistencia social frente al modelo minero, extendiendo nuestra solidaridad a las poblaciones de Catamarca más directamente afectadas en las violaciones de sus territorios y bienes ambientales y en la vulneración de sus derechos de ciudadanía.
– Nuestra unidad académica decide rechazar y repudiar cualesquiera donativos, aportes y toda injerencia económica -bajo cualesquiera de sus modalidades- provenientes de las empresas mineras. En particular, decidimos RECHAZAR los fondos provenientes de las utilidades de YMAD-Alumbrera, bajo la excusa de la aplicación del art. 18 de la Ley Nº 14.771, entendiendo que constituye una flagrante vulneración del sentido y el espíritu originarios de dicha disposición y que, bajo las actuales circunstancias, ha sido vilmente manipulado por una empresa altamente cuestionada social y judicialmente por su desempeño ambiental y social, con el manifiesto interés de solapar sus responsabilidades legales y políticas a través de la propaganda y la cooptación de sectores de nuestras universidades. Entendemos que no hay argumentos válidos ni usos legítimos de tales fondos que puedan soslayar tales circunstancias y las gravosas implicaciones éticas y políticas que de ellas se derivan. En el marco de un espíritu de convivencia democrática que saluda y cultiva la diversidad de posiciones y la confrontación argumentativa, hacemos un llamado a las autoridades de nuestra Universidad a asegurar el presupuesto necesario para el normal funcionamiento de las actividades y obligaciones académicas, apelando a la aplicación de los recursos que el Estado Nacional recauda a través de los impuestos regulares, únicos ingresos fiscales auténticamente genuinos para el sostenimiento del servicio público de la formación universitaria y la investigación científica al servicio de los intereses superiores de nuestro pueblo.
– Hacemos pública nuestra advertencia sobre las onerosas consecuencias epistémicas y políticas que conlleva el giro privatista que se procura operar sobre nuestras universidades, forzándolas, mediante la dependencia financiera, a transformarse en productora de bienes y servicios cognitivos para el mercado. Desde el punto de vista epistémico, dicha tendencia supone e implica la imposición de un nuevo régimen de producción del conocimiento monopólicamente dictaminado por los intereses dominantes del mercado, relegando y hasta suprimiendo la rica diversidad de criterios de valoración/utilidad social del saber bajo la instauración del criterio unidimensional de la ‘rentabilidad’. Desde el punto de vista político, tales tendencias afectarían gravemente las aspiraciones a la construcción y profundización de condiciones democráticas de convivencia política, desplazando hacia lugares marginales el papel de la crítica como función de la ciencia y la apropiación colectiva y pública de los conocimientos como recursos para la participación ciudadana en la determinación del orden social.
– Hacemos, finalmente, un llamado a la comunidad académica de la UNCa y a la sociedad en general a entablar una férrea defensa del carácter público de nuestra Universidad. Invitamos, en especial, a emprender un profundo debate sobre las distintas modalidades y circunstancias que afectan o pueden llegar a afectar el carácter de SERVICIO PÚBLICO que cualifican y debe distinguir el rol y las funciones de nuestra Universidad, solicitando en particular a nuestras autoridades universitarias, organizar y emprender un profundo debate democrático tanto sobre esta problemática en general, como en particular sobre la aceptabilidad o no de los fondos provenientes de las utilidades de la UTE YMAD-Alumbrera Ltd., y sobre el tipo de relaciones que nuestra Universidad mantiene y que debería mantener con las corporaciones mineras transnacionales, en el presente contexto.

Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca
MAYO DE 2010

REFERENCIAS:
1 Para un análisis de los principales impactos económicos, ecológicos y socioterritoriales de la radicación de Minera Alumbrera en la provincia de Catamarca, véase Machado Aráoz (2009a); Gómez Lende (2005); Coria (2007).
2 Para ver impactos y riesgos socioambientales de la minería a gran escala, véase Instituto de Estudios Económicos Mineros- GTZ (1993), Martínez Casilla (2003), Moran (2001); Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales-Novib-IUCN (2004). Para ver los impactos y pasivos ambientales mineros ya dejados por la minería a gran escala en Chile y Perú, véase Oblasser y Chaparro Ávila (2008), Folchi (2003). Para observar las inconsistencias y debilidades del marco legal instaurado en América Latina en materia de protección ambiental, véase Polo Robilliard (2006). Es interesante destacar que la mayoría de estos estudios provienen de una fuente abiertamente vinculada a la promoción de la actividad minera.
3 Para ver los impactos económicos de la minería a gran escala en relación a las economías locales y nacionales donde se radican las fases extractivas, véase Buitelaar (Comp.) (2001), Power (2002), Bebbington et al. (2007), Bury (2007), Clark y North (2006); Schiaffini (2004), Ortiz (2007), Solanas (2007)
4 Imprescriptibilidad y trazabilidad de las concesiones mineras; preeminencia de la propiedad minera sobre los derechos superficiarios; total garantía legal y judicial de las inversiones extranjeras, hasta el extremo de reconocer la competencia originaria de los juzgados de los países de origen de las inversiones en caso de controversias.
5 Estabilidad fiscal por períodos de entre 25 y 30 años; eliminación de tasas de importación y exportación; libre disponibilidad comercial de productos; amortización acelerada de inversiones; desgravación de impuestos internos y de regalías mineras o su limitación a tasas insignificantes; libre disponibilidad de divisas y desregulación total sobre la remisión de utilidades; concentración de impuestos por “resultados” en base a declaraciones juradas de las empresas, etc.
6 En este punto se destaca la supresión de fondos de garantías por impactos ambientales; vacíos legales en relación a los procesos de cierre de minas y al tratamiento de los pasivos ambientales mineros; estándares ambientales de calidad de agua, aire y suelo sistemáticamente inferiores a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y a las regulaciones de los países del Norte; descentralización y fragmentación de los organismos de control y fiscalización ambiental, etc.
7 Entre las más importantes, cabe mencionar la Ley Nº 24.228 de Acuerdo Federal Minero (julio de 1993) que dispone, entre otras cosas límites a las regalías que pueden cobrar las provincias; la Ley 24.402 de Régimen de Financiamiento y Devolución anticipada del I.V.A. (noviembre de 1994); la Ley 24.498 de Actualización del Código de Minería (julio de 1995); la Ley 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera (noviembre de 1995); y la Ley 25.243 referida a la suscripción del Tratado Binacional de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile. La propia Secretaría de Minería de la Nación, destaca que la “fortaleza” de la nueva legislación reside en “un sistema muy liberal que favorece la inversión privada, garantiza derechos de propiedad perpetuos, transferibles, no discriminatorios y la inexistencia de restricciones a la propiedad por sustancia mineral…inclusive estratégicas, nucleares y otras. El derecho a explotar y usar la mina es exclusivo, perpetuo y transferible sin discriminación de nacionalidad del comprador… [habiendo] muy pocas barreras para acceder a las áreas mineras, como consecuencia de los derechos de aborígenes y temas relacionados con parques nacionales”.
8 Para consultar en profundidad sobre las principales transformaciones institucionales y normativas en el sector de la minería en América Latina, véase Sánchez Albavera et Alt.(1998), Chaparro Ávila (2002). Un análisis crítico de tales transformaciones puede verse en Machado Aráoz (2009b), Pinto (2009), Svampa, Bottaro y Sola Álvarez (2009), Bebbington (Ed.) (2007). Una crítica retrospectiva de estos marcos normativos realizada por quienes fueran decididos impulsores de las mismas puede verse en Sánchez Alvabera (2004, 2005); Polo Robilliard (2006).
9 Para analizar en profundidad los conflictos sociales provocados por la reciente oleada de la minería transnacional a gran escala en América Latina véase: De Echave et Alt. (2009); De Echave, Hoetmer y Palacios (2009); Svampa y Antonelli (Eds.) (2009); AA. VV., CIDSE-ALAI (2009); AA. VV. Broderlijk Delen – ALAI (2008), Quevedo, Ormeño y Olivares (2004); Alayza Moncloa (2007); Salinas y Karmy (2009); Rodríguez Pardo (2009); Machado Aráoz (2010).
10 Para una genealogía y revisión crítica del concepto de „responsabilidad social empresaria‟ y de las políticas corporativas de RSE en el sector minero, véase: Antonelli (2009); OXFAM (2007); North, Clark y Patroni (2006).
11 Para ver en detalle el papel y las implicaciones de las articulaciones entre universidades públicas e intereses mineros privados, sus implicaciones epistémicas y políticas, véase Antonelli (2009b).

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