La compañía BNK España no recurrirá en los tribunales la anulación del permiso de fracking Arquetu, que el Gobierno de Cantabria le concedió en 2011 bajo el mandato PRC-PSOE y ha permanecido suspendido cautelarmente hasta que el Ejecutivo del PP lo anuló el pasado mes de febrero. l consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, ha afirmado hoy que las empresas del sector “deben tener la absoluta seguridad” de que en Cantabria no habrá fracking.
Fuente: El Diario Montanes
Fuentes de la compañía han señalado que no recurrirán a la vía judicial, “a pesar de que existen sobrados motivos para ello”. En este sentido, BNK -antes Trofagás Hidrocarburos- critica el “sorprendente rescate” por parte del Gobierno de Cantabria de los recursos interpuestos contra el permiso Arquetu “tres años antes”, que habían sido “más que notoriamente desestimados por silencio por esa administración”.
Y añade que la conducta de la Administración regional, en la que ve “ilegitimidad e ilegalidad”, “no responde a los mínimos e inexcusables estándares que un inversor responsable debe demandar para afrontar una inversión” que cifra en “más de 20 millones de euros”.
“El Gobierno de Cantabria concedió a esta empresa en el año 2011 un permiso de investigación de hidrocarburos siguiendo todos los trámites legales y administrativos establecidos en la Ley, y ahora, el mismo Gobierno ha anulado el permiso sin que nuestros técnicos hayan tenido siquiera ocasión de presentar los proyectos correspondientes”, se queja la compañía.
Sobre su renuncia a la vía judicial, señala que “una contienda legal de esa naturaleza no forma parte del tipo de relación que nuestra compañía pretende tener con las entidades representativas de los territorios en los que actúa, por lo que no vamos a acudir a los tribunales”. Esta decisión supone además la renuncia de BNK a reclamar al Gobierno de Cantabria una indemnización por la anulación del permiso Arquetu.
Para BNK, “se califica por sí solo” que el Gobierno haya decidido en el año 2014 estimar unos recursos interpuestos en 2011. “La inseguridad jurídica puesta de manifiesto por esa administración, nos hace concebir como absolutamente inviable ninguna actuación en su territorio”. Así lo señala BNK en un escrito remitido a la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria el pasado mes de abril y que ha difundido este jueves la formación.
Fuentes de la compañía han apostillado que “BNK España mantiene su compromiso con la transparencia y su disposición, como siempre ha hecho, a aclarar cualquier cuestión sobre sus proyectos de investigación y producción en España y en otros países del mundo”.
Suspensión de la Ley ‘Antifracking’
La renuncia de la adjudicataria del permiso Arquetu a la vía judicial se produce con la Ley que prohíbe el fracking en Cantabria suspendida a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso promovido por el Gobierno central, que apoya abiertamente la técnica de la fractura hidráulica.
De hecho, la anulación del permiso Arquetu se produjo inmediatamente después de la suspensión de la ley ‘antifracking’, a comienzos de año. El Gobierno de Cantabria retomó entonces los recursos ordinarios presentados en el verano de 2011 por la Mancomunidad de Municipios Saja-Nansa, Red Cambera, la Asociación Mortera Verde, Concejo Tres Mares y de forma conjunta por Ecologistas en Acción y el 15M de Santander y de Cabezón de la Sal.
Tres de esos cinco recursos se resolvieron favorablemente, dando lugar a la anulación del permiso Arquetu, que se ha declarado “ilegal” tomando como base la Ley del Suelo de Cantabria , que prohíbe las actividades extractivas en suelos rústicos de especial protección y las limita a aquéllos que previamente estén declarados como rústicos de especial protección minera, requisito que no cumplen los terrenos afectados por el permiso Arquetu.
El permiso de investigación de hidrocarburos Arquetu, concedido por un periodo de seis años a Trofagás, hoy BNK España, afectaba a un área de cerca de 25.000 hectáreas perteneciente a nueve municipios de los valles de Saja y Nansa: San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos.
Los informes jurídicos que sostienen la estimación de estos recursos señalan que los terrenos afectados por el permiso Arquetu no pueden destinarse al uso minero extractivo, y que las medidas ambientales recogidas en el proyecto son “insuficientes y excesivamente genéricas”.
El ‘Arquetu’ era el único permiso de fracking en la región aprobado por el Gobierno de Cantabria . Los otros cinco (Luena, Bezana, Bigüenzo, Angosto-1 y Usapal) afectan también a otras provincias vecinas y fueron autorizados por el Ministerio de Industria durante el Gobierno del PSOE.
EQUO
EQUO ha valorado la renuncia de BNK a la vía judicial como un “triunfo parcial” que “confirma una vez más que una oposición ciudadana contundente puede calar en nuestros gobernantes y forzar un cambio en su actitud”.
“Pero no debemos de aflojar en dicha reclamación, tenemos que seguir muy alerta y seguir reclamando a los mandatarios europeos la necesidad de blindar legalmente las prospecciones petrolíferas mediante fractura hidráulica en todo el territorio europeo”, señala EQUO en un comunicado de prensa en la que recuerda que “mientras los gobernantes del PP en Cantabria dicen una cosa”, los senadores del Grupo Popular, incluidos los cuatro por Cantabria , han rechazado esta misma semana una moratoria de cinco años de proyectos de fracking.
“Las empresas tienen que tener la absoluta seguridad de que en Cantabria no va a haber fracking”
El consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, ha afirmado hoy que las empresas del sector “deben tener la absoluta seguridad” de que en Cantabria no habrá fracking y ha defendido que todas las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno pretenden dotar a esta materia de “la mayor seguridad jurídica”.
Así ha reaccionado el consejero a la decisión de la compañía BNK de no presentar un recurso contra el acuerdo del Gobierno de Cantabria que declaró ilegal el permiso de investigación ” Arquetu ” para extraer gas pizarra mediante la técnica de la fractura hidráulica.
La compañía ha comunicado esa renuncia en una un escrito que hoy ha difundido Equo y en el que le dice al Gobierno que la “inseguridad jurídica” que, en su opinión, ha puesto de manifiesto le hace concebir como “absolutamente inviable” ninguna actuación en el territorio de Cantabria.
Fernández ha dicho que entiende pero no comparte la posición de la empresa, que “no está satisfecha” con la decisión del Gobierno de paralizar toda posibilidad de llevar a cabo la técnica de la fractura hidráulica para extraer gas en Cantabria y en particular en el ámbito del permiso Arquetu.
Y sobre todo, ha dicho, lo que no comparte el Gobierno es que exista “una inseguridad jurídica” como afirma la empresa sino “todo lo contrario”.
El consejero ha subrayado que, con el ordenamiento jurídico vigente, las posibilidades de hacer fracking son “prácticamente nulas” porque exigiría que se hiciese en un suelo rústico de especial protección minera.
Y ha añadido que si además el Tribunal Constitucional acepta la constitucionalidad de la ley de Cantabria que lo prohíbe en su territorio “no habría la más mínima posibilidad”
