En conferencia de prensa de ayer 8 de mayo, en el local del restaurante Zarko, la CUNAARP con Ydelso Hernández y Segundo Perez, Manuel Ramos y la Dra Zulma Villa Vilchez presentaron las medidas cautelares dictadas por el CIDDHH con fecha del 7 de mayo del 2014 a favor de 46 dirigentes en la lucha contra el proyecto minero Conga. El gobierno peruano debe de cumplir para garantizar la vida y la integridad física de estos 46 ronderos.
Fuente: El Maletero Verde
Los acompañaban representantes de las rondas de Bambamarca y Celendin así como Isadora Chaupe, en representación de su familia.
El presidente de la CUNAARP hizo una recapitulación sobre las demandas presentadas contra el gobierno peruano ante el CIDDHH y los hechos correspondientes que se inician el 29 de noviembre del 2011 con la agresión a los pobladores por parte de la policía con el saldo de 28 heridos hasta los constantes hostigamientos a la familia Chaupe en marzo de este año.
La Dra Zulma explica que las medidas cautelares a favor de 46 dirigentes en su condición de representantes del pueblo son mandatos que el gobierno peruano debe de cumplir para garantizar la vida y la integridad física de estos 46 dirigentes. El gobierno tiene 15 dias de plazo para contestar ante el CIDDHH.
Entre los 46 dirigentes se encuentra la familia Chaupe en su totalidad, el compañero periodista César Estrada, los compañeros Eddy Benavides Ruiz, Milton Sánchez Cubas, Manuel Ramos Campos, Ydelso Hernandez Llamo, Segundo Perez, Luis Mayta, entre otros.
Esto representa una victoria histórica frente al estado peruano para garantizar la vida de dirigentes como representantes de su pueblo. Es el primer mecanismo presentado por la CUNAARP con la Dra Zulma en diciembre del 2011.
El segundo mecanismo aún pendiente de resolución presentado en abril del 2012 es la decisión sobre la presencia ilegal de la minera Yanacocha en territorio de las lagunas de Conga.
Las rondas campesinas con la CUNAARP se reúnen esta tarde en la ciudad de Cajamarca para ver qué medidas cautelares serán presentadas al estado peruano para su cumplimiento. Una de ellas será de todas maneras el archivamiento de las denuncias contra los dirigentes.
