El docente y periodista Martín Ulacia, autor del libro No Fue No, al cumplirse 3 años de uno de los acontecimientos más importantes de la lucha del pueblo chubutense contra el extractivismo minero, presenta una publicación reflexionando sobre «¿Por qué no cayó el gobernador Arcioni?», «¿Por qué en Chubut no pudieron instalar la megaminería?», «¿Cómo hicieron para resistir?», «¿Decir “no” implica necesariamente el desafío político de proponer un “sí”?». En ella, concluye que «Cuando el saqueo significa agua contaminada o pulmones envenenados, la resistencia y la lucha une a los oprimidos. Poner el cuerpo se impone como necesidad vital. Y nuevamente, el “no” no es meramente defensivo, sino que despliega un “sí” en potencia».
Por: Martín Ulacia
Foto portada: Aníbal Aguaisol
“¿Por qué no cayó el gobernador Arcioni?”, “¿Por qué en Chubut no pudieron instalar la megaminería?”, “¿Cómo hicieron para resistir?”, “¿Decir “no” implica necesariamente el desafío político de proponer un “sí”?”.
De modo más o menos consciente, porque lo que me impuse fue la urgencia, estas preguntas me guiaron en la investigación y la escritura de “No fue no. Una crónica del Chubutazo”; preguntas similares resonaron durante las numerosas presentaciones del libro en Chubut y en diferentes puntos del país; preguntas que aún caben hoy a tres años de los hechos de diciembre de 2021, y abren un camino para la reflexión y para la acción.
A partir de mi experiencia periodística con el libro, me refiero a su producción y a los posteriores intercambios y debates colectivos, voy a ensayar tres respuestas, o tesis, vinculadas a esas preguntas iniciales.
- Para comprender “¿Por qué Chubut?” hay que tener en cuenta factores “subjetivos” referidos a las características organizativas del movimiento que se expresó en las calles, y a su vez factores “objetivos” relacionados al contexto político y económico de la provincia de Chubut, desde ya inserta en una escena nacional e internacional.
En términos subjetivos, en Chubut sobresale el carácter histórico de veinte años de organización, información y concientización de la población, que adquirió desde sus orígenes formas asamblearias. Con antecedentes en la resistencia y la organización de las comunidades indígenas de la Meseta; la lucha contra la instalación del basurero nuclear en Gastre (1995); la asamblea del “No a la Mina” de Esquel (2002), el posterior plebiscito de 2003, y como fruto de dicho proceso, la sanción de la ex Ley 5001; numerosas luchas sindicales, con antecedentes en otro “Chubutazo”, el de 1990 que volteó al gobernador Néstor Pearl, por reclamos salariales de docentes y estatales, con procesos huelguísticos similares en 2005, 2014 y en 2018-2020.
Por otro lado, están los métodos que fueron propios del “Chubutazo” de 2021. Porque más allá de estrategias de defensa legal, de años de “guardias parlamentarias” en la Legislatura de Rawson y de la utilización de mecanismos constitucionales de democracia semi-directa como las dos Iniciativas Populares de 2014 y 2021 (ambas ninguneadas, rechazadas y/o modificadas por los partidos políticos tradicionales de la provincia) lo decisivo del movimiento de lucha contra la megaminería en Chubut ha sido su carácter callejero, asambleario, con piquetes en las rutas, y con un salto cualitativo en 2021, con un incipiente camino hacia un estado de huelga general, aplacado por la derogación de la ley de zonificación minera, a seis días de su aprobación.
Como elemento “objetivo” aparece la crónica inestabilidad del régimen político al momento del “Chubutazo” de 2021 (este es, de hecho, el lapidario balance sottovoce de las mineras luego de 2021: “En Chubut no se puede hacer minería porque fracasó la clase política”). El trasfondo de dicha inestabilidad ha sido el de una provincia extractiva-exportadora fuertemente endeudada y con eminentes casos de corrupción (incluso con condenas de hechos durante gobiernos del ex gobernador Das Neves, causas “Embrujo” y “Revelación”). Pero subrayamos: el antecedente inmediato del “Chubutazo” de 2021 fue la “crisis financiera” (que en verdad fue una decisión política en favor de una clase social) del gobierno de Mariano Arcioni, con incumplimientos salariales hacia docentes y estatales que fueron noticia nacional, con más de tres meses de atraso en el pago de sueldos, priorizando el pago de los vencimientos de deuda en dólares a los ignotos acreedores, con las regalías petroleras (en aquel entonces un tercio de los ingresos de la economía provincial) comprometidas como garantía.
La masiva reacción que en la superficie se expresó como “ambiental” (defensa del agua frente al potencial contaminante de la minería a gran escala) no puede desligarse de la historia de la lucha de clases provincial con numerosos capítulos en defensa del salario, de las jubilaciones y de otras necesidades elementales como el derecho a la educación y la salud. En este caso concreto la reacción fue contra la política del gobernador Arcioni, con apoyatura en el gobierno nacional del Frente de Todos, y particularmente de Sergio Massa, que como candidato a presidente también propuso entender a la Cordillera y a sus minerales como a “una torta”.
Por último, hay que sumar como un elemento “objetivo” clave el hecho de que al momento de la aprobación de la ley de zonificación minera salieron a la superficie contradicciones al interior de la clase capitalista local, principalmente en relación a los capitales privados de la pesca, particularmente la llamada Flota Amarilla, que se oponía durante aquellos días a la sanción de una nueva ley de pesca, que buscó aprobarse, en un tremendo error de timming político por parte de Arcioni, en simultáneo a la ley megaminera. Qué tanto se impulsó por “arriba” (es decir a instancias de las propias patronales y las direcciones sindicales) y qué tanto por “abajo” (las bases de los trabajadores de la pesca, en muchos casos vinculados a las asambleas socioambientales) la intervención del sector pesquero en el conflicto, es un fenómeno en el cual aún vale la pena profundizar. Comprenderlo dialécticamente puede ser un buen camino. Pero sea como sea, los puertos de Chubut se paralizaron durante varios días y fue un factor decisivo para el humillante “de reversa” de Arcioni, que detectó a tiempo la amenaza en ciernes de una huelga general en Chubut.
- El proceso en curso de criminalización contra el movimiento de lucha, con decenas de vecinos y vecinas de Chubut perseguidos por la justicia, tiene como objetivo estratégico ofrendar un “castigo ejemplar” de la pueblada de 2021, para así brindar garantías y “seguridad jurídica” a los capitales extractivos nacionales y transnacionales, en el marco de una creciente importancia estratégica internacional de los territorios de la Patagonia y sus bienes comunes naturales (minería, petróleo, agua, energía).
Es bajo esta perspectiva que se comprende la coincidencia temporal durante 2024 de tres causas judiciales y a su vez la adhesión de la legislatura provincial al RIGI, impulsada por el actual gobernador tras la aprobación en el Congreso Nacional como un capítulo clave de la Ley Bases de Milei. Las tres causas fueron, a saber: El juicio contra “los vecinos del Chubutazo”, el juicio por los daños al diario El Chubut y la causa impulsada por el vicegobernador Gustavo Mena y diputados provinciales oficialistas contra comunicadores sociales y activistas, justamente, en el marco de protestas contra la aprobación del RIGI en la Legislatura de Chubut. En suma, “señales de la política”. La determinación de la defensa de la población chubutense ha sido proporcional a la violencia de los ataques desplegados desde el Estado, el capital y el poder mediático. Es por ello que la sanción legal a dicha reacción debe ser acorde, “estar a la altura”. Porque las mineras, más temprano que tarde, lo volverán a intentar.
- El “Chubutazo” de 2021 es un ejemplo de cómo, cada vez más, las reivindicaciones “ambientales” son a su vez un cuestionamiento político de la depredación ambiental capitalista.
Estamos a tres años de una experiencia que refuta en los hechos, con numerosos testimonios, aquel lugar común que cataloga a la lucha ambiental como un terreno reducido y reservado para las clases medias urbanas, movilizadas por una sensibilidad genuina, noble, pero alejada de territorios y reivindicaciones vitales concretas. Trabajadores y trabajadoras de la pesca que en las plantas de procesamiento “escriben” “No es no” con langostinos; metalúrgicos del aluminio movilizados, camioneros de base que se resisten a oficiar de represión tercerizada, empleados de comercio que abren las puertas de La Anónima para que sus vecinos se refugien del plomo estatal, guardafaunas emiten comunicados, hasta clubes deportivos fijan posición, docentes e infancias marchan a la par, así como enfermeros y pacientes. Cuando el saqueo significa agua contaminada o pulmones envenenados, la resistencia y la lucha une a los oprimidos. Poner el cuerpo se impone como necesidad vital. Y nuevamente, el “no” no es meramente defensivo, sino que despliega un “sí” en potencia.
Publicación original: https://www.elextremosur.com/nota/52248-tres-anos-del-chubutazo-tres-tesis/
