El intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, analiza con abogados los alcances jurídicos de la ordenanza que otorgó el permiso de obra a la multinacional estadounidense. Un artículo de la normativa lo faculta a “caducar de pleno derecho” esa autorización. Los abogados del municipio estudian cómo afecta a la administración local la resolución de Ambiente de la Provincia que no aceptó el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto y que frenó el emprendimiento agroindustrial.
Ver también Gobernador de Córdoba: el intendente de Malvinas Argentinas tiene la última palabra sobre Monsanto
Fuente: La Voz del Interior
Después de que Monsanto ratificó en las últimas horas su inversión en Córdoba, ateniéndose a las nuevas reglas oficiales, el municipio de Malvinas Argentinas estudia los pasos legales, incluso los que lo habilitarían a cancelar el permiso de construcción de la planta.
En el peor de los escenarios para la multinacional estadounidense, la Municipalidad de Malvinas Argentinas podría decidir remover el permiso para la instalación del semillero de maíz, que quedó en suspenso tras la no autorización provincial al estudio de impacto ambiental presentado por la compañía.
El artículo 5 de la ordenanza 821 (aprobada el 10 de enero de 2013), es el instrumento legal que tiene a mano el municipio del Gran Córdoba para protegerse de una potencial demanda por parte de Monsanto y, por otra cuerda, dejar sin argumentos a los activistas que se oponen al proyecto y así garantizar la tranquilidad de sus habitantes.
El intendente radical Daniel Arzani reconoció ayer a La Voz del Interior que en esa línea el municipio “está trabajando” junto con abogados, especialistas en derecho administrativo, e incluso admitió que, llegado el caso, su administración podría resolver “caducar el permiso” de la radicación.
Qué dice la ordenanza
Según el artículo 5 de la ordenanza 821, aprobada por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, “la falta de cumplimiento por parte de Monsanto Argentina de lo que establezcan oportunamente la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, hará caducar de pleno derecho el presente permiso de obra”.
Los abogados del municipio estudian cómo afecta a la administración local la resolución de Ambiente de la Provincia que no aceptó el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto y que frenó el emprendimiento agroindustrial.
Según se interpreta, por la ordenanza 821 se caería la autorización por el no cumplimiento y Monsanto debería iniciar todos los trámites de nuevo, desde cero. Pero, en la aplicación más drástica del artículo 5, Malvinas Argentinas “puede aprobar o desaprobar” la radicación.
Sobre este punto y ante la consulta específica de este diario, Arzani se mostró cauto y afirmó: “El alcance respecto de si se aprobará o no la inversión, no lo puedo adelantar. Es lo que estamos evaluando, punto por punto. Tomaremos el tiempo que haga falta; debemos ser prolijos también en la información que damos a la sociedad”.
No obstante, el intendente observó que la resolución de Ambiente sobre el informe de impacto ambiental “en ningún lado dice que se rechaza; dice ‘no autoriza’, lo que la empresa puede presentar uno nuevo”, y de este modo, no puede darse por totalmente anulada la radicación.
En lo formal, ni la Provincia ni el municipio le cerraron totalmente las puertas a la inversión.
¿La última palabra?
En sus últimas declaraciones sobre el caso, el gobernador José Manuel de la Sota sostuvo que “lo que tenía que hacer la Provincia ya lo hizo. Rechazó el estudio de impacto ambiental. Ahora, si la Municipalidad va a revocar la autorización, eso no le compete a la Provincia”, en lo que se entendió como un intento por dejar la última palabra al intendente Arzani.
La ordenanza en cuestión, que fue la que otorgó el permiso de obra a Monsanto, enfrenta nuevos condimentos, como la no autorización del estudio de impacto ambiental, el avenimiento de la empresa de recomenzar ese punto evaluatorio y el nuevo marco legal que anunció como proyecto el gobernador. De manera que el municipio también deberá contemplar estos aspectos.
Según Arzani, la nueva ley ambiental “dará posibilidades de expresarse a la sociedad”, a través de los mecanismos de consulta que se fijen en la norma. “Me imagino que después de semejante exposición pública (del caso Monsanto), los legisladores evaluarán debidamente este aspecto”.
“Estuve personalmente con el gobernador y me parece que la prioridad número uno es la paz social; es un tema que se tiene que resolver, no se puede dejar pendiente todo el tiempo. La empresa se dio el lujo de presentar un estudio incompleto; todos corremos riesgos y enfrentamos responsabilidades. Ellos (por Monsanto) se tienen que preocupar por la inversión; quien debería hacer las cosas correctamente es la empresa”, insistió el intendente.
Arzani se mostró preocupado por resguardar al municipio de eventuales demandas económicas: “Tenemos que usar un criterio para que el día de mañana no tengamos un juicio”, reconoció.
Clave legal
Ordenanza 821. Fue aprobada por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas en enero de 2013, otorgándole a Monsanto Argentina el permiso de obra correspondiente a la primera etapa de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz en esta localidad del Gran Córdoba.
Qué dice el artículo 5º. Consigna que “la falta de cumplimiento por parte de Monsanto de lo que establezcan oportunamente la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, hará caducar de pleno derecho el presente permiso de obra”.
Interpretación. Los abogados del municipio analizan si la no aprobación del informe de impacto ambiental por parte de la Provincia habilita a Malvinas Argentinas a desaprobar la inversión.
