Desde que anunció su instalación en Córdoba, con el visto bueno del gobernador José Manuel de la Sota y de la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández, que realizó el anuncio desde los Estados Unidos, la empresa Monsanto tuvo una dura oposición de parte de quienes la denuncian como una de las más contaminantes del planeta. El fallo de la Sala Segunda de la Cámara Laboral de Córdoba, dio lugar al amparo presentado por vecinos de Malvinas Argentinas, donde Monsanto planea instalar la planta de procesamiento de semillas más grande del mundo.
Fuente: La Arena
A despecho de esas denuncias, Monsanto se presenta en costosas publicidades como una firma que acondiciona y trata semillas para la siembra, sin contaminar el agua y respetando las leyes de seguridad ambiental vigentes.
Pero en el film documental “El mundo según Monsanto”, la realizadora franco-canadiense Marie Monique Robin, muestra una realidad muy diferente, al punto que esta empresa no puede operar en muchos países del mundo, donde sus productos han sido prohibidos.
Fallos adversos
La presidenta anunció en junio de 2011, en el Consejo de las Américas, que había mantenido una reunión con directivos de la firma Monsanto, para la radicación de esta empresa en la Argentina. Semanas después, el gobernador De la Sota anunciaba que la empresa se radicaría en Córdoba, más precisamente en la localidad de Malvinas Argentinas, situada a 16 kilómetros de la capital cordobesa.
La instalación de Monsanto contó con el beneplácito del intendente Daniel Arzani, por la posibilidad de la creación de empleos en una población carente de ellos, y cuyos habitantes trabajan en su mayoría en la ciudad capital.
Apenas comenzó la radicación de Monsanto, los vecinos de la zona se organizaron en la Asamblea “Malvinas lucha por la Vida” y presentaron una acción de amparo con el patrocinio del Club de Derecho, dirigida por el joven abogado Federico Macciocchi. En dicha presentación pedían una medida cautelar, expresamente contemplada en la ley 25675, para que se impidiera la construcción de la planta hasta tanto no se conociera el estudio de impacto ambiental, y se realizara una consulta popular, mecanismo también contemplado en la normativa nacional, cuando se trata de emprendimientos que pueden afectar el medioambiente.
Luego de un fallo adverso de la jueza civil Claudia Zalazar y otro favorable de una Cámara Civil, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba resolvió que Monsanto podía construir la planta aún sin el estudio de impacto ambiental, hasta la “etapa operativa”.
Perseverancia y lucha
Los vecinos de Malvinas Argentinas no se sintieron derrotados por el fallo adverso del Tribunal Superior, siguieron su camino jurídico, accionando para que se declare la ilegitimidad de las ordenanzas y decretos provinciales que autorizaban a Monsanto a radicarse en esa zona sin respetar las normas nacional y provincial sobre la materia.
Volvieron a tener un fallo adverso de la jueza de Conciliación de Cuarta Nominación de Córdoba, que no hizo lugar al amparo presentado una vez más por el abogado Macciocchi. Pero en la apelación ante la Cámara Laboral, Sala Segunda, obtuvieron una resolución favorable que se conoció el miércoles 8 de enero. En plena feria judicial, la vocal Silvia Díaz fue la autora del voto que resolvió declarar “la arbitrariedad e inconstitucionalidad”, tanto de la resolución dictada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, como de las ordenanzas municipales del Concejo Deliberante de la comuna de Malvinas Argentinas, por ser “arbitrarias en forma manifiesta e inconstitucionales, en tanto violentan normas de jerarquía superior, al disponer la autorización del Aviso de Proyecto correspondiente a la ejecución de la Etapa 1 ‘Planta de Acondicionamiento de Semillas de Maíz’ en la localidad de Malvinas Argentinas, presentado por la firma Monsanto Argentina SAIC, aplazando la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, para el momento previo al inicio de la Etapa Operativa”. Por ello, ordenó a la municipalidad de Malvinas Argentina a que se abstenga de autorizar a la firma Monsanto Argentina SAIC, “toda implementación, obra, ejecución o acción, hasta tanto no se cumplimente con la realización del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y la celebración de una Audiencia Pública, y ordena la suspensión de todas las obras que se llevan a cabo “con los permisos otorgados por los instrumentos normativos tachados de arbitrarios e inconstitucionales a través de la presente resolución”.
Voto en contra
El voto de la jueza Silvia Díaz fue avalado por el camarista Fernando Farías. Pero el tercer voto, del magistrado Azar fue contrario, fundado en la resolución del Tribunal Superior, que había autorizado la continuidad de las obras de la planta de Malvinas Argentinas. Además Azar dice que sus pares preopinantes cometen un grave error, al considerar que con la construcción de la obra civil, “ya estamos en presencia de un menoscabo al medio ambiente y que la actividad a ejercer desgasta al mismo, contamina y produce un daño ambiental (…) sin ninguna pericia técnica idónea que lo demuestre llegan a una conclusión falsa y carente de asidero legal”.
Y continúa diciendo el juez Azar: “Aprovechando la habilitación de feria dispuesta por la presidencia de esta Cámara y accediendo a una invitación publica que formula la firma Monsanto en los medios periodísticos de esta ciudad, para verificar dichas conclusiones viaje el 2 de enero pasado hasta la localidad de Pergamino y al día siguiente, viernes 3, me constituí en la planta de la firma cita en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires junto con un profesional de mi confianza especialista en semillas, la que es similar a la que se pretende construir en Malvinas Argentinas y pude verificar que la misma es una planta modelo que no produce ningún daño ambiental”.
Insólita confesión de un juez que manifiesta haber sido invitado por una de las partes en el juicio, y que acompañado de un “especialista”, al que no identifica ni con su nombre ni con sus títulos, ya se siente autorizado para decir que la planta de Monsanto en Rojas “es una planta modelo que no produce ningún daño ambiental”.
Pero no termina allí la intervención de este magistrado, porque luego dice que “familiarmente hace más de treinta años que utilizo el producto Roundup para combatir efectivamente las malezas, ello sin ninguna consecuencia física y/o orgánica a nivel personal, quizás habría que utilizar algún correctivo legal para responsabilizar a los magistrados que haciendo abuso de las cautelares distorsionan el derecho y con resoluciones infundadas producen daño económico a terceros con posturas alucinantes como la de autos”.
No aclara Azar de qué manera utiliza “familiarmente” el producto Roundup, de Monsanto. Si es en su jardín o huerta familiar o si es productor agrícola, en cuyo caso estaría incurso en una causal de incompatibilidad, además de tener un interés muy claro a favor de una de las partes en el proceso. Pero si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Carlos García Allocco, declaró sin tapujos que es productor sojero y además tiene un establecimiento donde cría ganado para la venta, y dice que “no hay incompatibilidad” en ello con su función como magistrado, ¿por qué no habría de hacerlo otro magistrado como Azar?
Lo que causa estupor es que diga que los fundamentos de los dos magistrados preopinantes en la sentencia, son “alucinantes” porque con “resoluciones infundadas” causan daño económico a terceros.
Para quienes abogamos por un Poder Judicial independiente no sólo de los otros poderes sino también de los grandes grupos económicos, esta afirmación en una sentencia, constituye casi, casi, confesión de parte.
Acampe
“No bajamos la guardia”, declararon los amparistas luego que la empresa Monsanto declarara que iba a apelar ante el Tribunal Superior de Justicia, que ya había fallado en abril del año pasado a favor de la continuidad de las obras civiles de la planta tan cuestionada por los vecinos de Malvinas Argentinas.
Y es que Monsanto ya anunció que iba a apelar el fallo ante el TSJ, y este Tribunal ya dio una opinión favorable a la multinacional en abril del año pasado. Por eso, los asambleístas decidieron mantener el acampe y bloqueo a la planta de Monsanto, que comenzaron el 19 de septiembre del año pasado, para impedir la continuidad de las obras. Por esa medida fueron reprimidos con la policía y con patotas sindicales en dos oportunidades, pero ahora la Justicia les ha dado la razón.
Efectos nocivos
El médico Medardo Avila Vázquez, de la organización Médicos de Pueblos Fumigados, es uno de los que más ha estudiado los efectos de los herbicidas y plaguicidas en las poblaciones que sufren las fumigaciones o que se encuentran cercanas a las plantas donde se manipulan y producen semillas genéticamente modificadas, como lo hace Monsanto.
Afirma Vázquez que “la planta que Monsanto planea instalar en Malvinas Argentinas, va a tener 240 silos grandes de 150 toneladas, que son galpones circulares donde almacenan, seleccionan y secan granos de maíz. Estos silos gigantescos tienen que mover el grano, tienen que airearlo, porque de lo contrario empieza a fermentar y entra en combustión y explota. Ese movimiento de los silos de maíz va desprendiendo una cascarilla, como una arenisca del revestimiento que tiene la semilla. Esa cascarilla vuela, por la corriente de aire que tiene el silo que lo hace desprender por la parte superior”.
Según Vázquez, esos silos van a estar colocados justo al noroeste del pueblo, “que es de donde viene el viento la mayor parte del tiempo”. En consecuencia irá arrojando una nube de cascarilla que, según lo han medido en otros pueblos, “esos residuos de esas cascarillas tienen gran cantidad de productos químicos: glifosato, atrazina y otros”.
En la planta se hará también el curado de la semilla, que significa “cubrir con una capa insecticida persistente a las semillas, darle como un látex que quede impregnada y no se vaya rápidamente. Eso tiene el objetivo de que cuando las estén comercializando no sean atacadas por bichos y cuando la siembren tampoco las ataquen gusanos”.
Para Vázquez, estos productos que usan para curar las semillas “se echan en enormes piletones donde van a usar más de millón y medio de litros de agroquímicos”, para lo cual necesitan 600 mil litros diarios de agua y toda esa agua contaminada “no se sabe dónde la van a tirar”.
Aunque Monsanto y el juez Azar dicen que en Rojas, donde hay una planta similar, no hay contaminación, Vázquez dice que en realidad “tienen grandes problemas porque no consiguen personal para esa planta: se enferman”. Y como Malvinas Argentinas es un pueblo muy pobre, con mucha necesidad de trabajo, es evidente que la empresa juega con esa necesidad.
A pesar de ello, Monsanto se opone a la realización de la consulta popular que es lo que pide la Asamblea “Malvinas lucha por la Vida”, y dice que la Audiencia Pública es suficiente.
