El denominado «Plan Norte»se propone un amplio proceso de explotación minera y energética de la provincia de Quebec situado al norte del 49º paralelo, que representa alrededor de 1,1 millones de km2 de bosque boreal, un ecosistema frágil constantemente vulnerado por una explotación forestal desmesurada, a la que se agrega ahora la amenaza minera prevista en este plan. En la provincia de Quebec se está gestando una amplia protesta social en torno a las preocupaciones socioambientales que este proyecto suscita. De sur a norte, de norte a sur, surge una diversidad de iniciativas ciudadanas en defensa de la Tierra, cuyos ecos se escuchan de un lado a otro.

Por Isabel Orellana publicado por Dilemas

21/04/2012. No cesa de aumentar la polémica frente al Plan Norte del gobierno del Quebec, lanzado con gran pompa en 2011, el cual propone un desarrollo económico para los próximos 25 años apoyándose en la industria minera y energética. Este plan, calificado oficialmente de «desarrollo sostenible», representa, según Jean Charest, primer ministro de esta provincia, «el catalizador del deseo de cambio de los quebequenses». En éste se propone un amplio proceso de explotación minera y energética del territorio situado al norte del 49o paralelo, que representa el 72% del Quebec, es decir, correspondiente a alrededor de 1,1 millones de km2, esencialmente de bosque boreal, un ecosistema frágil, conservado en parte aun intacto, pero cuyo equilibrio es constantemente vulnerado por una explotación forestal desmesurada, a la que se agrega ahora la amenaza minera, prevista en este plan. Alrededor de 130 mil habitantes, mayoritariamente indígenas. Inuits, Cris, Naskapis e Innus, viven en esa región y serán afectados. No se aplicó ninguna consulta previa.

La gran promesa del gobierno es proteger 20 % del territorio con reservas fáunicas y proyectos de ecoturismo, pero ¿qué sucederá con el 80% restante en manos de las empresas mineras? El plan tiene previsto 11 mega proyectos mineros y según la legislación vigente, ninguna zona con potencial minero puede transformarse en área protegida. En coherencia con el free mining imperante, se considera la actividad minera como la forma más adecuada de utilización de los territorios y como aquella que se debe privilegiar en términos de desarrollo. La propuesta del Plan Norte, en este contexto, se sostiene difícilmente. Por otra parte, la situación frágil de zonas protegidas ya existentes, en cuya periferia o proximidades se desarrollan actividades mineras, ilustra los riesgos de impactos ecológicos significativos que esta situación engendra. No es posible además ignorar otros aspectos esenciales, a menudo poco considerados. Hasta ahora se ha visto claramente que las municipalidades de las regiones mineras han sido incapaces de responder con una infraestructura y servicios apropiados para una población que se multiplica aceleradamente por causa de los nuevos desarrollos industriales extractivos. La precariedad de las condiciones de vida se ha visto acompañada de un aumento crítico de problemas psicosociales; criminalidad, toxicomanía, violencia, prostitución y otros problemas de esta índole, que golpean duramente a la población. Los costos sociales de estos desarrollos industriales han sido enormes.

Cabe además considerar que la contribución de las mineras a las finanzas públicas sigue siendo baja. Pero además, pocas son las empresas que en realidad aportan al fisco. Según informes oficiales emitidos por el Verificador general del Quebec, entre 2002 y 2008, por citar ese ejemplo, se establece que solamente 40% de las empresas mineras pagaron impuestos en ese período (1). Y por cierto, no debe ignorarse que el monto del impuesto sigue siendo determinado en función de las ganancias establecidas por cada empressa, según sus propios cálculos de rentabilidad (2). Situaciones similares se viven en los países mineros en toda América.

En la provincia de Quebec, revolucionada actualmente por un movimiento estudiantil universitario determinado a poner fin a la escalada de privatización de la educación a través de una huelga indefinida que se prolonga desde hace cinco semanas(3) , se está gestando una amplia protesta social en torno a las preocupaciones socioambientales que este proyecto suscita. Poco a poco, se articula una reflexión que atraviesa esas movilizaciones sociales y que vincula el actual boom minero quebequense con la realidad de otras regiones. De sur a norte, de norte a sur, surge una diversidad de iniciativas ciudadanas en defensa de la Tierra, cuyos ecos se escuchan de un lado a otro.

Altermundistas, indignados, pacifistas, ciudadanos de la tierra reivindican sus derechos. Es el apogeo de la protesta social, de lo político, que se forja en la emergencia de nuevas formas de compromiso social, desde la resistencia hacia la búsqueda de nuevos escenarios.

Hombres y mujeres se suman a la movilización social

En Quebec, 15 mujeres indígenas Innu emprendieron el domingo 1o de abril una marcha de 763 km., desde la reserva indígena de Mani-Utenam hasta la ciudad de Montreal, llevando la voz de las Primeras Naciones en la defensa de sus derechos y en la denuncia del Plan Norte, sin que el cruento frío las haya hecho desistir. Otras mujeres se han ido sumado en el camino. Se proponen llegar a Montreal el 22 de abril próximo, día de la Tierra, para sumarse a la amplia convocatoria lanzada para ese día por numerosos miembros del mundo del arte, de la cultura y de la ciencia, por personalidades públicas, sindicatos, asambleas de ciudadanos, organismos comunitarios, coaliciones y redes que se movilizan en torno a la defensa de los bienes comunes (http://22avril.org/). La marcha de estas corajudas mujeres pone una vez más en evidencia las enormes dificultades encontradas para hacer realidad el ejercicio de los derechos indígenas en contextos de implantación de la industria extractiva en sus territorios, como lo afirmaba recientemente Anaya(4) .

Pero la explotación exacerbada de las riquezas naturales en el continente y los efectos que ésta produce de degradación y destrucción de los ecosistemas y de las culturas y de desvastación de las economías de subsistencia locales, levantan un fuerte viento de rebelión y de resistencia. Las promesas de progreso y de contribución al desarrollo de las empresas mineras y gobiernos que las apoyan, se revelan un espejismo que genera una desconfianza creciente y ganan cada vez menos voluntades. La resistencia se amplía. «Hay que continuar soplando hasta que el viento se transforme en tempestad». Entre lo local y lo global, surge el despertar de las conciencias y emerge una nueva cultura política, esperanzadora.

Abril de 2012

*Isabel Orellana, Profesora-Investigadora,

Grupo de investigación en educación y formación ambiental

Facultad de Ciencias de la Educación

Université du Québec à Montréal

Notas

1.- (http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_index.aspx).

2.- Cabe notar, sin embargo que en 2009, alarmado ante la situación, el gobierno del Quebec decidió un alza gradual del impuesto minero de 12% a 16%

3.- El alza de 75% de los aranceles universitarios en cinco años, que se suma a la de 30 % aplicada en los tres años pasados, ha suscitado una oleada de indignación en los más diversos sectores sociales. Los estudiantes universitarios viven en una situación de asfixia financiera crítica; los niveles de endeudamiento están en constante alza. Entre 2008 y 2010, el aumento de los estudiantes que no logran reembolsar los préstamos gubernamentales fue de 72 %

4.- James Anaya es Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, autor del informe del 11 de julio de 2011, presentado a la asamblea general de la ONU, sobre sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en contextos en los cuales industrias extractivas realizan operaciones dentro de sus territorios o en proximidad de ellos.