El Parlamento portugués rechazó hoy, por unanimidad de sus siete grupos, el proyecto de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca), e instó al Gobierno español al cumplimiento del protocolo de actuación de iniciativas con impacto transfronterizo, firmado en 2008 por ambos estados, a causa de las minas que Berkeley pretende abrir a 40 kilómetros de la frontera lusa.

Fuentes: ICAL y Stop Uranio

La postura contraria de los portugueses a las instalaciones proyectadas por Berkeley en los municipios salmantinos de Retortillo y Villavieja de Yeltes se vio reforzada ayer con la posición unánime del Parlamento luso.

Esta Cámara ha exigido a España el cumplimiento de los compromisos contraídos entre los dos estados mediante el Protocolo firmado en 2008 de evaluación de impacto ambiental de proyectos con efectos transfronterizos.

El Convenio de Espoo obliga a evaluaciones conjuntas de actividades que pueden suponer riesgo ambiental para dos países que comparten frontera, o el artículo 37 del Tratado de Euratom que versa sobre el tratamiento de residuos radiactivos en territorios fronterizos.

En este sentido, desde el colectivo Stop Uranio aseguran que no le queda “otra salida al Gobierno español que mantener la suspensión indefinida de la planta de tratamiento de uranio de Retortillo”. Será hasta que, además de “pronunciarse el Consejo de Seguridad Nuclear, la población u organizaciones portuguesas puedan alegar sobre cómo les afecta esa instalación radiactiva”.

Finalmente, la Plataforma ha asegurado que Berkeley, la empresa que promueve la explotación minera, lleva una década “mareando la perdiz” con sus minas de uranio, “sin saber a ciencia cierta cuándo empezará esa actividad tantas veces anunciada”.

Con la implicación de Portugal, aseguran que “faltan muchos años para que esas actividades con “forte impacto ambiental e na saúde pública”, como recoge la propuesta aprobada ayer en el Parlamento portugués, “puedan concretarse en nuestra tierra”.