El informe de la Junta que declara inviable el proyecto extractivo en el Campo de Montiel alerta de repercusiones en manantiales y humedales y posible “alteración masiva del suelo”. Se denomina ‘tierras raras’ a un total de 17 elementos químicos que se usan para la fabricación de alta tecnología, ordenadores, baterías de móviles o televisores. En el Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno regional ha convocado la Mesa de la Minería: “queremos que deje las menores huellas posibles en el territorio”.Fuente: El Diario

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Que el lince ibérico, el águila imperial, el sisón y otras especies de la avifauna protegida de Castilla-La Mancha son incompatibles con el proyecto minera de tierras raras en el Campo de Montiel , es algo que se ha venido confirmando desde las primeras alegaciones al proyecto presentadas en enero de 2016. Ha sido uno de los principales motivos para que hasta el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, haya manifestado su rechazo a la iniciativa de la mercantil minera Quantum en esta comarca de la provincia de Ciudad Real.

Se denomina ‘tierras raras’ a un total de 17 elementos químicos, todos de carácter metálico, y usados para la fabricación de alta tecnología, ordenadores, baterías de móviles o televisores. Se trata  de elementos abundantes en la corteza terrestre pero que han generado conflictos comerciales entre la Unión Europea y China, a cuenta del monopolio para su uso que hasta el momento se ha llevado a cabo desde el gigante asiático.

Pero lo cierto es que en el informe de la Consejería de Medio Ambiente que tacha de “inviable” este proyecto, además de los riesgos para la fauna, hay otros factores que también han denunciado los colectivos sociales, económicos y agrarios, y que tienen que ver con la carencia de agua, la afección al suelo y las vías pecuarias. En el apartado del informe dedicado a la situación hidrológica, el Gobierno regional remarca que el proyecto de explotación para la extracción de monacita atraviesa las Ramblas ‘Camino de los Infantes’ y ‘Camino a Torre de Juan Abad’ del río Jabalón, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Establece así que la ejecución del mismo puede modificar las condiciones hidrológicas en las zonas de extracción y en sus alrededores, “con los subsiguientes cambios en la red de drenaje causados por un desequilibrio temporal en la escorrentía superficial o la infiltración”. Y añade que, por tanto, podría haber repercusiones en manantiales y humedales cercanos o distantes, “tanto en calidad como en cantidad”.

Como Quantum todavía puede corregir su estudio de impacto ambiental, y hay un plazo hasta el próximo otoño para una posible ‘cuenta atrás’ de este proyecto, Medio Ambiente alega que en los lugares de extracción debe preverse una gestión sostenible de los recursos hídricos y “técnicas complejas de drenaje que limiten el descenso de las aguas freáticas (descenso o ascenso en diferentes zonas)”. Aun así, incide en que tales impactos pueden afectar tanto a las aguas subterráneas como a las superficiales y añade que la evaluación de sus efectos sobre un lugar Natura 2000 exige un estudio hidrológico que la empresa no incorpora en su estudio inicial.

El Gobierno de Castilla-La Mancha alude a las alternativas o ‘planes B’ ofrecidas por Quantum: cintas transportadoras, acceso al derecho concesional de agua o la utilización de camiones cisterna. Pero de cualquier manera y dada la “alta demanda de agua necesaria para la ejecución del proyecto”, establece que la viabilidad del mismo está condicionada por la Confederación del Guadiana, si bien este organismo ya se pronunció sobre el tema, rechazando el proyecto.

Otro aspecto que destaca el informe son los procesos erosivos del suelo por lluvias torrenciales. Remarca especialmente la frase del estudio previo de Quantum donde la minera reconoce posibles “graves daños en situaciones de avenidas extraordinarias, por desbordamientos de cauce o derrames”. A esto añade la Junta que la explotación y posterior restauración del suelo para la extracción minera “supone la descompactación de suelo” y una elevación de hasta 50 centímetros.

Teniendo en cuenta que el proyecto podría realizarse hasta en 250 hectáreas, esto podría dar lugar a “procesos de erosión masivos y acarcavamiento del territorio en lluvias torrenciales y el arrastre de suelo hacia los cursos fluviales”. En definitiva, avisa sobre una posible “alteración masiva de suelo” y “pérdida de fertilidad”.

Medio Ambiente recalca que no se ha evaluado cuál puede ser el efecto de las lluvias torrenciales, y pide tener en cuenta varios aspectos, principalmente el hecho de que el permiso de investigación incide con la Vía Pecuaria Caña Real de los Serranos. Recuerda que según la Ley regional que regula estos tramos, “en ningún caso podrá autorizarse el aprovechamiento de tierras, áridos o canteras en las vías pecuarias, incluso en las parcelas de reemplazo colindantes con ellas”. Tampoco pueden utilizarse, subraya el informe, para el tránsito de vehículos no agrícolas.

“Graves problemas erosivos”

Todas estas consideraciones, junto las indicadas referidas a las especies protegidas, llevan a la Junta a considerar que el método de extracción y restauración planteado por la minera puede provocar “graves problemas erosivos”, con la consiguiente amenaza para territorios localizados aguas abajo como el pueblo de Torrenueva, en el caso de lluvias torrenciales, “no habiéndose evaluado el riesgo”.

Se da la circunstancia de que este 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado la Mesa de la Minería para escuchar las demandas y necesidades del sector. La consejera de Economía, Patricia Franco, ha manifestado la preocupación de la Junta por el impacto ambiental de la actividad minera: “perseguimos bajo todos los medios que esta deje las menores huellas posibles en el territorio”.

En esta reunión se van a plantear dos temas fundamentales: la necesidad de crear a nivel regional un Código de Gestión de Prácticas Ambientales en la Actividad Minera, que permita asegurar que la actividad minera que se desarrolla en Castilla-La Mancha es una actividad sostenible desde el punto de vista medioambiental; y la idoneidad de modificar el sistema de garantías de recuperación medioambiental, para asegurar que la restauración de las zonas afectadas.

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