Representantes municipales de los Ayuntamientos y concejos afectados por las prospecciones mineras en la sierra del Perdón/Erreniega, ubicada en Navarra (España), han asegurado este jueves en el Parlamento foral que están haciendo “todo lo posible” para que el proyecto no salga adelante por los riesgos que conlleva.
Fuente: EFE
En una sesión solicitada por Bildu, Aralar-NaBai, I-E y el parlamentario no adscrito de Geroa Bai, han pedido al Parlamento que no se mantenga al margen y han planteado la posibilidad de solicitar un informe a la Cámara de Comptos sobre este expediente y de aprobar una legislación minera específica.
“Queremos mantener nuestros valores naturales, ambientales y sociales y no volver a vivir situaciones anteriores (en alusión a la antigua mina de Potasas), ni que se agraven los riesgos y problemas que sufrimos”, ha sostenido Blanca Vázquez, de Undiano.
Vázquez, quien ha afirmado que reabrir la antigua mina o abrir una nueva “atenta contra la seguridad, tranquilidad, calidad de vida y desarrollo sostenible”, ha recordado que la apertura de galerías subterráneas provocó explosiones, ruidos, sobresaltos, grietas, hundimiento de campos, deslizamiento de tierras, salinización de regatas y del río, un “continuo sin vivir”, ha aseverado.
Además ha denunciado la existencia de “múltiples vertederos y pozos, enormes vertederos de minerales salinos” y unas lagunas, las de Beriain y Zolina, que “son unos focos de contaminación inadmisibles”. Ha calificado de “simple maquillaje” los planes de rehabilitación que se han realizado.
A todo a ello ha añadido los graves episodios de sismicidad que vivieron en 2013, con una media de cinco episodios por día, sin que nadie se atreva a garantizar que la explotación minera no incrementará el riesgo sísmico en la zona.
El único aspecto positivo de este proyecto sería la creación de puestos de trabajo, según Vázquez, quien ha precisado, no obstante, que ni siquiera la empresa se atreve a decir cuantos puestos se generarían. Se habla de unos 200 empleos.
Enrique Miranda ha explicado la importancia de los sondeos que se están realizando ya que “no es nimio, ni inocuo tener los derechos de investigación”, puesto que cuando se da un permiso de investigación se concede el monopolio de la explotación.
“No son solo unos sondeos, es una actividad financiera de enorme importancia”, ha comentado, tras lo que ha remarcado que Geoalcali, la empresa que tiene concedido el permiso, tiene derecho preferente a la explotación de la concesión minera y puede hacer con ese monopolio lo que quiera, incluso venderlo.
Ha criticado la gestión que ha realizado el Gobierno, al que ha acusado de no consultar a los pueblos, lo que les sitúa en una situación de “indefensión” y les obliga a acudir a los tribunales.
Según ha dicho, tienen la sensación de que se procura dar el máximo de facilidades a la empresa para que haga los sondeos cuanto antes y no se sigan los tramites, lo que puede llegar a rozar la “prevaricación al dar carta de resolución a un informe hecho desde Medio Ambiente que no es una resolución”.
Ha resaltado la discrepancia existente entre los pueblos y Medio Ambiente respecto a la evaluación de impacto ambiental.
“De una afección grave y dolosa” ha hablado a continuación el parlamentario Koldo Amezketa (Bildu), quien ha afirmado que “no hay ningún seguimiento de cómo está el subsuelo” y ha denunciado el “oscurantismo” del Gobierno, crítica a la que se ha sumado Juan Carlos Longás (Aralar-NaBai), quien ha resaltado las “profundas afecciones ambientales” del proyecto.
José Miguel Nuin (I-E) ha considerado “justificada la preocupación” y ha opinado que es “muy alarmante” como está actuando el Gobierno, al igual que el parlamentario no adscrito de Geroa Bai, Manu Ayerdi que ha asegurado que le preocupa especialmente que “se diga que el Gobierno se ha saltado la ley”.
Marivi Castillo (UPN) ha dicho que estudiarán la documentación, María Carmen Ochoa (PSN) ha incidido en la necesidad de velar por la seguridad y el medio ambiente y cumplir la legislación, cuestión compartida por Ana Beltrán (PPN), quien ha instado a buscar el equilibrio entre el desarrollo económico que puede conllevar la mina y las opiniones de los vecinos.
