El gobierno uruguayo decidió asociarse con la empresa minera Aratirí para la construcción de un puerto de aguas profundas en la cosa oceánica. Supeditar la viabilidad del puerto a la carga del mineral extraido, deja en segundo plano el estudio inconcluso sobre la viabilidad ambiental del proyecto Aratirí, que podrá imponer sus condiciones. Por esta vía, Uruguay quedará a merced de las empresas extranjeras de megaminería a cielo abierto que buscan aprovechar la actual coyuntura especulativa del mercado internacional de los metales.
Por Víctor L. Bacchetta
El 14 de junio, el presidente José Mujica aprobó el informe de la Comisión Interministerial designada para estudiar la viabilidad de la instalación de un puerto de aguas profundas en la costa oceánica y ordenó por decreto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dictar los actos para el desarrollo del puerto a través de un contrato de participación público-privada (PPP). Ese mismo día solicitamos el referido informe, basados en la Ley de Acceso a la Información Pública, y el 13 de julio recibimos el resumen de sus conclusiones.
A pesar de ser solo una síntesis de las conclusiones, el documento oficial permite conocer aspectos sustanciales de la propuesta aprobada por el Poder Ejecutivo y hacerse una idea de los fundamentos de tan trascendente decisión. Trascendente porque los compromisos asumidos por el gobierno en ese acto tienen graves implicaciones para el país y su futuro, aunque la habilitación del puerto y su ejecución deben ser refrendadas por instancias de contralor y legislativas que pueden llevar incluso a que el proyecto no prospere.
Definición presidencial
El asesor presidencial Pedro Buonomo presidió la Comisión Multipartidaria sobre la Minería de Gran Porte y la Comisión Interministerial sobre el Puerto de Aguas Profundas.
La introducción del informe de la Comisión Interministerial (CI) aclara que sus cometidos no incluyeron la realización de un plan maestro del puerto de aguas profundas y agrega que esto “exige estudios técnicos especializados y multidisciplinarios, a partir de los estudios y análisis realizados”. Dicho lo cual la CI llegó a las siguientes conclusiones:
● Es necesario y conveniente contar con un Puerto de Aguas Profundas (PAP) en la costa oceánica del país, valorando especialmente la viabilidad y oportunidad para encarar esta obra en las actuales circunstancias;
● Se ha definido el lugar de implantación del PAP (en el balneario El Palenque) con una única intervención en el departamento de Rocha, el carácter multipropósito del mismo, y en forma preliminar, se han estimado los requerimientos espaciales, terrestres y acuáticos;
● También de manera preliminar se han definido las obras básicas, (obras de protección, escolleras, dragados y muelles de atraque), apoyados en los estudios realizados por las distintas propuestas, antecedentes y conocimiento, con el objetivo de realizar una estimación de las inversiones requeridas.
La versión es textual y los subrayados son nuestros, para destacar el carácter preliminar de las definiciones del informe, que es reconocido por la CI. Pero el fundamento de un puerto son las cargas a ser transbordadas en el mismo y aquí es donde se comienza a revelar el trasfondo político esencial de la definición presidencial. Dice el informe:
“Las cargas potenciales que pueden ser canalizadas con inmediatez fáctica para el puerto de aguas profundas que se estudia, son las cargas provenientes de la explotación minera y las provenientes de la explotación de cereales y granos. A estas cargas se agregarían otras con el desarrollo futuro del puerto”.
Aratirí proponía una terminal portuaria exclusiva para embarcar el hierro. Con la decisión presidencial sería la base de apoyo para el desarrollo del puerto de aguas profundas.
Y prosigue: “La necesidad de captar cargas que justifiquen la viabilidad económica del PAP tiene su contraparte en buena medida en la industria minera, que necesita disponer de una logística portuaria adecuada para su desarrollo (…) La necesidad de contar con una terminal con profundidades del orden de los 20m coloca a las iniciativas de producción minera en un lugar protagónico en el proyecto de PAP. El emprendimiento de explotación minera Aratirí se encuentra en esas condiciones”(sic).
El informe menciona las potenciales cargas líquidas (petróleo y gas lícuado) que dependen de instituciones del estado uruguayo y las potenciales cargas contenerizadas dependientes del sector privado, pero son desarrollos posibles no colocados como determinantes.
En síntesis, la necesidad operacional y la viabilidad económica del puerto propuesto por el presidente pasa por la explotación minera y el proyecto de Aratirí. El financiamiento de esa obra que Mujica ha definido que, junto con la regasificadora, “geopolíticamente será la decisión más importante que tome este gobierno” se basa en la inversión prevista por la minera para la terminal portuaria que llevaría el hierro hacia los mercados asiáticos.
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Con nombre y apellido
Con esa definición esencial, que colocaría al Uruguay simplemente al servicio de la minería a cielo abierto en gran escala para aprovechar la actual coyuntura especulativa del mercado internacional de los metales, el informe y las decisiones del gobierno se concentran en los pasos institucionales de ejecución de la obra para asegurarse que la empresa contratante sea Aratirí y asegurarle a la minera las condiciones de viabilidad de su proyecto.
“En el caso de la minería de gran porte, si el Estado siguiera un procedimiento estándar para adjudicar una Concesión o un proyecto de PPP portuaria, considerando la etapa actual del proceso en la que se encuentra, le llevaría un plazo no menor a 15 a 20 meses. Este plazo podría llegar a ser muy largo para Aratirí, lo que sumado a otras consideraciones, podría llevarlos a plantearse, hipotéticamente, a desistir del proyecto en Uruguay”, señala la CI.
Pero hay una manera de superar esta dificultad, según el informe: “la propia ley de PPP establece que los estudios previos se definirán de acuerdo a las características de los proyectos, por lo cual se puede reglamentar que los estudios previos necesarios para comenzar el proceso por la ley de PPP son los estudios ya realizados por la Comisión Interministerial”. Es decir, los estudios considerados “preliminares” por la propia CI.
Y agrega: “… en un contrato de PPP entre el MTOP y la CND, se puede incluir que la CND pueda establecer acuerdos comerciales con usuarios, que asegurando una determinada carga mínima para la operativa portuaria, puedan negociar condiciones especiales de obras (…) Dentro de este régimen se podría llevar adelante la negociación de realización de obras por Aratirí”. Así, con reglamentación y contrato a medida, quedaría todo resuelto.
Cronograma incluido en el informe de la Comisión Interministerial donde se prevee en 5 (cinco) meses firmar el contrato de usuario del PAP con Aratirí.
Calculando los tiempos necesarios para que el Proyecto Valentines siga en pie, el informe de la CI incluye además un cronograma que prevé en 5 (cinco) meses la suscripción de un contrato de usuario del PAP con Aratirí. Esto explica la ofensiva publicitaria desplegada por la empresa en los últimos días, el aumento de la presión sobre los productores de Cerro Chato y Valentines que se han resistido a la entrada de la minera en los campos y los anuncios de la reanudación de las perforaciones exploratorias en aquella zona.
En resumidas cuentas, los procedimientos para la conformación institucional del PAP se someten a la necesidad de asegurar la viabilidad del Proyecto Valentines en los términos definidos por Aratirí. La aprobación de este informe, el envío del proyecto de habilitación al Parlamento y el decreto de expropiación de 458 predios en la zona de El Palenque, son decisiones que configuran un Contrato de Inversión, al estilo del firmado entre el gobierno uruguayo y Montes del Plata, ahora con la firma trasnacional Zamin Ferrous.
En este contexto, ¿cuál puede ser el papel que le queda por desempeñar a la Dinama como organismo evaluador y fiscalizador de estos proyectos de alto impacto ambiental? La clave puede desprenderse de las declaraciones del arquitecto Francisco Beltrame, cuando ya había sido designado pero todavía no había asumido como nuevo ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente: “Adecuar los tiempos del ministerio a los tiempos que demandan quienes esperan el producto de sus políticas”(sic).
Aratirí presentó el segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el 13 de octubre de 2011, y la Dinama dijo que le llevaría 18 meses el análisis. Este plazo se vio ampliado por falta de respuestas de la empresa a requerimientos adicionales de información. Con el nuevo PAP, Aratirí tendría que reformular su mineroducto y su terminal portuaria. ¿Cómo encajan en 5 meses los más de 10 meses que restan para el análisis de la Dinama, más la puesta de manifiesto del EIA y la audiencia pública que prevé la ley para aprobar el proyecto?
Es una misión imposible. La decisión de atar la viabilidad del puerto de aguas profundas a la firma de un contrato de carga con Aratirí, dejó en segundo plano el análisis de la viabilidad ambiental del proyecto minero cuya ejecución, al ser considerada imprescindible para la construcción del PAP, habilita a la empresa a imponer sus condiciones.
¿Quién es el nuevo socio?
Con esta decisión del Poder Ejecutivo no solo se subvierten los mecanismos previstos por la legislación para ejecutar proyectos y crear asociaciones público-privadas para gestionarlos con seriedad y eficiencia. Se ignoran la consulta a la ciudadanía y a comunidades afectadas por proyectos cuya magnitud y sus impactos trastocan sus medios habituales de vida y modifican significativamente y a largo plazo el modelo de desarrollo del país.
Imagen del proyecto Aratiri: tres tajos a cielo abierto
En este marco, también quedan al margen los acuerdos de la Comisión Multipartidaria que analizó las políticas para la Minería de Gran Porte. La decisión de privilegiar la asociación con Aratirí para viabilizar el PAP hecha por tierra la intención de aquellos que admitían el proyecto si se elevaban las exigencias ambientales. Igual suerte corren los que creían haber logrado acuerdos para imponer mayores exigencias económicas a la minera.
Y en este proceso sobrevuela una pregunta que es natural hacer en cualquier negociación, más cuando se trata de proyectos de desarrollo del país. Es una pregunta planteada ante tantos elementos confusos: ¿quién es Aratirí? ¿cuáles son sus antecedentes reales y su experiencia en los proyectos propuestos? En suma, ¿quién sería el nuevo socio del gobierno uruguayo en estas obras de gran envergadura? Desde hace tiempo circula un informe de un estudio jurídico uruguayo que responde así a esas preguntas:
Pramod Agarwal, presidente de Zamin Ferrous, con sede en la Isla de Jersey, un paraíso fiscal dentro del Reino Unido.
“Aratirí es Zamin, una empresa que se dice es propiedad de un magnate indio con antecedentes turbios en China y que no se sabe siquiera si es quien dice ser, o que representaría intereses de un personaje que controla la producción de acero de todo el mundo. Esa empresa Zamin se introduce en un proyecto en Brasil, manifiesta su voluntad de desarrollarlo, y termina vendiéndolo a un grupo internacional con un pasado y presente más turbio aún, y que tras una fachada de seriedad y gran volumen es investigado y acusado por impulsar sus negocios en base a servicios de lavado de dinero, privatizaciones fraudulentas y entrega de sus asociados de antaño a la boca de peces mayores”.
“¿Saben las autoridades uruguayas con quiénes pueden estar lidiando?”, se pregunta este informe. Es obvio que deben saberlo: hay denuncias realizadas por legisladores uruguayos y un proceso abierto por una fiscal. Si no lo supieran, evidenciarían su incompetencia para manejar las responsabilidades asumidas y para las que fueron elegidas. ¿Cuál fue el origen de la relación entre Zamin Ferrous y algunos gobernantes en el primer gobierno del Frente Amplio? Tal vez esta sea otra de las revelaciones sorprendentes que se reserva el ex-presidente Tabaré Vázquez para nuestro futuro o el de nuestros hijos o nietos.
De habilitarse el puerto de aguas profundas bajo tales condiciones, la consecuencia será la instalación en el país de una serie de proyectos especulativos de minería metalífera a cielo abierto en gran escala. Atrás de Aratirí (Zamin Ferrous) vienen San Gregorio (Orosur Mining Co.) y otras empresas extranjeras camufladas con nombres diversos y más de tres millones y medio de hectáreas pedidos. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que será el inicio de un saqueo depredador como nunca hemos conocido los uruguayos.
