Fiscales, policías y militares de Bolivia allanaron hoy oficinas de la empresa india Jindal para investigar un supuesto “incumplimiento de contrato”, después de que esa compañía confirmara que abandonará el proyecto minero El Mutún argumentando que no cuenta con seguridad jurídica para seguir en el país.
Fuente: EFE
El fiscal Marco Antonio Rodríguez informó a los medios que junto a policías allanó la oficina en La Paz y se realizaron operaciones similares en la ciudad oriental Santa Cruz y en el pueblo de Puerto Suárez, donde está la mina de hierro, en la frontera con Brasil.
El fiscal Sergio Tarqui dirigió la intervención en Puerto Suárez, desalojó a los empleados de la firma con el apoyo de la Policía y del Ejercito y detuvo a una funcionaria contable que intentaba retirarse del lugar con documentos en una camioneta.
Rodríguez dijo que en La Paz se secuestró solo dos computadores y pocos documentos para su investigación, mientras que una fuente relacionada con Jindal dijo a Efe que esta oficina no era importante como las de Santa Cruz y Puerto Suárez.
El fiscal Rodríguez adelantó que “en este caso no existe el tipo penal de incumplimiento de inversiones, sino incumplimiento de contratos” y que citará a declarar a los ejecutivos de la firma.
No obstante, otros fiscales ya investigaban a la empresa por un supuesto incumplimiento de inversiones porque, según el Gobierno, no ha invertido los 600 millones de dólares comprometidos hasta 2012.
Jindal firmó en 2007 un contrato con el Gobierno de Evo Morales para explotar la mitad de la mina El Mutún, que tiene 40.000 millones de toneladas de distintos minerales, principalmente hierro.
La empresa confirmó esta semana que rescinde su contrato en Bolivia porque el proyecto llevaba tres años de retraso en sus objetivos, no tenía condiciones de seguridad jurídica para seguir, ni la energía garantizada para instalar una planta siderúrgica.
“Debido a las actitudes anti inversionistas y de no cooperación al inversionista extranjero por parte del Gobierno de Bolivia (…), Jindal Steel Bolivia no tenía otra alternativa más que rescindir el Contrato de Riesgo Compartido”, justificó la firma en un comunicado.
La empresa había pedido como condición para quedarse que Morales garantice que no la nacionalizará, tras decidir el mandatario la nacionalización de una mina de la suiza Glencore y la suspensión de una concesión de la minera canadiense South American Silver.
Jindal anunció un juicio para reclamar un pago por “daños y perjuicios”, mientras que las autoridades replicaron que harán lo mismo contra la compañía.
El ministerio de Minería dijo que Jindal se va porque el Gobierno no aceptó su petición de que cese la investigación sobre sus inversiones, ni de devolverle los 36 millones de dólares con los que le multó por un supuesto incumplimiento del contrato.
La Administración de Morales hará una nueva licitación para explotar el hierro del Mutún para la que asegura tener interesados de Corea del Sur, China e Italia.
