A casi un mes de ocupar la presidencia, Federico Franco finalizó la primera ronda de las negociaciones con la multinacional canadiense Río Tinto Alcan (RTA), productora de aluminio investigada por delitos de lesa humanidad y contaminación, que pretende instalarse en las márgenes del río Paraná. La transnacional minera Rio Tinto Alcan, estaría desmontando su principal fundición de aluminio en Inglaterra y ha elegido a Paraguay para montar la mayor fábrica mundial de ese metal. Se incluyen otros artículos analizando el tema.
Fuentes: Marcha, Fanal Cubano y nitontonitinto.blogspot
Rio Tinto Alcan es la segunda empresa productora de aluminio del mundo y extracción de minerales. Tiene plantas en todos los continentes, se caracteriza por dejar gran contaminación en los territorios en los que se instala, y está implicada en casos de violación de los derechos humanos. La multinacional que pretende instalarse en Paraguay, tiene abierto un proceso judicial por estar implicada en un golpe de estado en Papúa Nueva Guinea en los años 80, en el cual se reprimió y asesinó a miles de personas que protestaban contra un enclave minero de su propiedad.
La relación entre Rio Tinto y el Estado paraguayo estaba en una etapa evaluativa durante el gobierno de Lugo. Pero a partir de esta semana se aceleraron las negociaciones que tienen como perspectiva la aprobación e instalación de la planta en el país. Esto responde a la perspectiva política que se está queriendo implementar en Paraguay a partir del golpe institucional.
Existen diversas vinculaciones entre el sector golpista y los intereses de la multinacional: Canadá, el país de origen de la empresa, fue uno de los primeros países que reconoció el nuevo gobierno producto del golpe institucional a Fernando Lugo, junto con el Vaticano y Alemania. Además, Francisco Rivas, quien fuera asesor del gobierno de Lugo y afín a la inversión transnacional en el país, hoy es el actual ministro de Industria y Comercio. Diego Zavala, actual viceministro de Comercio fue también consultor de la empresa.
La multinacional busca instalarse en el país ya que prevé recibir subsidios en el consumo energético por parte del Estado paraguayo y además utilizar el agua del rio Paraná para fundir aluminio que posteriormente pasara a tratarse en Brasil, lo que reducirá los costos de producción mediante el uso intensivo y a barato de la energía eléctrica del país y una mano de obra joven y precarizada.
Características del saqueo
Todas las materias primas que se utilizarán en la construcción de la empresa serán importadas, excepto la energía eléctrica; ya que la empresa exige su provisión de manera permanente desde las centrales de Itaypú y Yaciretá, para obtener mejores rendimientos.
Así, la multinacional utilizará la misma cantidad de energía eléctrica que toda la población del país, con la misma tarifa.
Además, Río Tinto Alcan será una de las 10 fundiciones de aluminio más grandes del mundo, en la que será necesario invertir en infraestructura para puertos, caminos, armado del parque industrial y dragado de ríos, entre otros elementos.
Los argumentos para justificar la instalación de la empresa y permitir el saqueo de los bienes comunes, tienen que ver con la apertura de puestos de trabajo y el aumento de las exportaciones. Así, Río Tinto Alcan y el gobierno de facto de Federico Franco, sostienen que se generarán 50 mil nuevos puestos de trabajo y que las exportaciones aumentarán en un 60%.
Pero, las industrias electrointensivas insumen poca cantidad de recursos humanos y es posible que se contamine el Acuífero Guaraní mediante su implementación.
La vice ministra de Energía y Minas durante el gobierno de Fernando Lugo, Mercedes Canese destacó que: “Hay que definir todavía quién hará esas inversiones. Si queda en manos del Estado, de qué forma, cómo se obtiene el financiamiento. También está la importancia de que RTA tenga energía constante, no interrumpible. Entonces, estaría conectada a las dos binacionales. Todas esas son inversiones públicas normalmente. Todavía en esta etapa de estudio, no se ha definido a cargo de quién estarán”.
Delitos de lesa humanidad
Los trabajadores de las plantas que Río Tinto tenía en la isla de Bougainville en Papúa Nueva Guinea, trabajaban en condiciones de semiesclavitud y, hacia 1980 comenzaron a organizar levantamientos con reivindicaciones que se vinculaban con la vida y el trabajo más digno.
La empresa contrató mercenarios e instigó a los militares a defender sus intereses de económicos en la zona e impuso un bloqueo en el que 10 mil civiles y trabajadores murieron.
Hoy en día, hay una causa que implica a Río Tinto con estos delitos de lesa humanidad en la Corte de Estados Unidos.
Canadá, la trasnacional Rio Tinto Alcán y el Golpe de Estado en Paraguay
Silvio Nuñez (*)
Río Tinto Alcán (RTA) es una multinacional canadiense, que se dedica a la industria electrointensiva de producción de aluminio y a la minería extractiva, con presencia en los cinco continentes. Al inicio del Gobierno de Fernando Lugo, presentó una oferta de instalar una industria electrointensiva de aluminio, con una inversión inicial de 2.500 millones de dólares (US$) que posteriormente aumentó a 3.500 o 4.000 millones de US$, dependiendo de la fuente consultada.
Si nos atenemos al hecho de que Paraguay no tiene la materia prima (bauxita) ni los demás insumos para la producción del aluminio, y encima de ello es un país sin litoral marino y con una escasa población. Entonces, ¿porqué Paraguay?
Según las expresiones de sus propios representantes, la principal atracción de Paraguay fue su “energía abundante y barata”. En su momento explicaron que deseaban un contrato a largo plazo, similar al que tenían en otros países, de 50 años, con una tarifa fija o ajustable de acuerdo al precio del aluminio. Posteriormente bajaron el plazo a 30 años, renovable por 20 más.
La tarifa eléctrica
Explicaron que el rango de precios de la energía para que su inversión ofrezca el retorno necesario para establecerse en Paraguay, no debía superar los 38 US$//MWh, lo cual fue corroborado posteriormente con un estudio que realizó el gobierno de Paraguay a través de la Consultora británica CRU Estrategie.
Estos precios, son similares a los que defendieron los lobistas de RTA, como Diego Zavala -Coordinador Técnico del Equipo Técnico Interinstitucional, hasta su nombramiento como Viceministro de Comercio por el nuevo presidente Federico Franco- y Francisco Rivas -Ministro de Industria y Comercio de Fernando Lugo y único ministro confirmado por el actual gobierno.
Poco antes del golpe, Francisco Rivas defendía que el precio debía ser del 42 US$/MWh, intermedio entre los 32 US$/MWh planteados por RTA y los 60 US$/MWh establecidos por el Viceministerio de Minas y Energía.
Diego Zavala y Francisco Rivas han dicho que el Estado Paraguayo no subsidiará a RTA. Sin embargo, las tarifas que ellos proponen significan un subsidio millonario. Resulta, que de acuerdo con los expertos en la materia, una industria como RTA consume energía las 24 hs del día, en forma continua. Ese tipo de energía, se llama “energía garantizada” cuando proviene de una hidroeléctrica y tiene un 95 % de confiabilidad.
Todos los estudios indican que RTA se proveerá de Itaipú Binacional, central hidroeléctrica compartida en partes iguales por Brasil y Paraguay.
Paraguay en la actualidad consume aproximadamente un 15 % del total, y el excedente lo cede a Brasil a cambio de una compensación.
Según los cálculos estadísticos de las condiciones hidrológicas, este tipo de energía garantizada se produce en Itaipú, 75.150 GWh al año para 12.135 MW de potencia disponible. Ello equivale a 6.163 horas al año, es decir, dividido 12 meses, 516 horas al mes. El costo de la energía garantizada se calcula, tomando la tarifa de la potencia, de 22,6 US$/kWh y dividiéndola por la cantidad de horas al mes que existe energía garantizada, lo que da 43,8 US$/MWh.
A este costo, los técnicos agregan la compensación por cesión de energía que Brasil paga, pues será un ingreso que el Estado perderá, de 8,4 US$/MWh. Entonces, el costo de la energía en Itaipú, para vender a RTA al mismo precio que se vende al Brasil, es de 52,2 US$/MWh.
Por último, como la energía debe ser transportada por redes de transmisión hasta la fábrica, se deben agregar los costos de transmisión y pérdidas, de 7,5 US$/MWh, con lo cual la tarifa final, a los costos de oportunidad actual son de 59,7 US$/MWh.
Vemos entonces, que para la última tarifa planteada por Francisco Rivas, y considerando que RTA consumirá 1.100 MW de potencia y 9.600 GWh de energía por año, el subsidio, multiplicando esa energía por la diferencia entre 59,7 y 42 US$/MWh, da 165 millones de US$ al año.
Ni Diego Zavala ni Francisco Rivas han explicado cómo se cubrirá esa diferencia.
Debe añadirse, que estos costos son crecientes considerando el aumento de los precios internacionales de la energía y el agotamiento de las fuentes de energías baratas. Considerando esos costos crecientes, los técnicos paraguayos calculan que en 20 años, el Estado habrá subsidiado 12 mil millones de dólares a RTA.
Industrias asociadas
En compensación al bajo precio por la energía que solicita RTA, las ventajas que ofrecen es que, ayudarán a la industrialización de Paraguay y a la generación de empleo, y que Paraguay tendrá una mayor soberanía sobre su energía pues la energía se utilizará localmente, en vez de exportarse como sucede en la actualidad.
Sin embargo, en su informe, la consultora CRU Estrategie, afirma que no existe antecedente en el mundo donde las industrias procesadoras se instalen cerca de las lingoteras (como será la electrointensiva de aluminio). Las industrias procesadoras siempre se instalan cerca de los mercados de consumo del aluminio. Paraguay no tiene vocación de mercado de consumo, con su población de apenas 6,2 millones de habitantes, si tan solo la comparamos con Brasil (190 millones) o Argentina (40 millones).
Empleo
En cuanto a la mano de obra, según RTA generarán 1.250 empleos directos y diferentes cifras de empleos indirectos (han dicho 10.000, 15.000 y ultimamente 50.000). Como consumirá 1/5 parte de toda la energía de Paraguay, si la comparamos con su industria tradicional, que consume 1/30 parte de toda la energía de Paraguay y emplea en forma permanente a 300 mil trabajadores, aún comparando con los 50.000 empleos indirectos, la industria tradicional paraguaya genera 36 veces más empleo que RTA. Si comparamos los empleos directos, la relación es uno a mil cuatrocientos.
Impuestos
RTA ha afirmado que desea acogerse a las leyes de fomento de la inversión del Paraguay y la ley de la Maquila. Es lógico que así sea, según lo cual, la expectativa de cobro de impuestos sería entre 96 y 28 millones de US$ por año, para una facturación esperada, a un precio del aluminio de 2.000 US$/kg, de 1,3 mil millones de US$ por año (entre 7 y 2% de impuestos sobre facturación).
Condiciones de RTA
RTA requiere de parte del Estado inversiones en infraestructura de obras públicas (puentes, caminos, ferrocarriles, líneas de transmisión), cuyo valor se calculó en 700 a 1.000 millones de US$. La inversión de 3.500 millones de dólares de RTA, sería en de tecnología de punta, donde la mayor parte del capital -los equipos y maquinarias- serían importados.
Resumen
Si el actual gobierno acepta las condiciones de RTA, deberá enfrentar la construcción de obras públicas por valor de 700 a 1000 millones de US$, más un subsidio anual creciente de 165 millones de US$ que llegará a 12 mil millones de US$ en 20 años. El nuevo presidente de la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) ya ha afirmado que ellos no podrán soportar dicho subsidio.
A cambio, RTA empleará en forma directa a 1.250 personas (1400 veces menos que la industria tradicional) y pagará entre un 2 a 7 % de impuestos sobre la facturación.
Conclusiones
Hemos leído las últimas declaraciones de las nuevas autoridades del gobierno de Paraguay, reconocido por muy pocos países, entre ellos Canadá, El Vaticano y Alemania. En ellas aseguran que acelerarán el proceso de negociación con RTA.
Sin duda, el cambio de gobierno ha sido un enorme golpe de suerte para la transnacional canadiense.
El cambio de gobierno de Paraguay no ha pasado de ninguna forma indiferente a la población. Cada día, se realizan movilizaciones multitudinarias de repudio al golpe parlamentario. También la opinión pública ha expresado, a través de las redes sociales, su inquietud en relación a la acelerada negociación con RTA. ¿Tendrá validez un acuerdo así entre el cuestionado gobierno y RTA?
La ciudadanía paraguaya lo dirá.
Fuentes consultadas:
http://www.ssme.gov.py/vmme/pdf/riotinto/IIAudiencia/audiencia-5.pdf
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/rio-tinto-una-cuestion-de—numeros-y-no-de-ideologias-410674.html
http://www.ssme.gov.py/vmme/pdf/riotinto/ministroperezbordon.pdf
http://www.ultimahora.com/notas/540775-Proyecto-de-Rio-Tinto-cobra-nuevo-impulso-con-el-Gobierno-de-Franco
http://www.lanacion.com.py/articulo/78252-se-descarta-subsidio-a-favor-de-rio-tinto.html
Rio Tinto bien oscuro
Por José Antonio Vera, especial para Nova
La transnacional minera Rio Tinto Alcan, estaría desmontando su principal fundición de aluminio en Inglaterra y ha elegido a nuestro país para montar la mayor fábrica mundial de ese metal, atraída por las ventajas que ofrecen las abundantes fuentes energéticas nacionales, las innúmeras complicidades legislativas y la ausencia de control del Estado Paraguayo a las inversiones extranjeras en la explotación de los recursos naturales.
La gigante empresa ha escogido para instalarse a la privilegiada zona itapuense, en un sitio equidistante de las represas binacionales Itaipú y Yaciretá, a los efectos de tener a su alcance y al menor costo de traslado, todo el aprovisionamiento de electricidad y agua, en cantidades inmensas, que reclamará la planta industrial, algo así como el 60 por ciento del total que consume el país actualmente.
Interrogantes
El proyecto abre varias interrogantes. Una, cómo debemos entender la defensa que las autoridades hacen de las riquezas del subsuelo nacional y el ambiente, dos, cuestiona la política del Estado respecto a las inversiones de capitales extranjeros en la explotación de nuestra generosa naturaleza, y tres, qué beneficio recibe el pueblo paraguayo con este tipo de emprendimientos.
Sería absurdo oponerse a empresarios y capitales extranjeros que deseen operar en nuestro país, pero ello sólo debe ser aceptable si queda condicionado a servir, antes que nada, al interés nacional, para lo cual es indispensable ejercer un prolijo control sobre sus actividades, estableciendo cláusulas claras en los acuerdos y permisos de prospección y explotación, a los efectos que el Estado tenga preeminencia.
La realidad muestra a cada minuto que las transnacionales que operan en el territorio patrio desde hace muchos años, nada aportan al desarrollo nacional, explotando las mejores tierras y cursos de agua, con escaso personal, y sin cotizar al Fisco ni invertir parte de sus fabulosas ganancias que derivan a los paraísos fiscales, cunas del lavado de dinero, como también puede calificarse la evasión fiscal que practican.
Por el momento, el Viceministerio de Minas y Energía, a cargo de Mercedes Canese, está dando una respuesta inédita a este nuevo intento de acaparar una parte tan importante de los bienes naturales y, en una actitud digna y patriótica en defensa de la soberanía nacional, exige el doble del precio que quiere pagar Río Tinto por el MWh, 34 dólares contra 60, que fijó el equipo energético de la Presidencia de la República.
La cuestión, sin embargo, merita que toda la ciudadanía se comprometa en debatir el tema porque representa uno de los más importantes capítulos de la protección y tratamiento de nuestras riquezas naturales, vilipendiadas durante más de un siglo por la corrupta administración del Estado, como testimonian los tratados de las dos binacionales.
Conociendo algo del posible socio
Río Tinto habla por ahora sólo de aluminio, pero resulta que también se dedica en todos los continentes, donde se presenta como líder mundial de la explotación de minerales, al carbón, primera potencia del orbe en su extracción, y al cobre, diamantes, boro, dióxido y sal de titanio, hierro y otros productos que acapara en sus usinas metalúrgicas.
Su origen se remonta a 1873 en Huelva, en la Andalucía Española, donde durante más de siglo y medio explotó minas de cobre, plata, oro, manganeso, sulfuros y piritas, bajo el régimen de esclavitud, con fuerte represión a los trabajadores.
El 31 de enero de 1888, dejó 200 muertos en lo que se conoce como la primera manifestación ecologista del mundo, una protesta de 12 mil personas contra la contaminación de la población y los campos por efecto de la calcinación al aire libre del mineral pobre del cobre.
La transnacional ha cambiado de nombre varias veces. Desde Río Tinto Company hasta el actual Río Tinto Alcan, pasando por Río Tinto Group, asociada con capitales australianos, y Río Tinto PLC, con sedes permanentes en Londres, Nueva York y Sídney.
Un tribunal federal estadounidense retomó días atrás una causa contra el gigante minero, acusado de crímenes de guerra en Papúa Nueva Guinea, donde explotó una de las minas de cobre y oro más grandes del mundo, sometiendo a los nativos en situación de esclavos, y diezmando la vida de la isla, según reza la denuncia.
Su trayectoria de trapisondas y arreglos con el poder, le ha permitido, a su vez, que la Cámara Baja de Estados Unidos aprobara recientemente a su favor el intercambio de 5.900 hectáreas forestadas fiscales, “medioambientalmente sensibles”, dándole vía libre para convertirse en la más grande empresa de cobre del país, de alta calidad y por miles de millones de dólares de beneficio, sin pagar regalía alguna, en virtud de normativas vigentes de estímulo a los grandes capitales.
La riqueza nacional requiere control público
Frente al persistente interés de la transnacional minera, corresponde que los tres poderes del Estado adopten la firme decisión de condicionar su inversión en resguardo del interés y la soberanía nacional, estipulando que lo primero es el desarrollo integral del país, en el que el capital extranjero puede tener cabida si respeta esos principios, lo cual no está ocurriendo con varios emprendimientos en marcha.
El mayor yacimiento mundial de titanio estaría en las tierras rojas paraguayas, en formaciones que tendrían 20 a 30 millones de años, anunció meses atrás en Hong Kong, no en Asunción, como debió ser por elemental respeto, el geólogo estadounidense David Lowell, famoso por descubrir y explotar a su guisa riquezas de varias naciones.
“Vine a buscar bauxita, pero encontré cantidades inmensas de minerales y, tras cavar 8 a 10 metros, dimos con el codiciado metal blanco plateado” que se emplea en infinidad de aleaciones livianas y resistentes en una vasta gama de la industria moderna de altísima tecnología.
El oro es otra tentación y otra riqueza del país que se dilapida en manos privadas sin ninguna intervención de los poderes públicos, motivando un saqueo y un daño ambiental indiscriminado en Paso Yobai, cuya población está a merced de aventureros y empresarios irresponsables y oportunistas, entre ellos autoridades municipales y la empresa Nex Express y otras clandestinas.
La Latin American Minerals Paraguay (LAMPA), ya recibió de Gran Bretaña un lote de equipos, con molino, paneles de control, motores y tolvas, entre otras piezas, y se dispone a procesar 100 a 120 toneladas de materia prima por día, a cielo abierto, sin respetar ninguna regla de protección ambiental y de la población vecina.
