Vecinos de la zona que advierten por las explosiones, pobladores de Punta del Diablo que discrepan con el mineroducto y hasta organizaciones de Fray Bentos, que relatan la experiencia vivida con “UPM”, se suman a la lucha contra la instalación de la minera. Este viernes unas 1.000 personas marcharon por Montevideo en contra del proyecto minero de la empresa Aratirí en Trenta y Tres.

Fuente: Espectador.com

14/05/2011. Desde que el emprendimiento empezó a tomar cuerpo, algunas voces se fueron transformando en movimientos que hoy se organizan a lo largo y ancho del Uruguay dispuestos a impedir que Aratirí se instale en Treinta y Tres, con extensiones en cinco departamentos más.

Federico Cantera es vecino de la zona de Valentines, en Treinta y Tres, tiene 30 años y nació allí.

Confiesa que hace dos empezó a escuchar que la inversión llegaría y buscó información.

Recuerda que nunca pensó que el emprendimiento tuviera el tamaño que se anuncia que tendrá.

Afirmó que la empresa, el Gobierno y hasta las autoridades locales lo “ningunearon” y se “burlaron” de él y de un grupo de vecinos que mostraron preocupación.

Asegura que la información fue escasa desde el principio pero sus sospechas se confirmaron cuando la propia firma presentó hace dos meses el informe de impacto ambiental.

“Se van a utilizar 43.000 toneladas de explosivos por año. Cada dos días serán 243 toneladas con explosiones de hasta tres veces al día.”

Agrega además que el “informe dice que el impacto en suelo y aire es grave, al punto de que será irrecuperable”.

Asimismo, alerta sobre la instalación de una mina de 600 hectáreas, cuando se les había dicho que serían 200 y con 400 metros de profundidad.

“Se burlaron de nosotros desde el primer momento. Se desviarán arroyos y rutas como la 6 y la 7; habrá cierre de caminos rurales y todo esto causará un gran impacto para los que vivimos en la zona”.

Denunció que la empresa sigue adelante con el emprendimiento y ya anunció que empezará en noviembre con explosiones cuando hay campos, donde va instalado el proyecto, que no se compraron todavía.

“Hay gente que no quiere vender sus tierras, y fue incluso amenazada para hacerlo diciendo que sería desalojada”, confesó.

Cantera se organizó con un grupo de vecinos y fueron contactados por otros movimientos sociales que hoy los acompañan y respaldan, como es el caso de MOVITDES (Movimiento por la Vida, el Trabajo y el Desarrollo Sustentable) que encabeza Delia Villalba.

Villalba fue edila por el Frente Amplio y excandidata por Asamblea Popular a la vicepresidencia en las pasadas elecciones.

“Como ambientalistas ayudamos, difundimos y tratamos de que la gente del Uruguay entienda que esto va a ser nefasto. Si Aratirí se instala habrá un costo negativo y social. Los productores, además de afectados, se sienten invadidos”, explicó a El Espectador.

Villalba asegura que si la fábrica se instala, la “tierra quedará estéril” y no dudó en calificar la inversión como “catastrófica” para el país.

La activista comenzó a movilizarse sola en primera instancia, como hizo en el caso Botnia, y luego contactó a vecinos de Valentines y Cerro Chato, a los que se fueron sumando otros grupos.

Reconoce que Uruguay necesita inversiones pero “no todo tipo de inversiones es buena; esta es mala, inconveniente e inaceptable”, aseveró.

También agregó que este no es el camino que les prometieron ni que soñaron, mucho menos el que les conviene, y aplaude las voces en contra que tímidamente se empezaron a escuchar sobre el tema.

“Este Gobierno se ha comportado como cómplice y co-gestor de emprendimientos de las multinacionales” concluyó.

Pero también comenzó el descontento en Fray Bentos con la fábrica de UPM, ex Botnia, que también puede llegar a influir en el movimiento contra Aratirí.

Idilia Rodríguez es licenciada en ciencias de la comunicación e hija del exintendente colorado de Río Negro Rúben Rodríguez, primer suplente de Pedro Bordaberry en el Senado pero con quien mantiene diferencias. Ella se crió y vivió gran parte de su vida en Fray Bentos.

Se sumó a esta causa porque trabaja en un centro de educación alternativa desde donde surgen preguntas sobre lo que será este emprendimiento.

Está recolectando firmas junto a los vecinos de Valentines y Cerro Chato, para presentar ante el Poder Judicial y solicitar que actúe de oficio y frente al emprendimiento.

En caso contrario, las firmas se presentarán en el Poder Legislativo con el objetivo de llegar al porcentaje necesario para convocar a una consulta popular.

Asegura que hasta ahora “hubo un silencio cómplice mediático, responsable de que la gente se entere tan tarde”.

Explicó a El Espectador que en Fray Bentos pueden dar fe de lo que deja un emprendimiento de este tipo.

“El descontento de la población de Fray Bentos hoy en día, luego de que el conflicto binacional se apagara, es importante”, aseguró Rodríguez.

“Tuvimos la ilusión y hoy tenemos el departamento con mayor índice de desocupación, un tránsito interno difícil porque la empresa destruyó caminos, no se hace cargo, ni ella, ni el Gobierno local, ni el nacional”.

No llegan a 50 personas los fraybentinos que trabajan en Botnia, nos dejaron un barrio privado precioso pero cerrado”, aseguró.

Lamenta que hoy Aratirí esgrima los mismos argumentos que Botnia, cosa que ellos, como Fraybentinos, ya no creen.

También comparte que la minera se irá en 20 años y dejará seis departamentos devastados y acciones irreversibles en cuanto al uso del suelo.

“El impacto de una megaminera es 100 veces mayor que el de una papelera”, sostuvo, y concluyó que son un grupo de pobladores de Fray Bentos dispuestos a decirle a todos los uruguayos que están para informarles de primera mano lo que ocurre con un emprendimiento de esa envergadura.

Si bien el proyecto estará emplazado en la localidad de Valentines en Treinta y Tres, hay construcciones subterráneas que llevarán el material hasta la zona costera de Rocha, lo que genera inquietud de los vecinos.

Los mineroductos que utilizaría Aratirí para llevar a puerto son de 212 kilómetros, bordearían la laguna Negra y saldrían a la costa uruguaya entre los balnearios de La Esmeralda y Punta del Diablo, en una terminal portuaria.

Alertados por estos peligros, vecinos de la zona formaron una organización que está dispuesta a sumarse a otros movimientos para hacerse oír.

Gustavo de León es integrante de dicho organización, llamada “vecinos y amigos de Punta del Diablo”.

De León dijo a El Espectador que “aquí hay un choque ideológico, filosófico y moral acerca de qué es lo que consideramos como progreso”.

“Estamos viendo que el turismo ha dejado más de 1.000 millones de dólares en 2010 y son cifras muchísimo mas importantes de lo que promete Aratirí”, manifestó.

Este viernes estos grupos y otros llegaron en una marcha hasta el Palacio Legislativo para interiorizar a todo el país sobre los perjuicios que, entienden, este emprendimiento tendrá.

Unas 1.000 personas, algunas a caballo, marcharon el viernes por Montevideo en contra del proyecto minero Aratirí.

También reclamaron tierras para cañeros de Artigas.

La manifestación culminó en el Palacio Legislativo, donde leyeron una proclama.

La consigna principal de la manifestación fue “defensa de la tierra y los recursos naturales”.

La proclama culminó con más frases de Artigas y el acto se cerró con la canción A Don José.