Aratirí y la australiana Gladiator no confirman aún sus inversiones en minería, pese a que el gobierno define como de “relevancia” ambos proyectos. La burocracia y un cambio en las reglas de juego las llevan a “hacer los números” nuevamente.
Fuente: El País digital
El pasado 6 de febrero, cuando comenzó en el Parlamento la discusión del proyecto de ley que establece un nuevo marco jurídico y tributario para la Minería de Gran Porte, el Poder Ejecutivo presentó a los legisladores un documento en el que identificó como “Emprendimientos metálicos de relevancia” a los proyectos de Aratirí y Gladiator Resourses Ltda. El primero prevé una inversión de US$ 3.000 millones para extraer concentrado de hierro, mientras que el segundo, de origen australiano, apunta a la producción de arrabio con una inversión de US$ 360 millones.
Sin embargo, pese a la importancia que les asigna el Poder Ejecutivo, ambos proyectos están en suspenso y sus responsables “hacen números” para definir si permanecen en el país, al tiempo que sostienen que hoy existe “inseguridad jurídica” y un cambio en las reglas de juego que les impide garantizar la inversión.
El pasado miércoles, la Cámara de Industrias Mineras compareció ante la comisión especial que analiza el proyecto de ley de minería y criticó duramente el articulado redactado por el Poder Ejecutivo, cuyo contenido fue fruto de un acuerdo interpartidario.
El presidente de la cámara, Ignacio Salazar, dijo que el sector sufrió un “retroceso” en los últimos meses como consecuencia del debate sobre el nuevo marco jurídico para la minería y puso como ejemplo a Aratirí y Gladiator que “han venido anunciando una reducción significativa de su desarrollo”. “El marco regulatorio no solo afecta a la rentabilidad en el sentido de qué impuesto se aplica o no, sino también a las decisiones de los inversores y a la capacidad de financiamiento. No solamente se trata de repartir la renta entre el Estado y la empresa, sino de asegurarse que en un momento dado exista un proyecto sobre el que se pueda gravar una renta. Y en la medida en que hay incertidumbre, reglas que no son claras, los inversores ven que se aplica el concepto de una minería de gran porte donde no existe, lógicamente se crea un mayor riesgo ante la inversión”, sostuvo Salazar.
Agregó que el proyecto de ley “está enmarcado en una tendencia en la que se está perdiendo la competitividad del país con respecto a otros, porque la incertidumbre es general y los proyectos se vienen enlenteciendo”.
El gerente general de Aratirí, Fernando Puntigliano, dijo a los parlamentarios que “hay algunas incertidumbres. Naturalmente, la ley es una de ellas. Según como se apruebe la tendremos que analizar y deberemos hacer los números otra vez para ver en qué marco se desarrolla el proyecto”.
La extracción de hierro en la zona de Valentines, por la que Aratirí prevé exportar unas 18.000 toneladas anuales del mineral y le generaría al Estado entre 500 y 1.000 millones de ingresos anuales, fue considerada el miércoles como “prioritaria” por el presidente José Mujica en el Consejo de Ministros.
Puntigliano explicó en la comisión legislativa que “otro motivo muy importante del atraso es la relocalización portuaria. Como comunicáramos al Poder Ejecutivo, en un estudio muy minucioso que le entregamos, la relocalización desde el lugar que estaba definido por el Estado al otro lugar, genera un atraso de dos años porque requiere hacer muchos estudios de batimetría, de geotecnia, de fauna y flora, etcétera”.
En una situación similar se encuentra Gladiator Resourses (Ferrominas), cuyo proyecto prevé el proceso de arrabio en altos hornos, lo cual es bien visto en el gobierno porque prevé un paso más en la cadena de producción del mineral hierro. La empresa comenzó las perforaciones en agosto de 2010, ya terminó el estudio de prefactibilidad y esperaba, a esta altura del proyecto, estar en una fase más avanzada.
Fuentes de la empresa consultadas por El País admitieron que hubo una “replanificación” mientras se esperan directivas desde Australia para definir acciones para 2013 dado que en 2012 “prácticamente todo el proyecto quedó en suspenso” ante la incertidumbre que genera el nuevo marco regulatorio. La empresa redujo al mínimo su estructura y hoy cuenta con un solo funcionario en Minas de Corrales y cuatro administrativos en Montevideo. El proyecto preveía emplear a más de 300 trabajadores cuando se iniciara la explotación. La firma ya ha invertido más de 5 millones de dólares en sus estudios geológicos.
“Hay países que son mucho más amigables para la minería que Uruguay que hoy no está siendo atractivo para el sector. Los inversionistas buscan lugares donde sean bienvenidos y si las definiciones sobre sus inversiones demoran se terminan frustrando. Eso es lo que está ocurriendo, hace un año que el avance es mínimo. El que invierte en minería sabe que el negocio es riesgoso y a largo plazo, pero tampoco esperarán toda la vida”, dijeron fuentes de la firma.
La situación ha sido transmitida al Poder Ejecutivo que si bien ha manifestado que apoya el emprendimiento no ha dado soluciones de fondo.
Salazar, como presidente de la cámara minera, dijo que “hay una mezcla de razones por las cuales estos proyectos no están avanzando. No es sólo por un clima de incertidumbre sino también por la sorpresa que genera en los inversores que se dé una discusión de esta naturaleza en el país. Ellos ven que se está debatiendo algo que no consideran minería de gran porte o con muchas otras dificultades.
Lógicamente, y en eso Gladiator puede ser un ejemplo claro, el aumento que hubo de los costos y de la inflación y las condiciones que hay en el país de falta de ingenieros de minas, de personal especializado y de infraestructura, tampoco ayudan. El hecho de que todo el énfasis del debate se ponga en establecer un tope o en llamar pequeña o gran minería a algo pequeño para evitar que crezca, tiene una reacción por parte de los inversores”, indicó.
La Cámara de Industrias Minera cuestiona que la definición de Gran Porte que establece el Ejecutivo se corresponde con “minería junior” según los estándares de otros países. También critica el esquema tributario diseñado y la falta de seguridad jurídica para quienes realizan la prospección. También lamentaron el no haber sido consultados.
Geólogos: “Se retirarán del país”
La geóloga Isabel Medina, en representación de la Asociación de Licenciados en Geología del Uruguay, dijo ante el Parlamento que hay un retroceso del sector minero. “El 2011 fue récord de inversiones en exploraciones mineras en todo el mundo. Latinoamérica fue la principal receptora, pero Uruguay estuvo marginado de este flujo inversor. Esto se ha visto reflejado en la dificultad de los procesos burocráticos, tanto para el Estado como para las empresas; ambos han tenido problemas en adaptarse a los cambios de la ley. Un ejemplo de ello es que en 2011 se otorgaron 140 títulos mineros y en 2012 sólo 23. Esto ha hecho que muchos proyectos no se hayan concretado con la rapidez debida, con lo cual se ha perdido la oportunidad de inversión y de generación de empleo. Algunas empresas en corto plazo se retirarán del país”.
