Con los votos de la bancada frenteamplista, la Cámara de Diputados se encamina a derogar los decretos de la Junta Departamental de Tacuarembó que prohibieron la explotación minera metalífera de gran porte en su territorio y declararon reserva ambiental a toda la zona rural del departamento.
Fuente: La República
Los especialistas en Derecho José Korzeniak, Ruben Correa Freitas y Juan Pablo Cajarville presentaron sendos informes al Parlamento, coincidiendo en considerar inconstitucionales los decretos 20 y 21 de la Junta Departamental de Tacuarembó, señaló a LA REPÚBLICA el diputado de Asamblea Uruguay (AU), Jorge Orrico, quien será el miembro informante por la mayoría cuando el tema sea tratado en el plenario de la cámara baja.
El tema viene siendo analizado por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados. Está previsto que sea analizado por el plenario en las primeras sesiones del mes de julio.
“El informe que vamos a presentar es a favor de los recurrentes, que piden la nulidad de esos decretos, en la medida que una junta departamental o un gobierno departamental no tienen competencia alguna en la materia en la que se han pronunciado”, sostuvo el legislador.
“El tema es que los gobiernos departamentales tienen exclusivamente potestades que la ley y la Constitución les asignan. En relación a la minería, el subsuelo y demás, todo eso está a cargo del Estado, como persona jurídica mayor, por lo tanto, queda fuera del ámbito de competencia de cualquier junta departamental”, explicó.
“Esto está avalado por los tres informes jurídicos que llegaron a la Comisión. Uno del doctor José Korzeniak, que es un notorio frenteamplista; otro del doctor Ruben Correa Freitas, grado 5 de Derecho Constitucional, que es un notorio colorado; y el doctor Juan Pablo Cajarville, grado 5 de Derecho Administrativo, de quien no conozco su filiación política”, explicó Orrico.
“Los tres señalaron enfáticamente que de ninguna manera una junta departamental puede tomarse la atribución de legislar sobre cómo se va a utilizar el subsuelo de determinado territorio”, afirmó el parlamentario frenteamplista. “De manera que nosotros vamos a recoger favorablemente el recurso presentado con la firma de más de mil ciudadanos de Tacuarembó”, añadió.
Orrico dijo que este pronunciamiento abarca no solo lo relativo a la minería, sino también a los hidrocarburos. “Un decreto de una junta departamental que pretendiera determinar que en un territorio no se puede buscar petróleo también es inconstitucional desde que empieza hasta que termina”, afirmó. De todos modos, el parlamentario consideró que desde el punto de vista político e institucional es “muy importante” que la Cámara de Diputados se expida sobre este asunto.
Competencia concurrente
Cersósimo: “Decretos bien fundamentados”
El diputado de Vamos Uruguay (VU), Gustavo Cersósimo, designado por la Comisión como miembro informante por la minoría, dijo a LA REPÚBLICA: “Nosotros entendemos que los decretos están bien fundamentados, porque hay competencia concurrente o mixta en materia departamental, legalmente prevista por la Constitución, para poder establecer directrices de ordenamiento territorial, categorización y utilización del suelo a nivel departamental”.
“A su vez, el tema medioambiental quedó incorporado en el artículo 47 de la Constitución, con la reforma de 1996”, precisó. “Estamos plenamente convencidos que estos decretos no violan ninguna norma constitucional y, además, tienen competencia por las propias normas legales de ordenamiento territorial y medio ambiente, y aún por la propia norma de minería, que son leyes que se han dictado últimamente”, sostuvo.
Paralelamente, el legislador citó directrices de ordenamiento territorial que se han elaborado conjuntamente con autoridades nacionales y departamentales en Tacuarembó, que justamente prevén este tipo de resoluciones. “La Junta Departamental de Tacuarembó actuó en función de un reclamo de 13 mil ciudadanos que solicitaron ese tipo de medidas, encabezados por la Comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua”.
“En el tema medio ambiente, ordenamiento territorial y sobre todo en minería, hay una competencia concurrente, porque existe competencia del gobierno nacional y también de los departamentos. Esto está incluido dentro de las posibilidades que tiene la estructura normativa que regula estas áreas”, señaló Cersósimo.
