El gobierno de Lacalle Pou, antes de irse, firmó el contrato para llevar a cabo el Proyecto Neptuno de provisión de agua de Uruguay con el supuesto objetivo de evitar una nueva crisis hídrica. Se trata de la construcción de una planta potabilizadora de agua tomada del Río de la Plata, ubicada en el sur del país. El proyecto fue finalmente licitado al consorcio denominado “Aguas de Montevideo”, compuesto por las empresas Berkes, SACEEM, CIEMSA y FAST. Neptuno convencía al Gobierno, pero no a la oposición ni a parte de la sociedad, que ven en esta iniciativa una privatización parcial de la gestión del agua. Además, un grupo de científicos asegura que el proyecto “presenta una serie de problemas ambientales” y que la salinidad del agua del Río de la Plata “supera ampliamente los valores aceptables para ser potabilizados”. El presidente electo Yamandú Orsi criticó la decisión del gobierno actual y el sindicato de OSE la calificó de “imprudente”.
Por: noalamina.org
La crisis hídrica en Uruguay
Desde abril a agosto del año 2023, se vivieron meses críticos en el sur de Uruguay mientras atravesaba la peor sequía en 70 años, conduciendo a una emergencia hídrica. El embalse Paso Severino, principal fuente de abastecimiento de Montevideo, registraba mínimos históricos –almacenaba 1,1 de los 67 millones de metros cúbicos habituales– y el suministro parecía tener los días contados. No se interrumpió, pero fue a costa de la calidad del agua, que para “estirar” las reservas de Paso Severino, sus aguas dulces se mezclaron con otras provenientes del Río de la Plata, que por influencia oceánica son notoriamente salobres. Si bien garantizaban que era apta para el consumo, no lo era para todos. El Ministerio de Salud permitió, por un lado, duplicar excepcionalmente los niveles de sodio por litro de agua y pidió, por otro, que se abstuvieran de consumirla los hipertensos y las embarazadas, entre otros grupos vulnerables. A ellos les recomendó tomar agua embotellada.
Antes de la crisis, los expertos habían alertado de esa posibilidad remitiéndose a la “regla de oro” del abastecimiento que Uruguay no cumple: disponer de (por lo menos) dos fuentes de agua potable, sobre todo en poblaciones como las de Montevideo y el área metropolitana, con 1,7 millones de habitantes que consumen aproximadamente 500.000 metros cúbicos de agua por día.
A mediados de julio de 2023, frente a la Casa de Gobierno, exclamaban “¡No es sequía, es saqueo!”, los manifestantes que protestaban contra lo que consideraban “extractivismo de los recursos hídricos” practicado por las empresas multinacionales, en medio de una extrema sequía.
Falta de previsión
Aquella inusitada crisis de agua potable dejó en un lugar incómodo a los políticos uruguayos, que eludieron responsabilidades ante la falta de previsión, enzarzados en criticar al adversario. Por un lado, la coalición de centroderecha que gobernaba le reprochó al Frente Amplio (FA-centroizquierda) no haber concretado una obra alternativa a Paso Severino mientras gobernó entre 2005 y 2020. Por otro, los frenteamplistas responden que en ese periodo la inversión en agua y saneamiento llegó a los 1.300 millones de dólares.
Además, el FA recordó que el expresidente Tabaré Vázquez (2015-2020) entregó a su sucesor, Lacalle Pou, el proyecto Casupá, para construir otra represa en el río Santa Lucía y aumentar la reserva de agua dulce. Según el FA, los estudios sobre la viabilidad de esta opción se iniciaron en 2013 y el proceso preparatorio finalizó en 2019 con el préstamo otorgado por CAF- Banco de Desarrollo de América Latina por un monto de 80 millones de dólares. Sin embargo, la represa Casupá nunca se construyó porque la administración de Lacalle Pou desestimó ese proyecto y priorizó otro que implicará la construcción de la planta potabilizadora Neptuno, en el sur del país.
Proyecto Neptuno
El Proyecto Neptuno, también conocido como Proyecto Arazatí, fue presentado en 2020 por un consorcio de empresas denominado “Aguas de Montevideo” y consistía en la realización de una planta potabilizadora de agua tomada del Río de la Plata en la zona de Arazatí, para abastecer la demanda de agua potable de Montevideo y su área metropolitana.
El gobierno y la empresa de agua estatal OSE (Obras Sanitarias del Estado) aceptaron la propuesta. En noviembre de 2022, OSE llamó a una licitación para la construcción de la planta potabilizadora, ya que el proyecto supondría una inversión superior a 200 millones de dólares. El 15 de noviembre de 2022 el presidente Luis Lacalle Pou anunció en conferencia de prensa la aprobación del proyecto Neptuno. El proyecto fue finalmente licitado al consorcio denominado “Aguas de Montevideo”, compuesto por las empresas Berkes, SACEEM, CIEMSA y FAST.
Neptuno convencía al Gobierno, pero no a la oposición ni a parte de la sociedad, que ven en esta iniciativa una privatización parcial de la gestión del agua, contraviniendo lo establecido en la Constitución. Además, un grupo de científicos de la Universidad de la República asegura que el proyecto “presenta una serie de problemas ambientales” y que la salinidad del agua del Río de la Plata “supera ampliamente los valores aceptables para ser potabilizados”.
¿Qué dicen los investigadores?
Los integrantes del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Centro Universitario Regional del Este, Universidad de la República (CURE-Udelar) difunden un documento con reflexiones y consideraciones respecto al proyecto Neptuno.
El documento fue producido por los profesores Guillermo Goyenola, Mariana Meerhoff y Franco Teixeira de Mello, con el título «Reflexiones y consideraciones respecto al Proyecto Neptuno desde una perspectiva científica con foco en el análisis de ecosistemas acuáticos y la sustentabilidad ambiental».
Allí los investigadores explican que se estudia «la construcción de una nueva planta de potabilización y toma de agua en el Río de la Plata, posiblemente en la localidad de Arazatí, San José. Este proyecto denominado Neptuno, podría aportar un equivalente al 30% del volumen de abastecimiento de agua potable en el área metropolitana».
«El objetivo de este documento es hacer llegar a la comunidad el resultado de una reflexión profunda y general basada en el conocimiento científico sobre el estado de nuestros ecosistemas acuáticos y su uso como fuentes de agua potable. El análisis se construye sobre el entendido de que la situación global de las aguas en Uruguay tiene una relevancia estratégica para el Estado. Cabe consignar que desde nuestro rol como científicos dedicados al análisis de los ecosistemas acuáticos no nos corresponde analizar aspectos políticos vinculados a la temática», señalan.
Entre otras observaciones, plantean que «tener fuentes redundantes de agua potable es de la mayor relevancia estratégica y un factor relevante de seguridad pública», y a la vez, «las fuentes alternativas de agua para potabilizar deben ser seriamente consideradas, y elegidas de forma de disminuir la elevadísima presión e impacto ambiental ya existente sobre los ecosistemas acuáticos continentales, a la vez que evitar generar nuevos problemas ambientales y/o riesgos sanitarios».
Los expertos entienden que «el Río de la Plata y el Océano Atlántico deberían ser considerados únicamente como fuentes complementarias de agua, y no como sustitutivas.”
El gobierno saliente firma contrato molestando al presidente electo y sindicato
El gobierno saliente firmó el contrato para la construcción y mantenimiento de la nueva planta potabilizadora del Proyecto Neptuno. El contrato se formalizó el jueves 19 de enero de 2025 entre representantes del Poder Ejecutivo y OSE, encabezados por el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el Consorcio Aguas de Montevideo, que estará a cargo de la obra.
La decisión molestó al equipo del presidente electo, Yamandú Orsi, pese a que el documento incluye un memorándum que habilita las “eventuales modificaciones que en un futuro se quieran realizar”. El mismo jueves, Yamandú Orsi, le envió una carta al actual mandatario, Luis Lacalle Pou, y además se comunicó telefónicamente con él para manifestarle su discrepancia sobre la “oportunidad” de firmar ese contrato.
Además, Orsi habló con la prensa sobre este tema avanzada la tarde, cuando reveló sus contactos con el presidente. Admitió que “no puede decir” que Lacalle Pou no le “hubiese avisado” que el acuerdo se firmaría, pero marcó su crítica al accionar del actual gobierno.
“Hay un tema de contenido que ahí nosotros hemos planteado: cuáles son nuestras visiones. Es cierto que lo que se firma deja previsto un espacio para modificar algo, pero mi visión contraria tiene que ver con la oportunidad, faltando tan poco para un cambio de gobierno que se firme”, expresó el mandatario electo.
El gobierno electo analizará ahora los posibles cambios del proyecto original que el consorcio propuso como alternativas. Al respecto, Orsi dijo que se analizará “cuánto espacio deja” al futuro gobierno el memorandum anexo al contrato aunque, agregó, a primera vista “no es mucho lo que se modifica”.
A través de sus redes sociales el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aseguró que la firma del contrato representa “un importante error que desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales”.
Ortuño aseguró que el proyecto “deja a OSE en situación financiera crítica que afecta su capacidad para prestar los servicios de agua y de saneamiento en todo el país y de realizar obras estratégicas como Casupá”.
Por otro lado, el sindicato de OSE calificó de “imprudente” la decisión de Luis Lacalle Pou de firmar el contrato. La Federación de Funcionarios de OSE consideran que el proyecto es un “mal negocio” que busca complacer las grandes constructoras del país.
Fuentes:
https://elpais.com/internacional/2023-07-09/montevideo-muere-de-sed.html
