La decisión de realizar el 2 de agosto la audiencia pública del proyecto minero San Jorge en medio de la montaña, que reduce la accesibilidad del pueblo interesado en participar, tuvo como consecuencia la inmediata presentación de recursos de amparo para solicitar la suspensión y el pedido de realización en la villa cabecera de Uspallata. Actualmente, se sumaron al pedido organizaciones de Derechos Humanos. Estas organizaciones de derechos humanos acusan al gobierno de Alfredo Cornejo de cercenar el derecho a la participación ciudadana al convocar la audiencia pública en un sitio “incierto, inaccesible y limitado”.
Por: Gabriela Valdés
La estrategia de judicializar la audiencia pública por San Jorge sumó en las últimas horas un nuevo hito: la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Mendoza y la asociación Xumek presentaron un recurso administrativo exigiendo la suspensión de la audiencia pública por San Jorge en el medio de la montaña de Uspallata, convocada para el 2 de agosto. Denuncian que, en estas condiciones, se violan abiertamente los compromisos asumidos bajo el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que obliga a garantizar procesos inclusivos en decisiones ambientales.
“La audiencia debe realizarse en un lugar de acceso libre y seguro, no en zonas alejadas que excluyen a las comunidades afectadas”, señaló la APDH.
Las organizaciones subrayan que el carácter metalífero del emprendimiento, ubicado en una zona de alta sensibilidad ambiental, requiere un debate amplio, con garantías mínimas para los defensores del ambiente. A su vez, denuncian que el gobierno mendocino intenta limitar la participación pública en un proceso que, por ley, debería ser abierto y transparente.
Publicación ElEditor Mendoza – Instagram
Audiencias con prioridad para la empresa
El Proyecto San Jorge ha generado rechazos desde distintos sectores, no sólo por sus implicancias ecológicas, sino también por la presunta falta de consulta efectiva a las comunidades cercanas. La convocatoria a una audiencia en condiciones restrictivas refuerza la percepción de que el Estado provincial prioriza intereses empresariales por sobre derechos constitucionales.
Además de exigir la suspensión de la audiencia, APDH y Xumek piden garantías de seguridad para quienes participan del proceso y el cumplimiento pleno del Acuerdo de Escazú, particularmente en lo referido al acceso a la información y la protección de líderes ambientales.
La Asamblea de Uspallata asegura que Cornejo quiere copar la audiencia
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata calificó la audiencia como un “fraude”, al considerar que el contexto disuade la participación ciudadana espontánea y favorece el traslado de grupos organizados por la empresa o el gobierno en prácticas de clientelismo.
Además, remarcaron que la organización del evento vulnera el Acuerdo de Escazú y el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambos firmados y ratificados por Argentina, y por ende de cumplimiento obligatorio.
Batalla política en la Legislatura
La discusión por el proyecto minero San Jorge en Uspallata protagoniza la escena pública en Mendoza. El recinto legislativo fue muestra de ello la semana pasada, cuando dos diputadas se trenzaron en un debate por la audiencia pública que el Ejecutivo convocó en medio de la montaña, en pleno invierno.
El eje de la discusión fueron los pedidos de informes que presentaron el kirchnerismo y el massismo acerca del lugar elegido para la audiencia pública. El peronismo ratificó su postura prominera. En esa línea impulsaron San Jorge en 2010 cuando gobernaba Celso Jaque -aunque tuvieron que retroceder ante el rechazo masivo al proyecto entre la población de la villa cordillerana- y después acordaron con Rodolfo Suarez el derribo de la 7722 -iniciativa también rechazada en las calles-. En 2010 quien sí estaba en contra de San Jorge era la UCR, que le hizo pagar caro a Francisco Pérez su impulso al proyecto.
Publicación original: eleditormendoza.com.ar
