La mañana del 14 de junio de 2014, la plaza de Cotacachi fue el punto de reunión de varias decenas de personas que tenían la intención de llegar a Junín, una de las comunidades del territorio conocido como Íntag, epicentro de un grave conflicto socioambiental que sacude a Ecuador.
Fuente: SubVersiones
Desde hace varias semanas –44 días en total– la policía nacional mantiene un fuerte dispositivo en Junín. Es un pueblo de 260 habitantes, a más de cuatro horas en autobús de la ciudad más próxima –Cotacachi u Otavalo, ambos cantones de la provincia de Imbabura, en el norte del país– y rodeado de una naturaleza subtropical, llena de ríos, como todo el valle de Íntag. Es el centro de la disputa porque en su subsuelo hay cobre que es codiciado por varias empresas desde hace veinte años.
El contingente policiaco ingresó a este lugar el 8 de mayo de 2014, con la encomienda de «garantizar la seguridad» de los técnicos de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI, en alianza con CODELCO de Chile), encargados de tomar muestras de agua y suelo. Un mes antes, el 10 de abril, la empresa minera acusó al presidente de la comunidad, Javier Ramírez, de «rebelión, sabotaje y terrorismo». Así, fue detenido de forma irregular y recientemente trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Ibarra, en espera de un juicio en el que podrían dictarle hasta ocho años de prisión. Por las características de su caso y por su firme oposición a la minería, Javier es claramente un preso político del Estado ecuatoriano.
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Ante este panorama, la comunidad de Junín y sus aliados de otros pueblos y ciudades, decidieron realizar una «Caravana pacífica por la vida». El objetivo era solidarizarse con la lucha anti-minera, traspasando pacíficamente el cerco policiaco. Las demandas específicas consistían en la salida de la policía, la liberación del campesino Javier, el cese a la persecución de Víctor Hugo Ramírez (campesino y luchador social, hermano de Javier), y la adecuada socialización del proyecto minero. Pero, con un pretexto y otro cordón policiaco, el convoy fue detenido a las afueras de Cotacachi, antes de llegar a Cuicocha.
La policía alegó que los autobuses no estaban autorizados para circular por ahí y exigió un salvoconducto que los caravaneros no tenían, a pesar de que estaban en pleno ejercicio de sus derechos y de que, en todo caso, contaban con la aprobación –a regañadientes– del gobernador de Imbabura, Roberto Taboada. En la caravana, además, participaba Jomar Cevallos, alcalde de Cotacachi y Pablo Jurado, prefecto de la provincia, dos de los funcionarios públicos que han mostrado su desacuerdo con el proyecto minero.
Al final de cuentas, la caravana no pasó, y el pueblo de Junín se quedó esperando a sus invitados, que eran aproximadamente 150 personas repartidas en cuatro autobuses y varios vehículos particulares. De acuerdo con Marco Yepez, concejal de Cotacachi y participante de la caravana: «íbamos con una marcha de fiesta, de música, de baile, pero el gobierno nos ha impedido transitar libremente por nuestro territorio, que es nuestra casa. Está vulnerando nuestros derechos».
No sin indignación, pero tampoco sin perder el buen humor, los caravaneros se plantaron por casi una hora en la carretera. Se sentaron, bailaron, gritaron consignas y canciones. Después volvieron a Cotacachi, donde el ánimo les alcanzó para hacer una manifestación por las calles principales.
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¿Qué ha llevado al actual gobierno ecuatoriano a bloquear una manifestación pacífica?, ¿Qué hay detrás de esta reacción autoritaria?
El territorio conocido como Íntag comprende aproximadamente 1680 kilómetros cuadrados, dentro de los cuales se encuentran siete parroquias rurales, a las que corresponden alrededor de 23 comunidades. Una de ellas es Junín, en la parroquia García Moreno.
Íntag está en lo que se conoce como la cordillera del Toisán, que a su vez pertenece a la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, una de las más importantes del Ecuador. El ecosistema es identificado como parte del Chocó y abarca una gran biodiversidad. Es precisamente en los rincones de dicha cordillera donde en 1990, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) constató yacimientos de cobre. En 1993, la minera japonesa Bishi Metals (perteneciente a la empresa Mitsubishi) quiso iniciar la explotación, pero se encontró con una fuerte oposición de los pobladores y tuvo que desistir en 1997. En 2002, el gobierno ecuatoriano otorgó nuevas concesiones a Ascendant Exploration (Ascendant Copper Corporation), empresa minera canadiense que se encontró con el renovado rechazo de los habitantes. Después de un serio conflicto, con paramilitares de por medio y persecución a líderes comunitarios, la empresa se retiró en 2008.
Después del proceso Constituyente de aquel año, se aprobó una amnistía que liberó de todos los cargos judiciales a los luchadores sociales que se habían opuesto a la explotación minera desde que inició el conflicto. No obstante, el gobierno de Alianza País, liderado por Rafael Correa, ha mostrado un creciente interés extractivista, reactivando conflictos y sembrando otros nuevos en distintas regiones del país. En el nuevo contexto, el proyecto que se pretende impulsar en Íntag se llama Llurimagua –como uno de los ríos que atraviesan el valle– y abarcaría un área de 4839 hectáreas, dentro de las cuales está el pueblo de Junín. Oficialmente, el proyecto está en una fase que tiene el objetivo de generar un informe de «pre-factibilidad» para determinar los «recursos y reservas existentes» dentro del área[1].
El caso de Íntag, en esta nueva etapa de su resistencia a la minería a gran escala, está poniendo en evidencia las contradicciones y tensiones sociales que el actual proyecto de nación está provocando en Ecuador. Lo que se alcanza a ver es que, a pesar del marco constitucional que protege los «derechos de la naturaleza», el extractivismo y el modelo desarrollista siguen siendo las líneas a seguir por el Estado, sólo que no para obtener ganancias y bienestar social, o al menos no en primera instancia, porque antes es preciso pagarle a los prestamistas extranjeros que han financiado de manera muy importante el gasto público en los últimos años. La deuda que se tiene particularmente con China, es una de las presiones más fuertes sobre el actual gobierno; la explotación minera es una de sus opciones para salir del paso.
El costo, sin embargo, va más allá del dinero. Los efectos desastrosos de la minería a gran escala son ampliamente conocidos en todo el continente. Para quienes por casi dos décadas se han opuesto al proyecto minero, no hay “progreso” que valga la contaminación de los ríos y bosques de Íntag, ni el desplazamiento de sus habitantes, que siempre se han dedicado al campo y que serían obligados a cambiar completamente su manera de vivir.
Hoy en día, Junín continúa bajo el asedio policial. De acuerdo con mujeres de las bases y filiales de la ECUARUNARI –Confederación Kichwa del Ecuador–, de nacionalidades amazónicas, y de la Articulación Saramanta Warmikuna, que visitaron el pueblo hace pocos días, la situación es crítica. Por el momento, las organizaciones que están asumiendo la defensa, tanto de Javier Ramírez como del territorio de Íntag, llaman a la solidaridad nacional e internacional. La moneda, mientras tanto, sigue en el aire.
[1]Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI-EP) 2012 Proyecto Llurimagua.
